La Iglesia lo advertía: “¡Venezuela ya es una dictadura!”

  por Ramón Antonio Pérez
“El Madurazo” fue aplicado a través del TSJ, pretendiendo desaparecer las funciones del Parlamento electo por la voluntad popular.

“De hecho, el bloqueo de la Asamblea convierte al Gobierno en una dictadura real”, advertía a mediados de diciembre de 2016, el cardenal Jorge Urosa Savino, “más allá del diálogo” que en ese momento era una realidad y una posibilidad concreta para que Venezuela alcanzara a través de un camino democrático, la resolución pacífica de sus conflictos políticos, sociales y económicos internos.
Tres meses y medio después de la alerta del arzobispo de Caracas, y que Aleteia tituló: Cardenal Urosa: “El Gobierno de Venezuela se convierte en una dictadura real”, la supresión de funciones de la Asamblea Nacional, se cumplió a través de una “decisión exprés” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 27 de marzo pasado, cuya solicitud fue planteada el 22 de marzo, por el diputado oficialista Héctor Rodríguez Castro.
La decisión declaró inconstitucional el acuerdo en el que la Asamblea Nacional apoya la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA, contra Venezuela. Señala que la inmunidad parlamentaria de los diputados únicamente los ampara durante el ejercicio de sus funciones, lo que no sería el caso para el actual Parlamento, al ser considerado en un supuesto “desacato”.
El TSJ también ordena al presidente Nicolás Maduro: “Evaluar el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República”, “tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción”, así como “revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país”.
La Iglesia y sus peticiones
Fuentes vinculadas a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) indican que “los obispos están muy preocupados” con esta situación y preparan una declaración conjunta “posiblemente para este 31 de marzo”, una vez conocidos los alcances de la sentencia, y tras valorar las respuestas y acciones que decidan los sectores políticos del país.
No obstante, desde la CEV también recuerdan las consideraciones del arzobispo de Caracas entre las que exigió al Gobierno Nacional: “la urgencia” de cumplir el acuerdo del 30 de octubre, que había sido avalada por tres ex presidentes, el secretario general de la Unión de las Naciones del Sur, Unasur, y un emisario de la Santa Sede.
Recuerdan que Urosa exigió tomar “las medidas necesarias para resolver la grave crisis política de bloqueo de funcionamiento del Estado por el bloqueo a la Asamblea Nacional”; “resolver los gravísimos problemas económicos y sociales que agobian al pueblo venezolano”, y “la liberación de los detenidos por razones políticas”.
Porras: Vamos hacia el despeñadero dictatorial
Por su parte, el también cardenal de Venezuela, Baltazar Porras Cardozo, dijo este jueves que la sentencia del TSJ sobre los límites a la inmunidad parlamentaria “lleva al país al despeñadero de la dictadura”, según difundió El Universal.
Porras indicó que Maduro aplica un “sistema totalitario que nos lleva hacia ese despeñadero que es la dictadura, porque sencillamente no se quiere reconocer dónde está la soberanía, que reside en el pueblo que eligió a la Asamblea Nacional”.
Consideró que dicha sentencia es anticonstitucional, agregando que el supremo pretende desaparecer la Asamblea Nacional electa por la voluntad del pueblo venezolano.
OEA convoca urgente Consejo Permanente
Entre las reacciones se encuentra la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien convocó de manera urgente a un Consejo Permanente para tratar el tema de Venezuela. Almagro indicó que se llegó a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y del 14 de marzo de 2017.
El líder regional recordó el carácter preventivo de la Carta Democrática Interamericana, “que debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio”, como el que se acaba de ejecutar en Venezuela.
Entretanto, la Cancillería del Perú confirmó el retiro del embajador de esa nación en Venezuela que ya había adelantado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. “Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela”, informó la nación sureña.
De igual manera, sendas comunicaciones de México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica y Panamá, entre otras naciones, manifiestan su inquietud por la sentencia Nº 156 emitida este miércoles por el TSJ.

Aleteia Venezuela | Mar 31, 2017