Una oportunidad histórica.

Por: Darío H. Schueri 

El socialismo, cuya imagen de honestidad aún sobresale en las encuestas, tiene la oportunidad histórica de encarar frontal y decididamente el combate contra la droga, involucrando a todos los sectores políticos, institucionales (como el legislativo y sobremanera judicial) y sociales en una guerra que debe darse sin cuartel.

Un ex jefe de la Policía de la Provincia (Hugo Tognoli) prófugo de la justicia e inhallable (hasta el momento de escribir estas líneas) por quienes fueron sus subordinados (¿qué tendrá que arreglar antes de presentarse?) luego de anunciar públicamente su inocencia por la tremenda acusación mediática primero, judicial poco después, de protector de los narcotraficantes que debía combatir. 

Un juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros lo indagará por cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y presunta connivencia con narcotraficantes. 

El escándalo lo desató un periodista (Raúl Kollmann) en un Diario de tirada nacional (Página/12) revelando espectaculares datos (contra Tognoli) de un expediente de la justicia federal bajo estricto secreto de sumario. De la misma manera que los magos no revelan sus trucos, los periodistas no vamos a contar como accedemos a las fuentes. 

El Ministro de Seguridad (Raúl Lamberto) se enteró de la novedad por la visita a su domicilio de la TV Pública a la mañana bien temprano. Lamberto confesó luego no haber tenido ningún tipo de información sobre semejante investigación que se sustanciaba en un Juzgado Federal de Rosario. Lo cual en la práctica no debiera ser novedad que un poder político provincial desconozca una delicada investigación que realiza la justicia federal, si no fuera porque el diputado nacional Marcelo Saín, especialista en seguridad y ex jefe de la policía aeroportuaria, fuerza que investigaba al Jefe de Policía santafesina acusado, hace tiempo había deslizado mensajes intranquilizadores sobre la connivencia de la policía provincial con el manejo y distribución de la droga, que fueron subestimados y hasta descalificados por el oficialismo. 

Al menos hubieran tomado nota aguardando lo que desde la Casa Gris se sospecha: una operación política. 

El Gobernador (Antonio Bonfatti) se enteró del hecho de la misma manera que Lamberto (quizás por el desesperado llamado de algún colaborador cercano) en el Hotel “Tito” de la ciudad norteña de Tostado, adonde había pernoctado luego de haber participado activamente la noche anterior de las Olimpíadas Departamentales Deportivas y Culturales, en cuyo escenario montado en la plaza central de Tostado inclusive tarareó el tema “Punta Cayastá” junto al músico santafesino Orlando Veracruz, y hasta se le animó a un chamamé con una de las integrantes del ballet. Luego, el Gobernador absolutamente distendido y feliz, compartió hasta pasada la medianoche una cena servida en un Club de Tostado, y caminó hacia el Hotel. 

El Ministro de Gobierno (Rubén Galassi) tiene serias sospechas que prefiere no dejar trascender hasta final de la película, sabedor que en el mientras tanto se dirán mil cosas. De movida declaró que le llamaba la atención que la operación fuera difundida en un medio afín: Página/12 y se apresuró a declarar que el gobierno no protege a los corruptos y que seguirá en la lucha – hasta ahora desigual – contra la droga. 

Y de este otro lado del mostrador social una comunidad que asiste, no tan absorta como los funcionarios, a la crónica de una muerte anunciada. Aún en lejanos pueblos de la extensa geografía provincial se habla ya de la presencia de la droga, no sólo en los boliches bailables de localidades vecinas, sino entre el vecindario, casi a la vista – y protección “del comisario”- cuchichean en las tertulias. 

“Si nos tenemos que guiar por los anónimos (que inculpan a policías con el delito del narcotráfico) no tendríamos policía”, se excuso el Ministro de Seguridad Lamberto, dejando entrever que es importante la cantidad de denuncias vecinales (y de la interna policial) que reciben los funcionarios. 

Para la sociedad la policía está desmadrada y desaforada. Según el jefe de los diputados del FPV Darío Mascioli el socialismo se excedió en otorgarle demasiada autonomía a la Fuerza. 

¿Y la justicia?. Mal, gracias. El senador radical por General López Lisandro Enrico sorprendió a todos cuando hace un par de semanas atrás denunció en el recinto con nombre y apellidos a quienes distribuyen droga en distintos pueblos y ciudades de su Departamento. Enrico pidió más celeridad – y efectividad - a la justicia federal que atiende Gral López y el resto del Sur provincial desde Rosario. Lo mismo sucede con los delitos comunes: por iniciativa del propio Enrico la Cámara aprobó una Ley que le otorga mas herramientas a los jueces a la hora de decidir las excarcelaciones de imputados que tienen varia fechorías en las costillas y siguen delinquiendo. 

La fervientemente unánime media sanción aún pasea por Comisiones en Diputados a cinco sesiones de que termine el período Ordinario de Sesiones. Salvo exabruptos oportunistas casi de mal gusto, el arco político opositor actuó con la responsabilidad y seriedad que el delicado caso exige, pidiéndole de inmediato al gobierno que a partir del Caso Tognoli diseñe una estrategia conjunta entre todos los sectores: institucionales, políticos y sociales para el combate del delito generado por el narcotráfico. 

La justicia (a quien nunca le hacen cacerolazos) tampoco puede estar ajena a este desafío. Por lo pronto se anunció desde el Ejecutivo la creación de la Secretaría de Delitos Complejos, que estará a cargo de un funcionario civil que será fusible político, con tres directores "para investigar el narcotráfico, el lavado de dinero y la redes de trata de personas", dijo. 

Leandro Corti, antecesor de Lamberto, en mayo último poco antes de su renuncia, había puesto bajo su mando las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y las direcciones de Drogas Peligrosas y Trata de Personas. Para la gente la ecuación es “complejamente simple”: detener al criminal, juzgarlo lo más rápido posible, condenarlo, y velar para que esa condena se cumpla efectivamente. 

Hay que cambiarle drásticamente el cálculo costo beneficio de los malhechores: que sepan que vender droga o robar no es más negocio que portarse bien. 

Puertas adentro, el gobierno deberá afianzar la extrema vigilancia hacia los poco mas de 18 mil subordinados de la fuerza policial (como viene ocurriendo últimamente con los adicionales policiales y horas extras) castigando con toda la rudeza de los códigos a quienes en lugar de custodiar el cumplimiento de las leyes las infringen. 

La primera premisa de sueldos decentes se está cumpliendo. Quedarían otros baches por suplir, como por ejemplo la logística (movilidad, armas, municiones, chalecos antibalas, comunicaciones) en alejadas comisarías barriales o distantes pueblos. 

El socialismo está ante un gran desafío que le genera una extraordinaria oportunidad: encarar la batalla contra el narcotráfico sin que nadie saque los pies del plato.

Darío H. Schueri – Desde Santa Fe (21/10/12)