Los subsidios que distribuye discrecionalmente el gobierno nacional ya alcanzan cifras estrafalarias.
El esquema está a punto de estallar e indefectiblemente después del 10 de diciembre habrá aumentos de tarifas. La necesidad de una planificación estratégica.
El próximo 10 de diciembre Cristina Kirchner no sólo le entregará la banda presidencial y el bastón de mando a su sucesor. También le dejará una verdadera bomba de tiempo encendida en materia económica y social, producto de la corrupción estructural y de un festival de subsidios que lleva más de 12 años y que provocó un verdadero saqueo de las arcas del Estado.
Los subsidios, en su gran mayoría, se destinaron con el objetivo de mantener artificialmente congeladas las tarifas, especialmente la luz eléctrica cuyos valores en Capital Federal y el área metropolitana (incluido el Gran La Plata) han quedado absolutamente rezagados respecto a la inflación registrada en los últimos años. Todo se hizo sin planificación al punto que se derrumbó la exploración y explotación de hidrocarburos. Y hoy quienes viven en los countries del Gran Buenos Aires, con piletas climatizadas, pagan tarifas sensiblemente inferiores a lo que abonan millones de argentinos que deben comprar gas envasado porque, en pleno siglo XXI, la red del servicio aún no llega hasta sus hogares.
El problema es que la fiesta kirchnerista se acerca a su fin y llegó la hora de pagarla. Los costos, lamentablemente, no serán afrontados por el gobierno K: recaerán indefectiblemente sobre las espaldas de todos los argentinos ya que se estima que quien asuma el 10 de diciembre, no tendrá otra alternativa que devaluar el peso ante los graves problemas de competitividad que afronta la Argentina y que ha llevado a una aguda recesión, con economías regionales que están con la soga al cuello.
En ese contexto, mantener el actual esquema de subsidios se torna prácticamente imposible. Es decir, más allá de quien sea el que ocupe el sillón de Rivadavia, es un hecho que habrá un ajuste en las cuentas públicas y, por ende, un aumento de tarifas que impactarán en el poder adquisitivo de la población. Hay algunos números que dan miedo y que demuestran lo antes comentado: en septiembre pasado ya se habían pagado subsidios por 72.778 millones de pesos, es decir, el 98,34 por ciento del total presupuestado para todo el año.
Ante este escenario, en un mundo capitalista, será necesario que el gobierno que tome las riendas del país a partir de diciembre tenga un plan estratégico para acomodar todas las variables de la economía, que hoy se encuentran en rojo. Uno de los aspectos principales a resolver es la implementación de un programa de blanqueo generalizado que le otorgue garantías a todos los argentinos, que hoy tiene guardados los dólares debajo del colchón o en cajas fuertes, de que podrán invertir en nuestro país sin tener un Estado hambriento soplándole la nuca.
Es indispensable, para volver a la senda del desarrollo sostenido, que vuelva la inversión en la Argentina. Sin inversión es imposible bajar la inflación (hoy es la más elevada del continente, después de Venezuela), poner en marcha el aparato productivo y generar el empleo genuino que necesitan los miles y miles de argentinos que fueron condenados a vivir en la pobreza por un gobierno que sólo apeló al clientelismo para obtener el voto fácil.
Creando reglas de juego claras, en el corto plazo los argentinos que hoy tienen miedo de arriesgar su capital recuperarán la confianza. Así, por ejemplo, se podría reactivar la construcción, la madre de la actividad económica, que está frenada desde hace meses por el cepo cambiario que hizo retrotraer la actividad inmobiliaria a mínimos históricos.
El desafío que se viene es complejo, pero no imposible. Con decisión política, cuadros técnicos adecuados y una auténtica planificación, la Argentina está en condiciones de salir rápidamente de su estancamiento. Que así sea.
YPF y un agujero sin fin
Los subsidios que le destina el gobierno a YPF y a multinacionales petroleras también se están tornando insostenibles. La mayor parte de los fondos para subsidiar la actividad petrolera se destinan por año a premiar aumentos en la oferta de gas y crudo. Otra parte va a cubrir la importación. En dólares, la suma es enorme: representa US$ 3417 millones, por lo que implica un 9% de las reservas contables del Banco Central. Tanto el año pasado como éste, YPF se llevará cerca de 7 de cada 10 pesos. Así se desprende del cruce de datos del Ministerio de Economía y documentos que la compañía envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Este año, según cifras estimadas sobre la base de información de la empresa, solo la petrolera YPF, que maneja Miguel Galuccio, se llevará $ 11.282 millones por el subsidio al gas y otros $ 1224 millones por las bonificaciones al petróleo, una medida que se implementó este año para amortiguar en el mercado interno los golpes que le podría propinar la caída internacional del precio del crudo. Suman $ 12.506 millones, por lo que la compañía estatizada se quedará con casi el 70% de los subsidios destinados a asistir al sector petrolero. Le seguirá la multinacional PAE (una sociedad entre el grupo Bulgheroni y capitales chinos), cuyos beneficios son imposibles de calcular con los datos disponibles.
¿Cómo beneficiar semejante caudal de recursos en subsidios al ciudadano de pie? Prácticamente nada: desde que YPF se expropió en el año 2012, el precio del combustible que paga el soberano cada vez que va a una estación de servicio aumentó 126%.
Hoy en la Noticia (7/11/15)
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