viernes, 2 de diciembre de 2016

FFAA: indefensión y ahora “ajuste de personal”.

por José M. García Rozado • 
A nivel Nacional el poder político coordinó las tres expresiones del poder (militar, económico y psicológico) aplicándolos en la defensa de los “más altos intereses del Estado”.
Esas decisiones puntuales que adoptó el Poder Político no lograron mejorar la realidad de nuestras FFAA inmersas hoy, por similitud al pueblo que las nutre, en una situación de disgregación anómica que les está imponiendo obstáculos formales para desempeñar sus actividades dentro de la sociedad (ni que hablar del personal militar retirado y el que se encuentra injustamente procesado). Los jefes de las Fuerzas Armadas fueron instruidos por el Ministerio de Defensa para hacer un fuerte ajuste del personal militar, a partir de una reducción drástica del número de generales, almirantes y brigadieres en actividad a partir del año que viene, pero también produciendo el retiro de todos los oficiales y suboficiales que hayan alcanzado los 38 (?) años de servicios cumplidos. Sin reservas. No se sabe ni siquiera cuántos hombres aptos hay. Priorizan la lucha contra la inseguridad sobre la defensa nacional; desconociendo la conquista lograda en UN sobre la plataforma submarina.

“La degradación actual de las FFAA provocada por las políticas implementadas desde 1983 a la fecha, no se materializaron solo en el orden estructural, pedagógico y jurídico, lo fueron también y fundamentalmente, en el orden material, todo lo cual generó el actual grado de vulnerabilidad que padece tanto nuestro país, como sus FFAA. El problema en lo que respecta al área de personal de nuestro brazo armado nacional (próximo una vez más a racionalizarse por economía, mientras se condonan deudas millonarias a empresas), tanto en actividad como en retiro (incluyo al personal civil de las fuerzas armadas y a los uniformados) es que teniendo derechos y obligaciones, estas últimas son de cumplimiento estricto mientras que, respecto a las primeras, su cumplimiento debe exigírsele al Estado a través de la justicia. A ese estado hemos llegado y lo más lamentable es que todos sabemos por qué, porque cuando el miedo está en la base del silencio ante un conflicto, es este un síntoma inequívoco de que algo funciona mal, y ese algo tiene hoy una feroz gravitación en el desclasamiento por movilidad social vertical descendente del sector militar de nuestra sociedad, como así también de su autoestima. Habrá notado que he escrito “sector militar de la sociedad” y esto es así porque detrás de cada militar hay una familia que está sufriendo y amigos fieles a los que les duelen los avatares de una vocación, en quienes más que una carrera han hecho de ella una forma de vida que abrazaron por el amor a la Patria; y por amor a la Patria todo lo aceptan, a todo se adaptan, todo lo consienten… La persecución que la prensa, la “justicia” y la política lleva adelante contra los acusados de “lesa humanidad” es, de lejos lo más infame que está ocurriendo en la Argentina.” Explica con suma claridad Hugo César Renés.

“A la realidad expuesta que muchos callan, súmele la anomia social y la propensión de un sector de nuestra sociedad a la antidemocracia… todo lo cual me hace pensar que seguimos estando en una trampa de la cual nos va a costar salir. A nivel Nacional el poder político actual coordinó las tres expresiones del poder (militar, económico y psicológico) aplicándolos en la defensa de los “más altos intereses del Estado”. Esas decisiones puntuales que adoptó el Poder Político no lograron mejorar la realidad de nuestras FFAA inmersas hoy, por similitud al pueblo que las nutre, en una situación de disgregación anómica que les está imponiendo obstáculos formales para desempeñar sus actividades dentro de la sociedad (ni que hablar del personal militar retirado y el que se encuentra injustamente procesado). La Argentina está siendo hoy un ejemplo clásico de auto marginación y de carácter errático. Los mentores de la “década exitosa” de hace poco, terminada la festichola de favores, comenzaron a erosionarse; ahora desde todos los ángulos le llueven críticas, juicios y hasta comienza a aparecer una suerte de mala voluntad bastante generalizada, que permite visualizar la aproximación de momentos particularmente críticos y bastante complejos para ellos. Los mercenarios de esa virtuosa década agotaron la capacidad de continuar consumiendo la infraestructura pública dejándonos un Estado elefantiásico difícil de financiar (los impuestos siendo altísimos no alcanzan para hacer frente a un gasto público cada vez más alto)”, continúa mi amigo Hugo.

“Las reformas estructurales necesarias están ausentes; no hay competitividad en los sectores exportadores. El discurso del actual Gobierno contrasta con la realidad… y los inversores privados no se entusiasman. Las expectativas de gobernabilidad, dado los escasos recursos de poder con que cuenta el ingeniero Mauricio Macri, no le permitirá administrar los conflictos sociales futuros, haciendo engañoso el concepto de paz social. El actual declive socioeconómico se va transformando en un coctel explosivo. La nueva violencia, apoyada ahora en el actual resentimiento social por la falta de un futuro, puede protestar (“hacer lío” al mejor estilo papa Francisco) y hasta llegar a producir algunos estallidos sociales mimetizados en los distintos movimientos sociales que cuentan con el aval de un sector de la iglesia, lo que podría permitirle ocupar algunos espacios vacíos del frágil y fragmentado orden social, político e institucional. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo o hay alguna discrepancia?, ¿seguimos? Nuestro país tiene una superficie de casi 3,8 millones de kilómetros cuadrados que muchos países envidian, de los cuales aproximadamente 2,8 millones de kilómetros cuadrados pertenecen al continente, de ellos, el 54% son llanuras, un 20% son mesetas, otro 20% son sierras y montañas, y el 6% restante pertenece al sector antártico.” Explica HC Renés

“Fronteras argentinas: Tenemos una extensión de fronteras que alcanza los 25.728 kilómetros, de los cuales 18.752 Km. son fronteras con países limítrofes (Con Brasil tenemos 1.132 Km.; con Bolivia 742 Km.; con Paraguay 1699 Km.; con Chile 5.308 Km. y con Uruguay 495 Km.) y el resto son costas marítimas (litoral atlántico, sector antártico e islas del sur). Tenemos una gran capacidad ictícola, ¡pero el argentino no consume pescado!… Tanto las fronteras terrestres, como las fluviales y marítimas (del espacio aéreo mejor no hablar) aparecen como demasiado “porosas o permeables” todo lo cual le facilita el “trabajo” al narco tráfico y a los contrabandistas y torna más compleja la actividad de nuestras FF.SS. La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina que deberían custodiar esas fronteras (su responsabilidad primaria), hoy se encuentran muy comprometidas dentro del marco de la seguridad interior (lucha contra el narcotráfico y la delincuencia común). Y este, será una vez más un compromiso de todos que, como estamos disgregados, deberemos asumir individualmente…Y así nos irá”, concluye.

Pero la República Argentina además el pasado año 2015, logró lo que desde 1995 viene gestionando ante la ONU, que es ni más ni menos que el reconocimiento de los derechos argentinos sobre la “Plataforma Continental de 350 millas náuticas”. En 1991 -antes de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)- la Argentina dictó la Ley de Espacios Marítimos N°23.9689. En el artículo 6 se estableció el límite exterior de la plataforma continental argentina hasta el borde exterior del margen continental o hasta las 200 M cuando el borde exterior no alcanzara esa distancia. La Argentina tiene por lo tanto fijado el límite exterior de su plataforma continental de conformidad con lo establecido en el texto de la CONVEMAR adoptado en 1982 en Montego Bay y en esta presentación se determinan los puntos fijos que constituyen ese límite. La CONVEMAR entró en vigor para la Argentina el 31 de diciembre de 1995. El régimen de la plataforma continental se halla establecido por la Parte VI (artículos 76 al 85) de la CONVEMAR. La Convención establece que la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 M contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia (artículo 76.1).

Para establecer hasta dónde se extiende el borde exterior del margen continental y, por lo tanto, establecer el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 M, se deberán utilizar dos criterios, definidos en el artículo 74.4 de la Convención: Iº. Una línea trazada, de conformidad con el artículo 76.7, en relación con los puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1% de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental; o IIº. Una línea trazada, de conformidad con el artículo 76.7, en relación con puntos fijos situados a no más de 60 M del pie del talud continental. El artículo 76.5 establece además dos restricciones. Los puntos fijos que constituyan el límite exterior de la plataforma continental, trazados de acuerdo con los criterios anteriormente mencionados, no deberán exceder de 350 M o de 100 M desde la isobata de 2.500 m. El Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma continental, cuando esa plataforma se extienda más allá de 200 M contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, mediante líneas rectas, cuya longitud no exceda de 60 M, que unan puntos fijos definidos por medio de coordenadas de latitud y longitud (artículo 76.7). La Convención prevé un procedimiento específico para el trazado del límite exterior, en virtud del cual, el Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 M a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC).

Esta Comisión hará recomendaciones a los Estados ribereños sobre las cuestiones relacionadas con la determinación del límite exterior de la plataforma continental. Los límites que determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones serán definitivos y obligatorios (artículo 76.8). Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa (artículo 77.3). Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan a la condición jurídica de las aguas suprayacentes ni a la del espacio aéreo situado sobre tales aguas (artículo 78.1). De acuerdo con lo dispuesto por la CONVEMAR y demás normas relevantes, la Argentina presenta en tiempo y forma ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental la información sobre el límite exterior de su plataforma continental 10. Pero el país pareciera no haber tomado nota de que recibió casi 3 millones y medio de kilómetros cuadrados extra para sumar a su ya extenso territorio y ante esta “anemia intelectual” mantiene una total y absoluta indefensión en materia militar, de soberanía y hasta de mantenimiento y recuperación de sus recursos naturales increíblemente ampliados por la Resolución de las UN.

Los resultados son extraordinarios: la plataforma que tenía un límite externo en las 200 millas náuticas se expande hasta las 350 millas y con ello su superficie pasa a ser de 6.580.000 Km2 un 48% más extensa que la preexistente; esa superficie es casi dos veces y media la superficie de todo nuestro territorio continental. Argentina en esa inmensa geografía marina tiene derechos económicos exclusivos, por ejemplo para la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo en el caso de la plataforma continental y además de los recursos vivos, como la pesca en la plataforma económica exclusiva. Han pasado tres meses de los importantes anuncios oficiales. Una lectura de las informaciones periodísticas de los días previos y posteriores indica que: a) La repercusión nacional fue intensa pero de corta duración; en su gran mayoría los diarios argentinos pusieron de manifiesto casi exclusivamente dos cuestiones. La primera el reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía en el Atlántico Sur; y la segunda el hecho de que las islas Malvinas se encuentran geográficamente dentro de la Plataforma continental b) los diarios ingleses más importantes –The Guardian, The Telegraph y The Times– expresaron temores respecto a que el fallo pudiera alentar reclamos de soberanía por parte de Argentina. En resumen la noticia de la delimitación geográfica de un límite, que es trascendente en su potencialidad económica fue interpretada exclusivamente en clave de disputa de soberanía. Quisiera proponer una mirada alternativa -o al menos complementaria- e indagar sobre el potencial económico de la noticia y sobre todo de la necesidad de reenfocar la real posibilidad del aprovechamiento de nuestros espacios marítimos. Ese es el verdadero aporte del equipo diplomático argentino.

En primer lugar surge lo poco que hemos hecho y que hacemos los argentinos en la utilización de esos espacios. La inmensa área marítima ahora extendida a 350 millas que no está bajo disputa de soberanía es de una virginidad extraordinaria, como también lo es hasta las 200 millas. Esa virginidad es solo comparable a la que describía Sarmiento en el Facundo cuando hablaba de la pampa en 1845. Y ese es precisamente el desafío. Nuestra plataforma económica exclusiva en la zona no sometida a disputa soberana -hasta las 200 millas- no ha sido explorada en cien años de historia petrolera. ¿Seremos capaces ahora de explorar hasta las 360 millas? Repuesta difícil, si no hubiera previamente un giro copernicano en el modo de enfocar la cuestión petrolera de los últimos 25 años. Hay que asumir que Argentina en exploración en el mar pierde si se lo compara con todos los países de América del Sur con litoral Atlántico. Ha explorado mucho menos que Brasil; mucho menos que los isleños de Malvinas; menos que Uruguay hoy que ya encara con decisión la exploración petrolera en su muy pequeña área mar adentro frente al balneario -preferido de los argentinos- de Punta del Este. Conviene aclarar que la desventaja se ha producido en los últimos 20 años; no más lejanos en el tiempo están los inicios de los proyectos brasileños, malvineros y uruguayos. La noticia que nos han dado los diplomáticos es alentadora. El desafío ahora es generar un proyecto nacional consensuado: explotar económicamente la Argentina expandida empezando por las partes no sometidas a disputa de soberanía, ¿Por dónde empezar? Por la exploración petrolera y por un gran programa de estudios sísmicos. Así podremos recuperar el auto abastecimiento energético. Nos debemos inspirar en nuestras propias experiencias exitosas. Marco dos hitos: los contratos petroleros del Plan Houston del presidente Alfonsín; y también el extraordinario éxito de la empresa francesa Total cuyos descubrimientos petroleros y gasíferos en el mar austral constituyen uno de los episodios más trascendentes de nuestra historia energética.

Desde Menem hasta el actual gobierno no hubo un debate de fondo en el Congreso sobre el nuevo rol de las fuerzas armadas en democracia y tras la terminación de la Guerra Fría y los conflictos limítrofes con Chile y Brasil. El ex ministro de Defensa de De La Rúa, Horacio Jaunarena, logró que se aprobara una ley de equipamiento que nunca se cumplió. En parte a que la sociedad argentina considera que es más importante la lucha contra la inseguridad que la defensa. Como si viviéramos en un mundo sin nuevas amenazas externas. Aferrados de las encuestas los gobiernos desde 1989 “ven a las FFAA como un factor de ajuste o un elemento de contención frente a crisis internas”. Menem le dio un golpe mortal a la Defensa en 1994 cuando aprovechando la indignación que produjo el asesinato del soldado Carrasco abolió el servicio militar obligatorio. Así hace 22 años que la Argentina no tiene reservas y ni siquiera sabe cuántos de sus hombres están físicamente aptos para ser convocados ante una emergencia, lo que es aún peor. El ex presidente también vio a las FFAA como un factor de ajuste: la participación del gasto militar en el PBI pasó de un casi 4% en 1989 a menos del 1% en la actualidad. Durante la crisis del corralito y la caída de De La Rúa, Jaunarena no olvida a los dirigentes peronistas de peso -uno de ellos era gobernador- pidiéndole que saque las tropas a las calle para contener los saqueos y disturbios. Jaunarena contestó con su actitud zen: “Poner a un militar en la calle que está entrenado para destruir al enemigo a contener una manifestación es una locura. No lo voy a hacer”.

Pero la reducción presupuestaria mayor vino de la mano de los gobiernos de Cristina Kirchner. Por ejemplo, la Fuerza Aérea -el arma que tuvo la mejor performance en la guerra de Malvinas- se quedó sin ningún avión de combate supersónico en condiciones de combatir. En otras palabras, un Lear Jet de narcotraficantes puede volar por todo el espacio aéreo argentino con la tranquilidad de que nunca va a ser alcanzado. Por eso el debate sobre la ley de derribo en estas condiciones parece un chiste. Cristina no solo nos dejó sin aviones de combate, sino que también tuvo el récord mundial de haber tenido un barco de guerra hundido en un puerto (El Santísima Trinidad, que dicho sea de paso es la nave que realizó el operativo “Rosario” de ocupación de nuestras Islas Malvinas en aquel cercano día 2 de abril de 1982-), o que gastase la friolera de US$ 184 millones en la ¿reparación y reequipamiento? Del rompehielos Almirante Irizar aún no terminado de reparar, y dejó al Ejército con solo la mitad de soldados voluntarios para hacer guardia en todos los cuarteles y casi pierde la última campaña antártica. Y lo peor permitió que la inteligencia militar que manejaba Milani colaborara, tercerizando servicios, con la inteligencia interior contra opositores, jueces y periodistas.

El actual ministro de Defensa, Julio Martínez, arrancó investigando focos de corrupción y luego tapando agujeros presupuestarios. Su antecesor, Agustín Rossi, le dejó por ejemplo una deuda de 170 millones de pesos por la movilización de militares que significó el operativo Escudo Norte alentado por Milani. Se dio la orden de llevar a los militares al terreno para patrullar la frontera sin pagarle los viáticos y sin un respaldo legal. Gracias a Dios no hubo un solo tiroteo en esos patrullajes. Solo se encontró un paquete de cocaína. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si un soldado mataba a un narco? Seguramente, iba a terminar preso por violar la ley de Defensa Nacional. En el debate interno entre los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, de Interior, Rogelio Frigerio y de Defensa se buscaban alternativas para incrementar ese apoyo logístico, “sin ninguna participación en la lucha contra el narcotráfico o el crimen internacional organizado”, subrayó una alta fuente del Gobierno. En esta tímida discusión hay una idea que avanza: sacar a los gendarmes y entregarle a los militares la custodia de los llamados objetivos estratégicos como las centrales nucleares o las represas. Ojalá hubiera un debate más amplio y sin ataduras ideológicas.

A su vez, los jefes de las Fuerzas Armadas fueron instruidos por el Ministerio de Defensa para hacer un fuerte ajuste del personal militar, a partir de una reducción drástica del número de generales, almirantes y brigadieres en actividad a partir del año que viene, pero también produciendo el retiro de todos los oficiales y suboficiales que hayan alcanzado los 38 años de servicios cumplidos. La “orientación” del ministro Julio Martínez llegó en forma escrita en los últimos días a los jefes del Ejército, teniente general Diego Suñer; de la Armada, almirante Hipólito Srur y de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Amrein. Según contaron fuentes militares, para las cúpulas se precisó que Ejército debe reducirse a 35 generales, y la Armada y la Fuerza Aérea, a 25 almirantes y brigadieres, respectivamente. Esto implica que debieran retirarse más de 60 altos oficiales. El tope de 38 años de servicios cumplidos generó una inquietud adicional, ya que pasarían a retiro oficiales y suboficiales de apenas 54 años de edad pues la cuenta de años se inicia desde el ingreso a los institutos militares de enseñanza… Son más de 1.000 oficiales y suboficiales que pasarían a retiro en las tres fuerzas, si la directiva se cumpliera a rajatabla: unos 800 de cuerpo de comando, y más de 250 del cuerpo profesional.

El general Suñer fue a verlo al ministro Martínez buscando atemperar los alcances del recorte, ya que su propia promoción del Colegio Militar -la 112º- se verá a fin de este año plenamente alcanzada por los 38 años (a los oficiales se les computa la antigüedad desde su ingreso al Colegio Militar). Pero Martínez puso la necesidad de “reestructuración” en línea con el blanqueo del salario de las Fuerzas Armadas -casi una cargada como la del bono a los jubilados y pensionados- anunciado por el Gobierno en junio pasado. Después de años de cobrar en negro hasta la mitad del sueldo (porque los aumentos se daban en los suplementos no remunerativos, lo que llevó a una ola de juicios) el Gobierno implementó un plan de blanqueo paulatino, que fue elaborado por el subjefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, en conjunto con representantes de las tres fuerzas y que “equipara a las FF AA con las FF SS” o sea que cobran menos de la mitad que un policía de la Metropolitana. ¿Increíble no? En enero tiene que incorporarse un nuevo porcentaje de blanco al sueldo, le recordó Martínez a Suñer, según contaron las fuentes castrenses. Pero era “condición” avanzar en paralelo con los recortes. Consultado el Ministerio de Defensa no hubo respuesta. Respecto de los retiros con 38 años de servicio, las fuentes del Edificio Libertador advirtieron: “Se vienen promociones raquíticas, porque fueron ingresantes hace 30 años en una coyuntura de sueldos muy bajos, que en poco más llegarán a la conducción. Y pueden faltar oficiales para cubrir lugares si hacen estricto el retiro”.

En Ejército el número de generales se disparó en los años cristinistas, durante la gestión del cuestionado general César Milani, quien para cerrar filas internamente habilitó el “generalato para (casi) todos”. En una fuerza hoy de unos 45 mil efectivos, con Milani llegó a haber más de 60 generales, proporcionalmente más que en el Ejército de Videla y Viola. También influyó en nombramientos en la Armada y la Aeronáutica. Fuentes militares hablaron de “una estructura clientelística”. Con la asunción de Suñer y el recambio de fines de 2015 ya hubo una reducción del generalato. Hoy son 54 generales en actividad, incluidos los destinados en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, agregadurías y otros destinos periféricos al Ejército. En la Armada hay una treintena de almirantes. La reducción en las cúpulas será otro “trago de vidrio molido” para los jefes, y un nuevo ataque al resto de los integrantes de las FF AA. En el caso de Ejército, Suñer debería no solo bajar el número de generales. También hacer lugar para los coroneles que ascienden. En principio hay 8 coroneles en lista para ascender a general de brigada. Según pude saber, se trata de Guillermo Olegario Pereda, Juan Antonio Zamora y Martín Deimundo Escobal (de infantería); Osvaldo Suárez (caballería); Agustín Cejas (artillería); José Sumell Robert y Gustavo Planes (ingenieros) y Fernando Mauricio Ros (comunicaciones). A general de división ascenderán cuatro de brigada: el actual subjefe, Santiago Ferreyra; Mario Navarro; Joaquín Estrada y el comandante operacional del estado Mayor Conjunto, Carlos Alfredo Pérez Aquino.

El plan de recorte de personal en las Fuerzas Armadas ordenado por el Ministerio de Defensa permitirá un “¿ahorro?” de unos $ 2.000 millones que serían destinados a equipamiento -algo que todos dudan pues se habla mucho pero no se concreta nada y aquello que se había comprado (aviones de entrenamiento estadounidenses se cayó al no pagarse el primer anticipo de US$ 20 millones)-, pero el objetivo del gobierno Macri “no es achicar la planta sino hacerla más eficiente, y recomponer la pirámide jerárquica” en las fuerzas, algo muy poco creíble mientras no se modifique sustancialmente el Decreto de NCK que Reglamentó (muy deficientemente) la Ley de Defensa Nacional. De esta manera, altas fuentes oficiales confirmaron la información sobre un ajuste en el personal militar por dos vías: la reducción del número de generales, almirantes y brigadieres -que se disparó sobre todo en el Ejército durante la gestión del cuestionado general César Milani, como parte de una política interna clientelar-, y el pase a retiro de más de 1.000 oficiales y suboficiales que han alcanzado -o superado- los 38 años de servicios. Son unos 780 de cuerpo de comando y 260 de cuerpo profesional. El ajuste viene de la mano de lo que fue una noticia semipositiva para los militares, el “plan de blanqueo salarial anunciado en junio pasado por el ministro de Defensa”, ya explicado anteriormente, firmado por Julio Martínez, junto al jefe de Gabinete Marcos Peña. Los militares cobraron por años la mitad de sus ingresos “en negro” por haberse aplicado -sobre todo en la era kirchnerista- los aumentos a través de suplementos no remunerativos, lo que llevó a una ola de juicios, además de no alcanzar al personal retirado.

En fuentes oficiales relativizan que los retiros ordenados vayan a tener impacto negativo: “Los retirados cobraban el 50%. Por eso mucha gente prefería seguir en actividad. Ahora con el blanqueo pasarán a cobrar el 75%”. Está además la reducción en las cúpulas del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea. Si bien la instrucción fue “volver a una media histórica” de 35 generales, 25 almirantes y 25 brigadieres, por pedido de los jefes militares, Defensa se “¿flexibilizó?” para que el achique no sea tan brusco: para 2017 quedarían 38, 28 y 28 respectivamente. “Por lo menos no estamos como en Venezuela, que tiene 960 generales”, ironizó un alto funcionario recordando que en la gestión de Milani hubo más de 60 generales en actividad (hoy son 54), para un Ejército de apenas 45 mil efectivos. En tiempos del general Martín Balza -ocho largos años en la década del 90 y con Carlos Menem presidente- la cúpula fue de 34 generales. Según oficiales consultados, la decisión de Defensa sobre la reducción de mandos fue “bien vista en general” porque se asocia a “expectativas de mejora del salario y recomposición de la pirámide” jerárquica. En la Fuerza Aérea circula una planilla a todo color con la proyección de cómo quedarán los salarios, desde el brigadier general con 40 años de antigüedad al soldado voluntario. Lo mismo en la Armada, las proyecciones a mayo de 2017 casi duplican los ingresos actuales, blanqueo mediante.

En fuentes oficiales hablan con preocupación de “retener” al personal militar. De enero a ahora, reconocen, han dejado solo en el Ejército 2.500 efectivos desmotivados por los bajos salarios. Antes del blanqueo, un capitán helicopterista ganaba 18 mil pesos al mes. “Muchos se fueron a la Policía Metropolitana donde en esa misma persona logra un ingreso, contando adicionales, de 48 mil pesos brutos”. Entendemos que en 2016/7 es la oportunidad para reflexionar, pensar y proponer “el cómo de la reorganización de la Defensa Nacional”, en cumplimiento de un mandato fundamental de la Constitución Nacional y conforme la dimensión de la Argentina, el octavo territorio político del planeta dotado de inconmensurables recursos humanos y materiales que es menester proteger y asegurar. La Defensa Nacional requiere que se cumplan algunos presupuestos esenciales: a) La conciencia colectiva de la necesidad ineludible de “proveer a la defensa común”; b) El desarrollo humano, socio-cultural y económico del país (cultura, identidad y economía fuertes son naturales tributarias de la Defensa Nacional); y c) Conjunto de civiles especializados en Defensa para completar los cuadros militares para la gestión profesional de la Defensa Nacional. La Defensa Nacional tiene un principal objetivo: tutelar los “intereses vitales” del país, desde la protección de sus ciudadanos y habitantes hasta sus bienes personales y recursos colectivos, pasando por sus valores y cultura. ¿Lo entenderán nuestros gobernantes y dirigentes?

Arq. José M. García Rozado

Ex Subsecretario de Estado

 informadorpúblico.com (1/12/16)

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