Antes de dejar el poder, Scioli firmó un decreto para nombrar como Fiscal de Estado adjunto a un funcionario que le garantice impunidad: Mariano Cervellini.
Su padre fue el segundo de Casal en el Ministerio de Justicia y ahora también forma parte del organismo de contralor. Reclamos para que los corruptos terminen tras la rejas.
En un intento que fue interpretado por muchos sectores como una clara maniobra de obtener impunidad, evitando que se avancen con investigaciones sobre las irregularidades y actos de corrupción que se cometieron durante sus ocho años de gobierno en la Provincia, en noviembre pasado Daniel Scioli nombró por decreto a Mariano Carlos Cervellini como Fiscal Adjunto del Estado bonaerense. Lo hizo poco después de haber perdido el balotaje.
La Fiscalía de Estado, cuyo titular es el radical Hernán Rodolfo Goméz (un funcionario de carrera que reemplazó al polémico Ricardo Szelagowski, fallecido en 2012), es considerado como un organismo estratégico. Tiene como misión la representación y defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires tanto en carácter de demandada como demandante. La Constitución provincial establece, en tal sentido, que el organismo “será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”. Dado que la facultad de representación tiene rango constitucional, no se requiere que el Poder Ejecutivo le confiera mandato expreso para intervenir.
Asimismo, la Fiscalía de Estado puede intervenir en las actuaciones administrativas mediante una vista en la que verifica la legalidad de la decisión gubernamental por adoptarse, previo al dictado de la medida o bien mediante una impugnación administrativa una vez que la medida le fuera notificada y en caso de que fuera contraria o afectara los intereses del fisco. En otras palabras, tiene facultades para avalar, frenar o anular distintos actos de gobierno.
Acceso a información clave
En ese contexto, en su rol de fiscal de Estado adjunto, Cervellini tiene acceso a cada uno de los expedientes (contrataciones, licitaciones, resoluciones, decretos, etc) y causas que se tramitan en el organismo. Asimismo, puede reemplazar a Gómez en caso de enfermedad o licencia, y hasta podría actuar en representación de la fiscalía en determinadas temáticas. De hecho, ayer participó de un encuentro del Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado de la Argentina, realizado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires.
Con 36 años, y de profesión abogado, Mariano Cervellini fue secretario de Legal y Técnica del gobierno sciolista (ejerció la misma función que desempeñó Carlos Zannini a nivel nacional, durante los 12 años de gobierno kirchnerista) y es yerno del ex ministro de Justicia, Ricardo Casal, principal operador del sciolismo en los ámbitos tribunalicios. Su padre, Carlos Cervellini, se desempeñó como subsecretario de Justicia hasta el 10 de diciembre y fue nombrado en diciembre pasado en la Fiscalía, algo que pudo constatar nuestro diario en los registros de la Anses.
Fue tan burda la maniobra de ponerlo a Cervellini hijo por la ventana, en la Fiscalía de Estado, que ni siquiera guardaron las formas: ya había un fiscal adjunto llamado Guillermo Claudio Spacapan, que es un profesional de carrera, de perfil técnico, que sigue en funciones. Nunca, hasta el gobierno de Scioli, hubo dos fiscales adjuntos en la Provincia.
En la mira
A Casal se le atribuye haber ejercido presión para que la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Daniel Scioli haya sido archivada en tiempo récord el año pasado, días antes de los comicios presidenciales. Eso no es todo: lo ocurrido con la triple fuga de los condenados por la mafia de la efedrina, que salieron caminando de un penal de máxima seguridad en General Alvear, pusieron a Casal en el centro de la picota. Ocurre que hasta horas antes de ese episodio seguía en funciones, como máxima responsable del Servicio Penitenciario Bonaerense, María Florencia Piermarini, cuyo superior en la estructura jerárquica del ministerio era César Albarracín. Tanto Piermarini como Albarracín forman parte del riñón político de Casal y en las últimas semanas buscaron reciclarse en la Justicia bonaerense: Piermarini como relatora en la Cámara de Casación y Albarracín como fiscal adjunto del máximo tribunal penal de la Provincia. Ambos fracasaron en su intento, ante la proposición que ejerció el gobierno de María Eugenia Vidal.
En un primer momento, se comentó con fuerza que Vidal iba a emitir un decreto para desplazar a Cervellini de la Fiscalía de Estado. Pero fueron pasando los días y ello aún no se produjo, lo que generó cierta inquietud en distintos intendentes e integrantes de Cambiemos ya que ven que están durmiendo con el enemigo. “Si la gente de Casal nos hizo semejante zafarrancho con la triple fuga, no nos queremos imaginar lo que puede llegar a pasar en la Fiscalía de Estado”, dijeron fuentes gubernamentales consultadas por Hoy.
La realidad es que si se quiere cumplir con el mandato que dio la ciudadanía a través de las urnas, cuando masivamente se votó por el cambio, Cervellini no debería estar ni un día más en funciones. Y más cuando el reclamo de que haya juicio y castigo a los responsables de haber saqueado la Argentina, y de haber dejado a la principal provincia del país en la quiebra absoluta, se hace cada vez más fuerte. El tiempo de espera para ver corruptos tras las rejas se está agotando.
Hoy en la Noticia (5/2/16)
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