¿La corrupción o el bolsillo?

Por Vicente Massot

Los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva y Ollanta Humala, entre otros ex–presidentes latinoamericanos, unidos a las acusaciones que contra sus administraciones han enderezado en los últimos meses distintos magistrados argentinos, brasileños y peruanos, representan un fenómeno nuevo en esta parte del mundo.

Nunca antes una ola de tamaña magnitud, tendiente a combatir judicialmente la corrupción gubernamental, había tenido lugar y mucho menos había alcanzado a funcionarios públicos de tanto calado. Sin embargo, el fenómeno reseñado arrastra otra particularidad que no le ha pasado desapercibida a ningún observador medianamente atento. Cuando menos en nuestro país, y también en el Brasil, dos de las figuras públicas más cuestionadas tienen una intención de voto nada despreciable.

No es del caso analizar —siquiera sea a mano alzada— el capítulo referido a Lula. No porque resulte intrascendente sino porque carecemos de espacio para ello. Sí es pertinente, en cambio, posar la lupa sobre la viuda de Kirchner. Es cierto que la movida de la Justicia argentina —por tímida que sea, si la comparamos con lo que sucede en la nación vecina ha llegado para quedarse. También lo es que en todas las encuestas conocidas la candidata del Frente de Unidad Ciudadana marcha primera, superando por escaso margen a sus pares de Cambiemos. ¿Cómo explicar la aparente contradicción?

Así como existe un fenómeno novedoso, hay otro que no lo es en absoluto. Repasemos la historia argentina. En septiembre de 1955 Juan Domingo Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora. Asumir el gobierno y poner al descubierto los negociados del régimen depuesto resultó una empresa en la que pusieron particular empeño los vencedores. Sólo que si pensaron en convencer a las masas que le habían rendido culto al hombre que —a esa altura— estaba ya en un exilio que duraría dieciocho años, se equivocaron de medio a medio. No habían transcurrido dos años desde el momento en que fuera destronado, que sus seguidores cantaban: “Sinvergüenza y ladrón, lo queremos a Perón”.

Entiéndase bien: no se trata de discutir la honradez peronista, sino de poner de manifiesto la reacción popular. Lo que traslucía era que —más allá de lo que fuera su líder o de lo que se lo acusara— una inmensa cantidad de argentinos pasaban por alto el tema de su presunta corrupción y, a coro, ponían al descubierto que lo seguían apoyando a pesar de todo. Perón, al respecto, demostró ser incombustible, en vida y después de muerto.

El mito que se gestó en torno de su figura lo puso a cobijo de cualquier acusación. La última demostración de su vigencia tuvo lugar hace pocos años, cuando trascendió que podría investigarse su responsabilidad en la lucha contra el terrorismo, entre 1973 y 1974. La reacción de sus seguidores no dejó lugar a dudas: “Con Perón no se jode” rezaron los afiches anónimos con los cuales se empapelaron las paredes de la Capital Federal. El proceso fue archivado y no volvió a tratarse.

Con Cristina Fernández pasa algo similar. Ni remotamente suscita adhesiones mayoritarias como el creador del justicialismo, y nadie estaría dispuesto a dar la vida por ella. Carece del carisma del General y —a diferencia de éste— no se puede decir de ella que sea incombustible. Sin embargo, hay un núcleo duro en la provincia de Buenos Aires que se halla dispuesto a votarla sin importarle cuántas causas judiciales se amontonen en su contra o cuántas condenas se fulminen a expensas de la ex–presidente.

¿Significa lo dicho antes que, más allá de lo que canten las encuestas en lo referente a la corrupción, al electorado argentino el tema no le interesa demasiado a la hora de entrar al cuarto oscuro? —Sí y no. Por de pronto está fuera de duda que a los votantes de Cambiemos la cuestión no les resbala. Cabría decir lo mismo respecto de una parte, al menos, de los seguidores de Sergio Massa y de Florencio Randazzo. De modo tal que, analizada la cuestión desde este ángulo, sí importa y mucho. Las cosas cambian de manera radical a poco de verla desde el campamento kirchnerista. Hay quienes consideran que existe una campaña orquestada y motorizada desde el gobierno para demonizar a su jefa y meterla presa. Quienes piensan así no entrarían en razón ni siquiera si la descubriesen a Cristina Fernández en plena madrugada haciendo un boquete en una institución bancaria con el propósito de saquearla. Pero no son

todos.

También están aquellos, en la tercera sección electoral del Gran Buenos Aires —donde las ventajas que le saca la viuda de Kirchner a Esteban Bullrich orilla once puntos porcentuales— para los cuales lo prioritario es el bolsillo. En punto a sus prioridades, llegar a fin de mes y satisfacer sus necesidades mínimas es mucho más importante que la conducta de Cristina Fernández cuando se hallaba a cargo del Poder Ejecutivo nacional. La diferencia entre unos y otros resulta abismal. Unos se niegan a considerar el tema de la corrupción kirchnerista a priori; los otros la pasan por alto en razón de su situación económica. El cálculo que hacen es sencillo. Se preguntan con quién estaban mejor y se responden que en 2015 sus posibilidades de consumo eran mejores que en 2017. Así de sencillo y de lineal es su razonamiento.

De nada serviría el tratar de demostrarles que el kirchnerismo dilapidó la renta sojera y desquició al país, dejándolo exhausto. El tiempo en el que se hubiera podido ensayar este argumento pasó. Fue desaprovechado por el macrismo y no hay posibilidad ninguna de resucitarlo. No obstante ello, es fundamental hacer una distinción entre los que podríamos llamar rabiosos del electorado kirchnerista y los que cabría denominar votantes ocasionales, por el desencanto con la gestión gubernamental.

A días de las PASO y a tres meses, poco más o menos, de las elecciones legislativas de octubre, la diferencia de los dos sectores adquiere una trascendencia única. Como móvil principal de la campaña, la economía acredita mayor peso que la corrupción. Los estrategas de Cambiemos harían bien en tomar nota de semejante realidad.

19 Julio, 2017 Prensa Republicana