Dictadura mediática.

Por Agustín Laje (*)

Tal como anticipé en mi columna de la semana pasada, la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas −derrota en orden a hacer viable una reforma constitucional− no traería aparejada sino una exacerbación del “vamos por todo”, es decir, del proyecto de hegemonización del espacio social.

Y con pocas horas de diferencia, en virtud de que la Corte Suprema de Justicia declarara constitucional la “Ley de Medios”, el kirchnerismo pasó de un revés electoral a una victoria fundamental en lo que hace a la llamada “madre de todas las batallas”: la guerra contra los medios de comunicación no subordinados. Si algo caracteriza al kirchnerismo, en efecto, eso es su excepcional poder de recuperación que en más de una oportunidad ha desconcertado por completo a politólogos y encuestadores de toda laya.

El modelo comunicacional de corte dictatorial que pretende imponer el kirchnerismo no es invento reciente. En rigor, se trata de un esquema puesto en práctica con gran éxito en el sur, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz, sostenido en tres pilares: controlar medios vigentes, destruir voces opositoras e instruir amigos para que compren medios de comunicación. En efecto, debe recordarse que en sus tiempos como gobernador, Kirchner editaba las noticias del principal diario santacruceño, La Opinión Austral, más conocido como “Lupinión” (en referencia a Lupín, el sobrenombre con el que se lo conocía a Néstor); instruía a su chofer Rudy Ulloa Igor para que se hiciera de medios, como El Periódico Austral (al igual que El Argentino, era de distribución gratuita), El Periódico S.A., Cielo Producciones S.A., Sky Productions S.A., FM del Carmen, FM El Calafate, los canales de cable 5, 10 y 2 de Río Gallegos, el 5 de El Calafate y la revista Actitud; y ahogaba financieramente publicaciones críticas, como la revista La Tarde, a la que se le negaba la publicidad oficial y se le boicoteaba la pauta privada. ¿No estamos frente a un mismo esquema dictatorial aplicado a mayor escala?

Dado que la “Ley de Medios” tiene un objetivo político evidente, los análisis meramente jurídicos que pudieran hacerse sobre ella resultarían reduccionistas. La “Ley de Medios” no tiene por objeto “democratizar el espacio comunicacional”; su objetivo fundamental, a todas luces, consiste en el desguace del Grupo Clarín, otrora aliado del gobierno, hoy máximo enemigo, y la consiguiente monopolización estatal de los medios masivos de comunicación. Caso contrario, no podría explicarse por qué este mismo gobierno el 20 de mayo de 2005 le regaló a Clarín el decreto de necesidad y urgencia 527/05, mediante el cual prorrogaron por diez años todas las licencias en materia de servicios de radiodifusión; o por qué casi al mismo tiempo el kirchnerismo hizo reformar en el Congreso el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión que, si bien pocos la tomaban en consideración, prohibía que los diarios brindaran también servicios de televisión y radio; o por qué Néstor Kirchner ordenó a Guillermo Moreno que firmara la resolución 257/07 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, mediante la cual el gobierno autorizaba la adquisición de Cablevisión por parte de Multicanal, la empresa del Grupo Clarín, que le dejaba a éste nada menos que un 49% del mercado de la televisión por cable. Estos y otros sucesos no tienen lugar en el “relato” de la batalla mediática. Tampoco tienen lugar los tiempos en que Clarín era “Klarín”, y sus tapas apoyaban sin reservas ni tapujos al kirchnerismo.

Lo cierto es que “Ley de Medios” es hija de una alianza que se rompió en el año 2008. Y a falta de un poderoso aliado como el Grupo Clarín, el gobierno puso a toda marcha su proyecto mediático-dictatorial, siguiendo los mismos pasos implementados en Santa Cruz durante los `90: control de medios, ahogamiento financiero y compra masiva de mass media a través de amigos del poder.

Los gastos en propaganda oficial (al menos los que se han blanqueado) dan cuenta de lo que venimos afirmando. En 2003 –primer año de gobierno– el kirchnerismo gastó 46 millones de pesos en pauta oficial; en 2004, el guarismo trepó a los 100 millones; en 2005, la cifra fue de 127 millones; en 2006, creció a 210 millones; en 2007, se elevó a 322 millones; y en 2008, el año de la ruptura con Clarín, el gobierno llegó a gastar nada menos que 400 millones de pesos en pauta oficial. Con el inicio de la guerra mediática, los números se dispararon todavía más: en 2009 se gastaron 829 millones de pesos que, si se le suma el gasto de la estatización del fútbol, asciende a 1429 millones de pesos. Estamos hablando de un crecimiento del gasto en propaganda por encima del 3000% respecto del año 2003, cuando el matrimonio presidencial llegó a la Casa Rosada. Los guarismos evidencian que, desde el comienzo, hubo en el kirchnerismo un marcado interés por controlar la comunicación social a través del financiamiento estatal de medios que, al iniciarse la disputa con el Grupo Clarín, se disparó exponencialmente.

El aniquilamiento de Clarín es fundamental para el gobierno por una razón muy simple: hacer uso discrecional del erario público y detentar el monopolio de la emisión monetaria no le ha garantizado al kirchnerismo un buen rendimiento mediático. Tampoco ha dado buenos resultados la adquisición de medios a través de amigos empresarios, como Gerardo Ferreyra o Cristóbal López, cada vez más desacreditados. ¿Por qué? Pues porque la gente no confía en la información que brindan los medios oficialistas y, al contrario, prefiere consumir los productos informativos que ofrece el Grupo Clarín. Comparar el rendimiento en términos de rating de 6 7 8 con Periodismo para Todos, o de Página/12 y Clarín, sería un ejercicio contundente e ineludible para constatar lo antedicho.

En nuestro contexto político y bajo los intentos kirchneristas de llevar adelante una dictadura mediática, la fragmentación de los medios comunicacionales a la que empuja la “Ley de Medios” sólo los hará más dependientes del financiamiento estatal. En efecto, la regla es bastante simple: cuanto más chico es un medio, más depende del poder político. Y téngase en cuenta, por ejemplo, que el 33% de la distribución mediática corresponderá a entidades sin fines de lucro que, en virtud de su naturaleza, serán fácilmente dominables por el uso con criterios políticos de la pauta oficial.

El plan de una dictadura mediática, cuyo desarrollo tantos años llevó, parece estarse concretando en toda su magnitud. En el colmo del autoritarismo, Sabbatella, representando al AFCA, ahora pretende elegir qué medios venderá del Grupo Clarín, cuáles serán las 134 ciudades que dejarán de recibir TV por cable e Internet de Cablevisión/Fibertel, y asegura que el proceso de exterminio de Clarín llevará entre seis y doce meses.

No descartemos que la dictadura mediática que se viene sea el plan maestro del kirchnerismo para eludir los impedimentos formales de perpetuarse en el poder. Restan dos años todavía para el 2015. Es mucho tiempo.

(*) Coautor del libro “Cuando el relato es una FARSA”. @agustinlaje | agustin_laje@hotmail.com

La Prensa Popular | Edición 246 | Viernes 1 de Noviembre de 2013