El acceso al llamado matrimonio homosexual no es un derecho humano.

Por Carlos Álvarez Cozzi (*)
En la República del Perú una ONG llamada “Parejas Reales”, que se opone en ese país a la aprobación de la ley de uniones civiles, por entender que es la consagración encubierta del mal llamado “matrimonio homosexual”, lo fundamenta en que tal tipo de uniones “no constituye un derecho humano”.
Y para ello indica varios fundamentos sólidos:
1) Que en la reciente 44ª. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar en Asunción del Paraguay, los representantes de los países miembros “concluyeron que la pretensión de exigirle al Estado la regularización de las uniones entre personas del mismo sexo no se constituye como un derecho humano y que, más bien, esta pretensión no puede ser impuesta a ningún país del continente americano”. 
2) Que  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencias emitidas en 2001, 2010 y 2012, precisó que los Estados europeos no tenían obligación a reconocer el “matrimonio” gay.
3) Además y como argumento coadyuvante “Parejas Reales” recordó que la más reciente encuesta sobre el “matrimonio” gay, en realizada en mayo de este año en Perú por la empresa Datum, reveló “que el 68 por ciento de los peruanos están en contra”.
Esa misma encuesta, recordó, reveló que “las diversas regiones que tienen congresistas que las representan como miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazan el proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Bruce”.

Creemos que la ONG peruana da justamente “en el clavo”, porque lo que surge de la naturaleza, confirmado por la razón, es que para poder regular una relación jurídico-afectiva con el nombre de matrimonio, debemos de estar en presencia como requisito “sine qua non”, de personas de distinto sexo. Porque en primer lugar solo ella supone la unión monógana exclusiva (monio) de un hombre con una sola mujer (matriz). Pero además la historia de la humanidad, a lo largo de los siglos, confirma la necesidad de que las relaciones, sea monógamas como en occidente o polígamas, como en el mundo islámico, pero siempre constituidas por sexos opuestos, nunca por personas del mismo sexo, se den entre personas de distinto sexo.  

No existe interés social en dar status matrimonial a relaciones que no sólo no podrán concebir sino tampoco dar una educación afectiva integral, de palabra y de ejemplo, a los niños que crezcan en esos hogares. El art. 40 de la Constitución de la República de Uruguay, similar al de otras, concibe a la familia como la unión de personas de distinto sexo, con matrimonio o sin él, y manda protegerla por el interés social que cumple, en especial para la educación de su prole.

Al principio dudamos que la OEAresolviera en contra de la presión del lobby gay, por ello criticamos duramente las declaraciones primeras del secretario general José Miguel Insulza. Fue la presión de las ONGs y de algunos Estados, afortunadamente, lo que impidió al fin que la agenda de género lograra imponer su pretensión en el organismo internacional regional.
Se trata de una buena noticia y deja a Latinoamérica como el continente de la esperanza y de la resistencia a la agenda relativista del feminismo radical de género que lo que busca en todo el mundo es una reingeniería social antinatural, que lleva probadamente a la destrucción de la persona, de la familia y de la sociedad.
La perspectiva de género es antinatural y falsa, porque no surge de la observación de la realidad sino de la ideología de género.


No poca influencia y respaldo en esta sabia decisión ha tenido la matriz católica de nuestro continente, como suele afirmar acertadamente Guzmán Carriquiry (aunque este tema es inicialmente de moral natural) que impera y lucha en Latinoamérica como continente de la esperanza, como afirmaba San Juan Pablo II.

 (•) Abogado, catedrático universitario de Derecho y dirigente socialcristiano.

Ética Social (12 Jun 2014)