Democracia y grandes fortunas: incompatibles
Red Renta Básica, 01/02/2016
Mucho se ha comentado en estos últimos días el nuevo informe de Oxfam sobre el aumento de las desigualdades en todo el mundo. También ha sido difundida la previsión de la OIT sobre el incremento del desempleo en los próximos años. No tan propagados son otros documentos que estudian el impacto de la mecanización-robotización-digitalización sobre el mercado laboral de los próximos años, como el informe Frey-Osborne de la universidad de Oxford de 2013. Uno de los últimos estudios sobre este impacto, del Fórum Económico Mundial, prevé que la digitalización reducirá más de 5 millones de puestos de trabajo en los próximos 4 años, hasta el 2020. Hay quien asegura que se crearán nuevos puestos de trabajo gracias a la digitalización. Y es cierto. El mismo informe mencionado del Fórum Mundial lo reconoce, pero con una salvedad decisiva: la diferencia entre los destruidos y los de nueva creación será desproporcionadamente favorable a los primeros.
Inmensas desigualdades crecientes en los últimos años y previsiones de destrucción de puestos de trabajo remunerado. ¿Y el futuro? Si se continúa con la misma tendencia, no hay duda del dibujo del futuro: mayores concentraciones de la riqueza y porcentajes crecientes de la población en situación de pobreza y exclusión. Así ha venido sucediendo en los últimos años, pero a ritmo cada vez más rápido. Esta perspectiva es evidente para cualquier persona que se acerque desinteresadamente a entender la realidad. Es cierto que un porcentaje nada desdeñable de propagandistas cantan las alabanzas de las “oportunidades” que crea la nueva situación, y que “hay que mirar en positivo” y sandeces de este estilo. Por decirlo con Upton Sinclair, es difícil hacer que una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda.
Pero si dejamos al margen a este inevitable grupo, sigue en pie la afirmación de que es evidente la perspectiva de mayores desigualdades y situaciones de pobreza en el futuro. No resulta tan evidente, por notorio contraste, el peligro mortal para la libertad de una inmensa mayoría de la población no rica que representan estas inmensas desigualdades. Porque falta de libertad –de negociación, de rechazo, de decisión- es lo que padece la persona en situación de paro a la que además se estigmatiza si cobra, suponiendo que tenga derecho, el subsidio de desempleo.
Falta de libertad tiene el trabajador precario que no sabe si mañana conservará su empleo. Falta de libertad es la situación que sufre la persona en estado de pobreza (el riesgo de caer en ella en el Reino de España es de casi el 30% de la población), porque pobreza no es solamente carencia de recursos sino, siendo así como es vivida por propios y extraños en multitud de ocasiones, fracaso social. Falta de libertad, en fin, la tiene quien, según la más de dos veces milenaria tradición republicana, depende de los que tienen propiedad para poder existir socialmente. En efecto, la igualdad, la reciprocidad en el ejercicio de la libertad solamente es posible en una comunidad en que las instituciones políticas dotan a todos los miembros de la sociedad de las condiciones sociales que posibilitan su independencia material. Para el republicanismo histórico, la fuente capital de vulnerabilidad e interferibilidad arbitraria es la ausencia de independencia material. Las personas que no tienen la existencia garantizada debido a la falta de propiedades no son ciudadanos por derecho propio, sino que viven a merced de los demás. Quien no tiene la existencia material garantizada no es, no puede ser libre.
La causa fundamental de la situación a la que hacía referencia que supone y augura mayores desigualdades, más miseria material y falta de libertad a la inmensa mayoría, no es ningún misterio, si no formamos parte ni del colectivo al que se refería Sinclair, ni del colectivo marmolillo-dogmático del que se podría decir, con ETA Hoffman, que nunca “ha mirado la vida por encima del breviario a fin de conocer con exactitud qué es lo que en ella sucede”: la política económica practicada por los distintos gobiernos de casi todos los Estados del mundo. En la UE, para no alejarnos de nuestra área más cercana, la política económica practicada desde el inicio de la crisis, la llamada política de austeridad, es una elección política, no una necesidad, como decía recientemente Jeremy Corbyn. O más contundentemente aún lo expresaba Noam Chomsky: “La austeridad no es una necesidad económica en Europa (de hecho, no tiene sentido económico). Pero es una decisión política tomada por sus diseñadores a favor de sus propios intereses. Básicamente, creo que es una dimensión de la lucha de clases…”.
Muchos son ya los representantes del mismo establishment que analizan como un serio problema este estado de cosas. Porquedifícil es justificar, sin hacer pasar por imbécil a casi todo el mundo, lo beneficioso que resulta económicamente que 66 ultraricos acumulen tanta riqueza como 3.600 millones de personas.
O que, aquí en el Reino de España, solamente 20 personas dispongan de 115.000 millones de euros, lo mismo que el 30% más pobre de la población, unos 15 millones de personas.
El reciente Foro de Davos ha sido una muestra de lo “preocupados” que están los ricos por las grandes desigualdades del mundo. Estas desigualdades no son buenas ni para “el negocio” de los mismos oligarcas. Escuché recientemente a uno que se autodefinía con razón como un “oligarca que pertenece al 0’01% más rico”, y se quejaba de que estas inmensas bolsas de población más depauperadas impiden las perspectivas del negocio a medio plazo (por no decir a largo porque, como apuntaba Keynes, por entonces todos estaremos muertos). Más que cínico nuestro pimpante oligarca se preocupaba por las perspectivas de acumulación que tenía por delante.
Medidas para afrontar la situación se han propuesto muchas a lo largo de los últimos años. Puede establecerse una distinción entre las medidas que pretenden atacar de raíz las causas, y medidas que se proponen para abordar las consecuencias más graves de esta situación de desigualdad y de deterioro de la libertad. Por citar solamente cinco del primer tipo de medidas que sostienen, aunque hay variaciones en las recetas, que es perentorio: 1) impedir el poder inmenso de las grandes transnacionales y de las grandes fortunas puesto que la capacidad de que disponen para decidir la existencia material de millones de personas es un peligro para la libertad de la mayoría de las poblaciones (Louis Brandeis, Juez de la Suprema Corte de EEUU de 1916 a 1939, lo dijo con inigualable claridad: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada, pero no podemos tener ambas.”); 2) eliminar la evasión, fraude y elusión fiscales (haría reír si no fuera por lo que luego significa que las Islas Caimán hayan sido el lugar del mundo que más ha incrementado la inversión extranjera española en el último año, inversión que ha crecido en el conjunto de los paraísos fiscales un ¡2.000%! de 2013 a 2014); 3) acabar con la rebaja constante de impuestos reales (no nominales) a los más ricos; 4) acabar también con un mercado laboral legislado para beneficio de las empresas y en detrimento de la seguridad en el empleo y las condiciones laborales 5) hacer del crédito a la inversión realmente productiva un asunto de interés público.
Y también se conocen desde hace tiempo medidas que buscan paliar las consecuencias más graves de esta situación de desigualdad y de deterioro de la libertad. Se trata de medidas que, por utilizar un viejo y venerable lenguaje, podrían ser calificadas de “defensivas”. No abordan, como el primer tipo, las causas o razones principales de esta situación, lo que no quiere decir que puedan encontrarse defensores tanto de las medidas de la primera como de la segunda clase, conjuntamente. Dicho telegráficamente: “mientras atacamos a las causas, hagamos frente de forma urgente a las consecuencias más graves de la situación”.
Voy a referirme a un tipo de propuesta que es tradicional porque hace décadas que se practica con distintas variantes y en situaciones económicas y sociales diferentes, y una que es mucho más nueva.
La propuesta tradicional incluye: rentas mínimas de inserción, rentas garantizadas, ayudas a la pobreza… Claro que hay muchas diferencias entre las distintas medidas de este grupo. Pueden ser más generosas, más mezquinas, abarcar a un porcentaje de personas muy grande o, por el contrario, muy pequeño, exigir mayores condiciones… pero todas estas medidas tienen un punto en común: la condicionalidad. Condicionalidad porque hay que cumplir alguna exigencia: ser pobre, estar en el paro durante un cierto tiempo, tener algún tipo de discapacidad física o psíquica, etc.
La propuesta que es nueva, aunque relativamente porque hace ya algunos años que se está investigando y se ha puesto en práctica de forma experimental en varios lugares del mundo, es la renta básica. Una asignación monetaria a toda la población completamente incondicional.
¿Cuáles son las mayores diferencias entre la propuesta tradicional y la nueva? A la primera me referiré como PT y a la segunda como RB.
La PT, sea cual sea la variante en otros aspectos que pueda tener (no es lo mismo una renta mínima de inserción en la comunidad murciana que la más generosa de la comunidad autónoma vasca, por ejemplo), es un subsidio condicionado y eso quiere decir que se deben cumplir una serie de condiciones para tener acceso. En las elecciones del 20-D partidos como Podemos o Ciudadanos o PSOE, con algunas diferencias entre sus respectivas propuestas, presentaron en sus programas electorales ejemplos de lo que he llamado PT.
La condicionalidad supone unos costes administrativos muy altos en proporción al presupuesto general de la PT. En cambio, la RB representa una simplificación administrativa envidiable como hasta algunos de sus críticos han venido a reconocer. Resulta obvio que esta característica de la RB, la ausencia casi absoluta de costes administrativos, puede ser de vital importancia en la perspectiva de una efectiva racionalización de las políticas sociales y las políticas fiscales.
La RB se garantiza ex-ante, la PT, en caso de poder tener acceso, ex-post. Esta característica convierte la RB en una medida esencialmente preventiva de la exclusión. Sobre la PT, por razones evidentes, no se puede afirmar lo mismo.
La RB permite eludir las llamadas trampas de la pobreza y del paro. Estas trampas aparecen debido a que las cantidades monetarias de los subsidios condicionados, como es el caso de la PT, no son acumulativas (con esto se quiere señalar que son subsidios complementarios a una renta ya existente y hasta un umbral establecido). De ahí la inexistencia de estímulos muy elevados para aceptar empleos que suponen la pérdida de la PT. Hay propuestas condicionadas que, constatando este grave defecto, intentan poner algún tipo de paliativo. A diferencia de la PT, la RB no constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso. Además, la RB podría ser en muchos casos un estímulo para desarrollar trabajos remunerados, mientras que los subsidios condicionados no sólo no suponen este incentivo sino que representan todo lo contrario.
Extremadamente ilustrativa es la encuesta que se realizó a mediados de julio de 2015 en Cataluña por la empresa GESOP. Se preguntaba: “La renta básica es un ingreso de 650 € mensuales que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de la renta del 20% de la gente más rica hacia el resto de la población. ¿Estaría más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo que se implantara en nuestro país?” (72,3% más bien de acuerdo, 20,1% más bien en desacuerdo y 7,6% NS / NC). De las personas que disponían de un trabajo remunerado, el 86,2% afirmaba que el seguiría ejerciendo, de las personas que estaban en el paro, el 84,4% seguiría buscando un trabajo como hasta ahora. Parece que la letanía habitual que vaticina que con una RB incondicional la gente dejaría los trabajos remunerados forma parte de la fantasía y del prejuicio. Una gran parte de la gente entrevistada opinaba lo contrario. También es interesante destacar sobre esta encuesta algo relacionado con la crítica que frecuentemente se lanza contra la RB según la cual supondría una vuelta de la mujer al hogar o cosas de tenor parecido. ¿Qué dice la encuesta? De las personas que tienen empleo contestan en la encuesta comentada que lo dejaría un 3,1% de hombres y solamente ¡un 1,2%! de mujeres.
La RB por no estar condicionada, la recibiría toda la población, como queda dicho. Y se puede financiar perfectamente. Esta característica tan distintiva de esta propuesta ha supuesto que algunas personas hayan expresado su desacuerdo con que también la reciban los ricos. Si se entiende sensatamente que tan importante es la cantidad de la RB como la forma de financiarla, se abandona este error. Que todo el mundo reciba la RB no quiere decir que todo el mundo gane como el avance del estudio de financiación de una RB para el conjunto del Reino de España a partir de casi dos millones de IRPFs muestra con meridiana claridad. Para concretar más, se trataría de una redistribución de la riqueza del 20% más rico al 80% restante, resultando un índice de Gini que pasaría de ser uno de los más desigualitarios de la UE a uno de los más igualitarios.
Una consideración comparativa adicional. Si bien en condiciones de crisis y de paro masivo como en la actualidad esta razón queda debilitada, la RB permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado.
La RB no es sólo una medida contra la pobreza, es una propuesta que pretende ser parte integrante de una diferente configuración política de los mercados. También esta propuesta quiere dotar de existencia material a la población para hacer posible la libertad efectiva de todos los miembros de la sociedad. Porque sin la existencia social garantizada no hay libertad.
Fuente: Ética Social (12/2/16)
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