Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe
A pedido del Arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Monseñor José Marìa Arancedo, una vez finalizado el tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, integrantes de la Mesa del Diálogo santafesino hicieron entrega al Gobernador Antonio Bonfatti de un documento con firmas en reclamo de una provincia sin violencia y sin inseguridad.
Después, al finalizar el discurso pronunciado frente a la Plaza de Mayo previo al desfile cívico militar, el Gobernador agradeció “este gesto, esta actitud de poner los problemas sobre la mesa”; al tiempo que pidió “enfrentar los problemas entre todos”.
Sin los desbordes del 1º de Mayo que obligaron al Primer Mandatario a ingresar por la puerta trasera de la Legislatura para inaugurar el período ordinario del Parlamento, familiares de víctimas de la violencia reclamaron, en algunos momentos a viva voz, por seguridad y justicia durante el acto de este domingo en Plaza de Mayo de esta capital.
El Gobernador no le esquivó al bulto y pidió “tomarnos de las manos para recuperar los valores que se han perdido” como “el esfuerzo, el trabajo y el ser solidarios”. “Quiero decirles que este gobierno está decidido a seguir enfrentando los desafíos de la hora con políticas públicas definidas y con una clara vocación de diálogo y cooperación con los restantes niveles del Estado”, enfatizó, para seguidamente mencionar “las medidas implementadas en el marco del Programa de Seguridad Democrática, junto con la trasformación de la Justicia Penal".
Uno de los enérgicos reclamos de las víctimas directas de la inseguridad, (todos los ciudadanos somos potenciales víctimas de la inseguridad) es la impunidad reinante para con los delincuentes que a simple vista pareciera gozan de beneficios y prerrogativas que los inducen a seguir delinquiendo una vez recuperada la pronta libertad tras cometer los hechos. He aquí el pedido de mayor rigurosidad en el tratamiento judicial de los hechos. Dicho en lenguaje popular: que no entren por una puerta y salgan por la otra.
En tal sentido, el senador radical Lisandro Enrico tuvo que insistir este año con un proyecto que había perdido estado parlamentario por el no tratamiento el Diputados, que le otorga mayores facultades a los jueces a la hora de decidir las tempranas excarcelaciones. El excesivo celo garantista de diputados peronistas y del propio FPCyS hicieron capotar la unánime media sanción de los senadores.
Otro legislador, el diputado peronista Darío Mascioli, también como Enrico oriundo de Venado Tuerto (asolada por la inseguridad) acaba de presentar un proyecto de ley solicitando se suspenda la aplicación de los artículos que refieren a la morigeración o alternativa a la prisión preventiva en los casos de que se trate de personas reincidentes, con antecedentes por delitos reiterados o en casos de flagrancia.
Tanto Enrico como Mascioli apuntan con sus iniciativas a coagular lo que de manera insistente reclama la población: que sujetos con frondosos prontuarios no estén caminando por las calles y sigan cometiendo tropelías.
Lamentablemente el “ala garantista” de la legislatura (que no pasa por senadores) impide el tratamiento de esas iniciativas invocando, quizás de manera bienintencionada, derechos individuales y procesales que pareciera no se condicen con los tiempos que se viven, y llevan a la sociedad a endurecer su dialéctica represiva al son de “los derechos humanos son para los delincuentes y no para las personas honestas”.
Hace un tiempo, después que una bala perdida, fruto de un enfrentamiento entre bandas en el distrito Alto Verde terminara con la vida de una pequeña que jugaba en el Club Regatas, ubicado del otro lado del río, el diputado peronista Héctor Acuña pidió una fuerte intervención policial – razzía – en el distrito para incautar las armas de fuego en poder de las bandas. Igual que Enrico y Mascioli, Acuña también fue criticado por algunos pares de bancada por tan “extremo” pedido.
Quienes se oponen a la supuesta “mano dura” del accionar policial lo hacen invocando los excesos que supo identificar a la Fuerza. Hoy día, con el acompañamiento de los fiscales dentro del nuevo sistema procesal penal tal actitud – si la hubiera- se vería acotada.
En la última sesión de la Cámara de Senadores, por unanimidad el Cuerpo le pidió al Vice Gobernador Jorge Henn la apertura del procedimiento de remoción del Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganon por la causal de mal desempeño. Entre otras causales – no menos graves – políticas, el senador informante Lisandro Enrico hizo notar que Ganón contribuye con su prédica y accionar garantista “a generar impunidad”.
La respuesta de algunos diputados no se hizo esperar: le imputaron a los senadores (radicales y peronistas) querer destituir a Ganón en defensa de “intereses corporativos” que el Jefe de los Defensores públicos supuestamente combate.
Resultará muy complicado combatir la inseguridad en su aspecto preventivo y legalmente represivo si la policía no actúa por temor a sanciones disciplinarias y se harta de detener siempre a los mismos (sin llegar al vergonzoso y repudiable límite de lo ocurrido en la limítrofe ciudad de San Francisco, Cba) como consecuencia de un sistema judicial excesivamente laxo y permisivo.
Mientras tanto, los gobernantes deben promover el marco social adecuado para que la falta de oportunidades no empuje a los desposeídos a la marginalidad delictiva. Cuando un ser humano pierde el respeto por su propia persona y se considera desechable, no le pidamos conmiseración por el prójimo.
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