Por Agustín Laje (*)
Las instituciones son, sencillamente, conjuntos de reglas y “señales” que contribuyen a la formación de un orden social, otorgando incentivos y desincentivos a los individuos para orientar su desarrollo en el medio social de una determinada manera que se considera deseable.
Aquello que se considera “deseable” e “indeseable”, depende en última instancia de los juicios morales que predominan en la sociedad. De ahí que las instituciones sean, en fin, un conjunto de “reglas de juego” que no flotan en el vacío, sino que se asientan sobre un marco ético que les precede.
El populismo neomarxista comprende el carácter contingente e inestable de toda institución, y por ello apunta a modificar los pilares éticos sobre los que éstas se edifican. Se trata de la famosa “batalla cultural” a la que se refirió, en más de una ocasión, Cristina Kirchner.
En estos esfuerzos debe inscribirse la cooptación de instituciones clave por parte de cuadros de La Cámpora. Bajo el popular estereotipo –en la mayoría de las veces cierto– del ineficiente burócrata que ha sido premiado por el poder de turno en virtud de su adscripción política, muchas veces perdemos de vista al camporista ideológico, ese que, además de vivir del Estado, llega al Estado con la misión de inocular modificaciones ideológicas de fondo que provoquen, a la postre, modificaciones institucionales.
Es el caso del Sistema Penitenciario Federal, cuyo titular fue hasta hace muy poco el camporista Víctor Hortel, conocido por brindar fiestas de disfraces en las cárceles y por apoyar el surgimiento del “Vatayón Militante”, una organización kirchnerista de presos impulsada por La Cámpora que hace algún tiempo estuvo en el centro de la polémica al constatarse los privilegios que recibían aquellos reclusos que la conformaban (más comida, más horas en el gimnasio, más tiempo libre y salidas a actos políticos K).
Uno de los tantos cambios que introdujo Hortel, fue el aval al Sindicato único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla), que acaba de conseguir un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal para que los internos que trabajan cobren un salario mínimo, vital y móvil cercano a los $4.400, además de aguinaldo y vacaciones pagas. Es decir, para que el Estado los premie con condiciones mucho más gratificantes en comparación a las que padecen nuestros jubilados, quienes perciben un salario mínimo de aproximadamente $3.500.
El ENCOPE (Ente de Cooperación Penitenciaria) es el organismo encargado de darle trabajo a los presos. Su director es Rubén Fernández Escobar, no casualmente también militante de La Cámpora.
En concreto, se argumenta que estas medidas relativas a los reclusos se inscriben en esfuerzos de re-socialización. Constituirían algo así como “incentivos positivos” para que los presos, al salir, no vuelvan a delinquir. ¿Sería muy osado pensarlo a la inversa, y entender en consecuencia que estos incentivos podrían mostrarle al interno que tras las rejas vive más cómodo y seguro que en el marco de la libertad?
Comoquiera que sea, lo cierto y comprobado es que, aunque el presupuesto del Servicio Penitenciario Federal aumentó 1000% en 10 años, cada vez hay más reincidencia. Según las investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), la tasa de reincidencia de los presos del Servicio Penitenciario Federal alcanza el 46.5%. Y el hecho de que casi uno de cada dos presos reincida al salir en libertad, confirma que el kirchnerismo ha sido también una “década perdida” en lo que hace al sistema penitenciario.
La inseguridad no es una “sensación” como pretendió durante algún tiempo Aníbal Fernández. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha constatado en 2013 que Argentina es el país con más cantidad de robos (973,3 cada 100.000 habitantes) de toda América Latina. La inseguridad es algo que se vive a diario, a pesar de los esfuerzos ideológicos por maquillarla e incluso justificarla.
En efecto, dichos artilugios ideológicos buscan presentar al delincuente no como un victimario, sino como “víctima de la sociedad”, modificando nuestros esquemas morales de cabo a rabo. Luego, aquél debe ser comprendido e, incluso, bonificado con una serie de derechos como el de percibir un salario superior al de los jubilados, aguinaldo y vacaciones pagas, todo lo cual es soportado por la “sociedad victimaria” del delincuente. Así pues, los términos se invierten: el delincuente deja de estar en deuda para con la sociedad en virtud de su mala conducta, para convertirse en acreedor de los sectores sociales de buen comportamiento.
La ideología en cuestión puede ilustrarse con un ejemplo claro. Pensemos en una situación en la que el Sr. López roba o asesina al Sr. García. De inmediato se nos dice que “la sociedad” es responsable de que López haya sido llevado a robar o asesinar a García, incluyendo de esta manera en esa responsabilidad al propio García, y exculpando a López. El sociólogo Arnold Green supo decir al respecto que “si la sociedad es responsable del crimen y los criminales no lo son, sólo quedarán como responsables aquellos miembros de la sociedad que no cometen crímenes. Sólo es posible engañarse con un disparate tan obvio conjurando a la sociedad como un demonio, un mal separado de las personas y de lo que hacen”.
El gasto del Estado para el sistema penitenciario ronda los $10.000 millones por año, lo que en promedio arroja que cada preso le cuesta a la sociedad cerca de $30.000 mensuales. Mientras tanto, la presión tributaria en Argentina se ubica entre las más altas del mundo, sin contraprestaciones de servicios públicos acorde a las exigencias impositivas.
Mientras todo esto ocurre en Argentina, el gobierno holandés ha decidido seguir a Dinamarca y Alemania e imponer a sus reclusos un pago por día de detención. “Se trata de que el preso entienda que forma parte de la sociedad, y si comete un delito, tiene la obligación de contribuir al gasto que ocasiona. Que sus actos no deben ser pagados, desde el punto de vista económico, solo por el resto de la ciudadanía”, explicaron autoridades holandesas.
Se trata de mentalidades contrapuestas que, como decíamos al principio, configuran instituciones disímiles y arrojan, a la postre, resultados diferentes. Mientras en países serios el delincuente debe pagar de verdad sus culpas, en el nuestro le damos incentivos para delinquir.
(*) Agustín Laje es director del Centro de Estudios LIBRE (www.libertadyresponsabilidad.org)
@agustinlaje
La Prensa Popular | Edición 338 | Jueves 4 de Diciembre de 2014
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