Mientras que el Gobierno se muestra empecinado en instalar su discurso bajo el lema "Argentina pagó", los mercados creen lo contrario.
El mundo sigue empeñado en contradecir a la Argentina: da señales de que considera al país en default.
Y lo hace en formas diversas. Ya no son sólo mediante las agencias calificadoras de riesgo vinculadas al establishment financiero, como Standard & Poor's, Fitch y Moody's las que bajan la nota de los bonos argentinos, sino que ahora también se suman las entidades las vinculadas a gobiernos amigos como la china Dagong.
En Wall Street, los papeles argentinos siguen a la baja, mientras el juez Thomas Griesa no abandona su postura intransigente.
Para desazón de Axel Kicillof, quien había insinuado que en las próximas horas podría llegar a haber una reconsideración sobre la conveniencia de otorgar el "stay" que suspendería el fallo, el juez reiteró todas sus críticas contra el Gobierno.
Sin decisión sobre qué ocurrirá con los u$s539 millones que siguen congelados, los acreedoresde bonos reestructurados siguen sin cobrar y con derecho a reclamar ante la justicia.
Muchos analistas tiemblan ante la posibilidad de que haya estudios de abogados dedicándose a juntar bonistas hasta tener un 25% del total, y así desatar el temido "efecto aceleración" por el cual se puede exigir ya mismo todo el dinero que originalmente estaba programado en cuotas hasta el año 2033.
Mientras eso no ocurre, otra cláusula acaba de ser "gatillada": el cobro de seguros anti-default.
No implica que la Argentina ponga dinero, aunque sí determina una situación paradójica: que muchos de los "buitres" a los que el Gobierno denosta, se estén beneficiando doblemente, primero por cobrar un seguro y, más tarde, cuando terminen cobrando el juicio por el fallo favorable de Griesa.
Griesa se mantiene firme
El juez neoyorkino se reunió con los abogados de la Argentina y los Holdouts y se mostró enojado ante los argumentos del país a los que calificó como "muy engañosos" por lo que pidió que "se detengan" y solicitó a los letrados del país que intercedan al respecto.
El magistrado reprochó al país por "difundir información engañosa" y aclaró que "cuenta con que la República Argentina tome los pasos a seguir" para dejar de hacerlo. "Argentina puede disentir con la Corte, pero las tergiversaciones de los hechos tienen que parar", enfatizó.
En tanto, en el comienzo de la audiencia a la que citó a las partes en la sede de su juzgado, Griesa recordó que la Argentina "tiene que cumplir con su sentencia" y agregó que "las obligaciones de los países no se extinguen".
Asimismo, instó a la Argentina a que coopere con el mediador Daniel Pollack, y buscar de esta forma una solución rápida para resolver el problema.
Sin embargo, los letrados que representan al país aclararon que para la Argentina el mediador mostró imparcialidad en su último comunicado y le pidieron que se lo reemplace, cosa que el juez desestimó.
Antes de la cita, el Gobierno indicó, a través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que no tenía expectativas positivas.
"No podemos tener expectativas favorables porque siempre tuvo una mirada parcial", dijo Capitanich en su habitual conferencia de prensa.
El encuentro es el primero que se llevó a cabo tras las reuniones cara a cara que mantuvieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y los representantes de los holdouts en el despacho del "special master" Daniel Pollack, el mediador designado por Griesa.
Esos diálogos a todas luces fracasaron, entrampados entre la renuencia de los fondos buitre a aceptar un stay que le permitiera a la Argentina negociar el pago recién en 2015 y la negativa del Gobierno a realizar cualquier oferta por el temor de que se dispare la cláusula RUFO, que tendría un costo potencial de más de u$s100.000 millones y consecuencias jurídicas para los funcionarios involucrados.
En el medio y a último momento, había surgido una propuesta de bancos privados argentinos: la idea era que ellos compraran la deuda en poder de los buitres (por una cifra que, según qué versión, iba de los u$s1.200 millones a los u$s1.600) para que el juez pudiera reponer el stay y que, ellos sí, aceptaran renegociar en enero, cuando ya no regirá la RUFO. Pero esa negociación también se cayó.
Así, ya pasaron los 30 días de gracia desde que, por el bloqueo impuesto por Griesa, los tenedores de bonos Discount (bonistas del canje) no cobraron los vencimientos de fines de junio.
El Gobierno sostiene que, como depositó el dinero, no está en default; pero varias agencias calificadoras ya bajaron la nota de la deuda argentina.
Se gatillan los seguros
La organización ISDA (International Swaps and Derivatives Association) que agrupa a los Credit Default Swaps (CDS) declaró este viernes que la Argentina no puede cumplir con el pago por lo que los seguros se dispararon.
ISDA determinó que se "produjo un evento de crédito negativo en la Argentina" y por esto ejecutó el cobro de los seguros contra default por unos u$s1.000 millones en relación a los 2.652 contratos operativos en el mercado, según consignó Reuters.
La reunión que se llevó a cabo este viernes al mediodía en Nueva York determinó que el país entró en un evento de incumplimiento.
Ahora queda por definir cuándo bancos que emiten estos seguros deberán pagar por ellos. Uno de los grandes beneficiarios de estos instrumentos serán los holdouts NML y Aurelius, que de acuerdo al mercado, conservan posiciones importantes en este tipo de instrumentos.
Quiénes votaron a favor del default
De las cuatro preguntas en relación al país, los 15 miembros del comité de ISDA votaron por unanimidad que la Argentina no puede cumplir con el pago y que el evento de crédito venció el 30 de julio de 2014, entre otros detalles.
Entre los que votaron a favor de la declaración de default de la Argentina se encuentran elCitibank, el fondo de Paul Singer, Elliot y JP Morgan, este último, a la vez involucrado en las negociaciones entre privados para comprar la deuda a los fondos buitre.
iProfesional (3/8/14)
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