Otra vez a merced del dólar

por Hernán Andrés Kruse • 

El dólar volvió a descontrolarse. En las últimas horas saltó a 17,50 pesos y después la banca pública logró bajarlo a 17,38 pesos, apenas dos centavos menos que el cierre anterior.

Según Página/12 (“Para frenar el dólar salió la banca pública”, 7/7/017) el jueves 6 el dólar “alcanzó el máximo histórico de 17,52 pesos por unidad. Ese nivel actuó finalmente como luz de alerta en la Casa Rosada. El Banco Central no liquidó reservas para satisfacer la demanda creciente de billetes verdes, pero esta tarea fue encomendada a la banca pública. El Provincia de Buenos Aires y el Ciudad, y en menor medida el Nación, salieron a vender dólares. El esfuerzo tuvo relativo resultado. El dólar bajó apenas dos centavos menos que el cierre anterior, al cotizar a 17,38 pesos. Así, después de once subas consecutivas, el gobierno logró frenar la escalada, aunque la inestabilidad cambiaria volvió a las primeras planas dejando en una situación incómoda al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien hace pocos días había afirmado como señal positiva que el dólar ya no importaba y no era noticia en los diarios. La tensión en el mercado cambiario sigue latente con una demanda creciente de dólares por parte de pequeños y medianos ahorristas y también de grandes operadores financieros” (…) “La incertidumbre cambiaria de estos días llevó a fondos de inversión internacionales a vender activos argentinos. Los bonos cayeron ayer hasta 1,5 por ciento. Economistas de la city plantearon que al menos hasta las elecciones de octubre continuará la volatilidad del tipo de cambio” (…) “Los inversores internacionales tomaron mayores precauciones antes de ingresar divisas de corto plazo al país, al tiempo que empiezan a dar órdenes de venta de los bonos y otros activos locales. Un informe de la agencia de bolsa Porfolio Personal muestra las caídas observadas en los títulos públicos en dólares en junio, tras la decisión de la consultora MSCI de no aprobar el cambio de la Argentina de país fronterizo a mercado emergente. Los títulos continuaron en baja ante la incertidumbre cambiaria. Ayer se destacó el retroceso del 1,5 por ciento del Argentina 2117, el bono que el ministro Luis Caputo colocó a 100 años” (…) “El país empieza a mostrar dificultades para mantenerse como el “paraíso financiero” que despertó la atención de los diarios internacionales, por ofrecer retornos extraordinarios para inversores extranjeros. La volatilidad, según los informes de las consultoras del mercado, será la regla común hasta que pasen las elecciones” (…) “El riesgo país, indicador que mide el JP Morgan, escaló 2,1 por ciento, para cerrar ayer en 445 puntos. En la jornada llegó a tocar un pico de 450 puntos, el mayor nivel en los últimos tres meses” (…) “Las reservas del BC se ubicaron ayer en 47.994 millones de dólares, monto que se engrosa con emisión de deuda pública y privada. Al respecto, la semana próxima, el Ministerio de Finanzas licitará Letes en dólares por 750 millones de dólares. Por un lado, para juntar dólares y por otro, para seducir a inversores que están dolarizando sus carteras. En la city consideran que el dólar puede seguir subiendo en las próximas semanas, sobre todo si se toma en cuenta la perspectiva del dólar futuro para diciembre, el cual se ubicó ayer en 18,70 pesos, al tiempo que anotó una cotización de 19,40 pesos para marzo próximo. Uno de los principales efectos de este movimiento no gradual del tipo de cambio, apuntan, es sobre el proceso inflacionario. Esto no lo marcan sólo economistas de la oposición sino que es un punto que señalan desde sectores conservadores. “Si en los últimos meses con el dólar quieto los precios siguieron siendo un problema, no hay forma que bajen para lo que resta del año ahora que empezó a subir el dólar”, indicaron en Ucema, universidad en la que la economía liberal es la norma. Para julio algunas estimaciones empiezan a marcar una inflación de 2,5 por ciento, cifra que sería casi el doble de la registrada en mayo, cuando el índice de precios al consumidor arrojó un alza del 1,3 por ciento”.

7 de Agosto, día de San Cayetano, es el día elegido por diversas organizaciones sindicales para efectuar una movilización contra la política económica del Gobierno. Según Página/12 (“Una marcha contra el ajuste y por el trabajo”, 7/7/017), “el próximo 7 de agosto no sólo los fieles católicos irán a la iglesia de San Cayetano a pedirle al santo por trabajo. También participarán de esa fiesta religiosa la Corriente Federal de Trabajadores en el marco de una movilización que denominaron “Marcha por el trabajo y la justicia social” (…) “La Corriente, cuya cabeza visible es el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, está conformada por una treintena de gremios entre los que se destacan las asociaciones de trabajadores lecheros, de la televisión, molineros, docentes privados, pilotos de líneas aéreas, empleados de farmacia y gráficos bonaerenses. La decisión se tomó en la sede de este último sindicato donde su titular, Héctor Amichetti, señaló que “es preciso movilizarse de forma masiva para rechazar la política económica del gobierno de los ricos, porque se ingresó en el cuarto semestre y no se observan más brotes que los oscuros resultados de estrategias que dejaron sin trabajo a millones de argentinos, sumergió en la pobreza a tantos otros jubilados y pensionados, a quienes quitó hasta los remedios, condenó a los niños a la indigencia, arruinó a los pequeños comerciantes y empresarios y obligó a cerrar 7000 establecimientos” (…) “La movilización se podrá considerar como el preámbulo de lo que podría decidir la propia CGT. La central obrera tendrá una reunión de mesa directiva la próxima semana” (…) “En uno de esos dos días (martes o jueves) podría surgir una convocatoria a una movilización que ya propuso la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera el también triunviro cegetista Juan Carlos Schmid. Tras su plenario, la CFT sostuvo que “el gobierno continúa empecinado en eliminar toda resistencia obrera con un plan sistemático de reducción de salarios, despidos masivos y suspensiones para imponer una flexibilización laboral que borre los derechos y conquistas laborales históricas de los trabajadores argentinos”. Incluso para ese importante grupo de sindicatos la ofensiva económica es acompañada por “una campaña mediática ignominiosa contra las organizaciones sindicales, equiparándolas a mafias, y difamando a sus dirigentes”. Por otra parte, Amichetti señaló que “hay cómplices en la justicia federal, quienes intervienen sindicatos, procesan a líderes obreros y fallan en contra de los trabajadores en los litigios. El Gobierno reprime de forma salvaje y criminaliza la protesta social, como lo hizo contra los maestros y miles de trabajadores”, dijo en obvia referencia a los cuatro sindicatos que se encuentran intervenidos: el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), azucareros, vigiladores privados y, recientemente, el de Canillitas que además implicó el procesamiento y el desplazamiento de su titular, Omar Plaini” (…) “Por caso, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, consideró que todos los caminos están desembocando en la convocatoria a una protesta y movilización. El dirigente sindical y precandidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana afirmó que se transita “la cuenta regresiva a la definición de una acción de protesta que es por demás necesaria”. Yasky participó de la reunión de la Corriente Federal y señaló que “es muy probable que esa fecha sea el aglutinante de una convocatoria a una gran protesta nacional con movilización”. La dilación en la que se encuentra sumergida la CGT llevó al sindicalista docente a cuestionar al triunvirato que la conduce, al considerar que ninguno de los tres secretarios generales cegetistas está a la altura de las circunstancias y responsabilidad. “(El triunviro) lo demostró en el triste papel que se hizo en aquel acto (por el del 7 de marzo), cuando los trabajadores de la CGT reclamaron la convocatoria al paro nacional”, dijo. Por otra parte, Yasky acusó a estos dirigentes gremiales de haber perdido el rumbo “porque una cosa es querer tomar distancia del kirchnerismo y otra es terminar siendo oficialista, y hacer el triste papel de seguidismo de esta política, que está haciendo tanto daño a los trabajadores”.

En su edición del 7 de julio, Página/12 publicó un artículo de Pedro J. Kesselman titulado “Setenta años con el mismo discurso falaz”. Sus párrafos salientes son los siguientes: “De manera reiterada, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y distintos funcionarios de su gobierno, vienen cuestionando a los Jueces del Trabajo y a los abogados laboralistas. Denuncia a aquellos como integrantes de un Poder Judicial que no es “equitativo”. En buen romance, que no favorece a los empresarios. Y a los segundos, como integrantes de una mafia que lleva a la quiebra de las empresas, especialmente a las pymes, genera desempleo e impide las inversiones. Es evidente que con sus palabras, Macri, como también el jefe de Gabinete, Peña Braun, y otros funcionarios de menor rango, pretenden condicionar a la Justicia Laboral para que deje de lado el principio protector que impera en materia de Derecho del Trabajo. Suman a sus dichos las amenazas y pedidos de juicio político a los magistrados que dicten resoluciones y sentencias que den razón a los reclamos de los trabajadores y sus organizaciones gremiales. El dirigente opoficialista Sergio Massa, sumó también su voz para denostar a los abogados laboralistas, calificándolos de “zánganos” que “se afanan la plata de las empresas y la plata de los laburantes” (…) “Estas conductas abiertamente antiobreras y propatronales, tratan de preparar el camino para derogar toda la legislación protectora de los derechos sociales e imponer una flexibilización laboral que vaya más lejos aún que la impuesta por el menemismo en la década del 90. Como entonces, se pretende encubrir las imputaciones y amenazas con el disfraz de “modernizar” esa legislación. Diversos editoriales del diario La Nación y notas de Clarín, así como dichos cotidianos de periodistas partidarios del Gobierno, pretenden hacer creer que “flexibilizar”, es decir, terminar con el Derecho del Trabajo, es sinónimo de modernidad, y que así llegarán las inversiones tan prometidas semestre a semestre. Agregan también que es necesario terminar con los reclamos laborales, causantes ellos, y no las políticas gubernamentales, de los cierres de empresas y la desocupación creciente. Este discurso es falso y no resiste el menor análisis a la luz de la historia. El 29 de agosto de 1940 el diario La Prensa publicó una nota “La legislación del trabajo y la desocupación obrera”, en relación a la presentación de una entidad empresaria ante el Poder Ejecutivo, ejercido entonces por Roberto M. Ortiz. Afirmaba allí que “algunas normas legales dirigidas a favorecer a los obreros de acuerdo con la intención con que las sancionó el Congreso conspiran, en realidad, contra el comercio y la industria, y ocasionan desocupación”. Más adelante decía: “Hay una crisis de empleo, un retraimiento de la locación de mano de obra. Sin embargo nuestras autoridades persisten en desviar la orientación de los capitales con la oferta de títulos de deuda pública, mucho más interesante sin duda que cualquier otro destino en el que abundan riesgos, como los que la nota ya mencionada resume, al hacer un examen detenido de los efectos que sobre el trabajo tienen algunas de nuestras leyes. La ley 11.317 sobre capacidad y ocupación de los menores, impide la formación de obreros especializados; la 11.729 dificulta la colocación de los que tienen 18 años pero no cumplieron el servicio militar y otras sobre despidos, vacaciones pagas, indemnización, etc., importan, “no sólo un aumento insoportable de la carga fija sino también una permanente fuente de sorpresas que acompañan a cada nuevo fallo judicial” sobre su alcance. Existe, pues, lo que muchos denominan la desocupación del capital y del espíritu de empresa que no encuentran ubicación porque las leyes los comprometen y los asustan…Cualquier actividad se ve afectada por trabas e imposiciones que absorben todo posible beneficio. Las relaciones entre el capital y el trabajo se acrecientan día a día y cada nueva exigencia en materia de indemnizaciones, conservación de empleos, disminución de jornadas y subsidios, contribuye al aumento de la desocupación…” Me permito recordar que en agosto de 1940 no habían nacido Néstor y Cristina Kirchner; Perón era un ignoto oficial del Ejército; el peronismo no existía; las leyes protectoras de los trabajadores eran escasas, y algunas, como las leyes 11.317 y 11.729, habían sido sancionadas, la primera, durante la presidencia del radical Marcelo T. de Alvear, y la segunda, siendo presidente el General Agustín P. Justo, es decir, un gobierno conservador. Tampoco existía la Justicia del Trabajo, pues los juicios laborales se ventilaban en tribunales civiles y de paz. Pero es llamativo y mueve a la reflexión que el discurso empresario-hoy también gubernamental, pues grandes empresas y gobierno se identifican-, no haya variado y sea el mismo después de setenta y siete años. Según ese discurso, las leyes laborales y los juicios en defensa de los derechos que esas normas conferían y confieren a los trabajadores eran y son culpables de la desocupación y la falta de inversión del comercio y la industria. La realidad se encargó, durante más de setenta años, de desmentir al diario de los Paz. Desde agosto de 1940 el país atravesó crisis institucionales y económicas diversas; tiempos de bonanza y tiempos de caída de la actividad industrial y comercial, tiempos de ocupación casi plena y tiempos de más elevadas tasas de desempleo. Pero a nadie se le ocurriría culpar por esas crisis a las leyes laborales, a los jueces y a los abogados laboralistas” (…) “Es hora que el gobierno nacional se haga cargo de las graves consecuencias causadas por sus políticas sociales y económicas, cesando en su permanente falso relato de atribuir tales desastrosos efectos a “pesadas herencias” o a los derechos que la Constitución Nacional y las leyes confieren a los trabajadores y a quienes los defienden ante los Tribunales de Justicia”.

En su edición del 7 de julio, La Nación publicó un artículo de Roberto Gargarella (“El contrato del Nunca Más ya no rige nuestra vida política”) y un editorial que lleva por título “El partido de los procesados”.

Escribió Gargarella: “Pertenezco a la generación del Nunca Más. Eso puede significar cosas distintas; destacaría dos: un compromiso irrevocable con el respeto a los derechos humanos y una adhesión irrenunciable al sistema democrático. Ésa fue, según entiendo, la (doble) lección que aprendimos en la transición democrática, mirando hacia atrás” (…) “La idea de democracia allí en juego implica, como mínimo, elecciones libres, derecho a participar, derecho a manifestarnos, a pensar distinto, a protestar, a vivir conforme a los dictados de nuestra conciencia. La idea de derechos humanos, mientras tanto, nos refiere, ante todo, y a la luz de lo acontecido, a que no haya más tortura, a que no haya más disparos contra el que piensa distinto. Nunca más persecución de las ideas “enemigas”. El acuerdo en torno al Nunca Más se mostró firme cada vez que se lo puso a prueba, al menos hasta tiempos recientes” (…) “A los pocos años, sin embargo, ese pacto tembló. El contrato que nos mantenía juntos se mostró entonces ambiguo, borroso. La ilusión según la cual estábamos unidos en la base, más allá de las muchas diferencias políticas que podían separarnos, se confirmó como eso: un ensueño, un espectro que seguía firme por inercia. No se trataba sólo de que habíamos crecido; o de que las nuevas generaciones sostenían otro tipo de valores; o de que en la estabilidad democrática habíamos comenzado a privilegiar otros ideales. Tal vez hubo, entre los viejos creyentes del pacto, alguna ruptura. O quizás fue, simplemente, la paulatina erosión del tiempo la que operó, hasta que quedara en claro que los compromisos asumidos no habían, en verdad, calado tan hondo. Fue en los últimos años, sobre todo, cuando el quiebre se hizo más visible. Lo advertimos cuando subió la temperatura política, al calor de un agravamiento del conflicto social (simbolizado con la “crisis del campo”) y de la agudización de las divisiones ideológicas reinantes. La defensa del lado propio-los propios intereses, las propias posiciones políticas-volvió a ponerse por encima de todo, para justificar aun el desplazamiento de lo indesplazable: la integridad física, la vida misma” (…) “El acuerdo según el cual la muerte era la frontera infranqueable se mostraba rajado. Como a mediados de los 70, como durante la dictadura, se decidió relativizar el valor de los derechos humanos: era necesario “salvar” a un gobierno, negando las muertes. Nisman fue la reiteración del mismo mecanismo, más allá de lo que uno piense acerca de la fragilidad de su informe o las causas últimas de su muerte. Ello se plasmó, del modo más cruel, con la distribución de miles de afiches denunciando la supuesta inmoralidad del fallecido” (…) “Otra vez el mismo esquema: la muerte no era tan importante o el muerto se lo tenía merecido” (…) “Se trataba de los usos propios de los tiempos de la dictadura: trivializar la muerte del otro, si se trata de la muerte del enemigo; quitarle sentido a la vida, si otorgárselo sirve a los intereses de quien no está conmigo. Lo mimo ocurrió con Milani” (…) “Las muertes y las desapariciones que constituían el trasfondo común del acuerdo democrático de los 80 eran ahora puestas en duda. El oportunismo político, las necesidades de la coyuntura (proteger al gobierno de turno) se pusieron entonces por encima de los deberes de la resistencia moral, política y jurídica contra Milani, que exigían justicia y condena, en lugar de premiarlo designándolo al frente del Ejército. El último caso que quiero mencionar refiere a la sucesión de crímenes políticos producidos en Venezuela” (…) “Los jóvenes muertos pasaron a ser, en este contexto, “agentes camuflados del Imperio”. Otra vez: la necesidad política venía a justificar la aniquilación del otro; la negación de los opositores como ciudadanos iguales; el uso del aparato estatal para arrasar los derechos del “enemigo” (…) “Las resistencias que muchos pensamos firmes, inquebrantables, frente a la dictadura, ya no se advierten: los anticuerpos ya no están más. Como en la dictadura, y como antes de la dictadura, aparece el cálculo frente a la muerte política: antes de condenar cada muerte, debe averiguarse primero quién se beneficia con esa condena. La muerte y la tortura ya no son el límite: depende de dónde vengan. El contrato del Nunca Más ya no rige en la política argentina”.

Escribió el mitrismo: “Llamativamente, diversas encuestas de opinión empiezan a mostrar que para una parte de la sociedad no resulta grave que un dirigente político se encuentre sospechado de haber cometido hechos ilícitos. Y que, por ende, no debería ser motivo de preocupación que, en esas condiciones, se presente a comicios para competir por un cargo público. No es casual que esa franja de personas consultadas se identifique con el kirchnerismo, que dio y sigue dando albergue institucional a una gruesa porción de imputados judicialmente, digna de un triste récord de Guinness. Mientras en el Congreso se espera saber qué decisión tomará el juez Luis Rodríguez respecto del pedido del fiscal Carlos Stornelli para que se desafuere y detenga al diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación Julio De Vido, la justicia electoral nacional impugnó la candidatura a la re-reelección senatorial de Carlos Menem (Alianza Frente Popular-La Rioja) a raíz de la condena en su contra, confirmada por el máximo tribunal penal del país, por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia cuando era presidente de la Nación” (…) “La propia Cristina Kirchner, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, se halla varias veces procesada, entre otras cosas, como sospechosa de ser la jefa de una asociación ilícita, por lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y otorgamiento irregular de obra pública. Hay que destacar que, entre quienes buscan desesperadamente conseguir fueros para evadir la Justicia, el kirchnerismo ocupa la mayoría de los casilleros en un imaginario bingo delictual” (…) “La lista de ex funcionarios kirchneristas que ya pasaron de imputados a procesados es larguísima. Tan extensa que debería inhibir a los representantes de ese sector de señalar con el dedo acusatorio a dirigentes de otros partidos requeridos judicialmente y de quienes también se espera que rindan las correspondientes cuentas. Como si la extensión de un mal los aliviara de padecerlo en gran escala. Son legión los kirchneristas en conflicto con la Justicia y a los que, pasado tanto tiempo, se les siguen encontrando más y más pruebas que impiden a los jueces tomar una decisión que los beneficie. Resultan contados con los dedos de una mano los casos en los que se ha dictado la falta de mérito o el sobreseimiento” (…) “El número de procesados kirchneristas apabulla, como abruma la cantidad de pruebas que aparecen día tras día complicando aún más sus situaciones judiciales. Sarcásticamente, se podría decir que conforman un partido político en sí mismo: el de la ilegalidad. De los jueces depende que las causas avancen para que nadie pueda gozar de las bondades de una instancia superior: la de la impunidad, cada vez con más adeptos en nuestro país. Recordar estos nombres y su pasado en la función pública es una práctica que no debemos abandonar si queremos de una vez por todas retomar el camino de la institucionalidad, del respeto a las leyes. El voto es la herramienta privilegiada en el recorrido de esa ruta. Y la memoria, el insumo imprescindible para que gire la rueda de la transparencia. Vale la pena perfeccionarlo para desterrar, como decía Voltaire, a los que creen que el dinero lo hace todo y terminan haciendo todo por dinero”.

En su edición del 7 de julio, Clarín publicó un artículo de Loris Zanatta titulado “Venezuela y los fantasmas del ´55”. Escribió el autor: “En el Ángelus del domingo, el Papa mencionó la crisis venezolana. Usó las palabras que un Papa suele pronunciar en tales circunstancias: condenó la violencia, se unió al dolor de las familias de las víctimas, pidió una solución pacífica. Finalmente, agregó una palabra rara en su léxico: una solución “democrática”, especificó” (…) “A primera vista, todo es impecable: después de quemarse la mano con que había estrechado la de Nicolás maduro, lanzándole un salvavidas providencial cuando el mundo se le caía encima, Francisco parece haber tomado nota de que el gobierno venezolano no piensa cumplir con ninguna de las condiciones para el diálogo. Por lo tanto, se habría resignado a la línea dura del episcopado venezolano, que al chavismo no las manda decir: es una dictadura, repite, culpable del hambre y la represión de los ciudadanos y decidida a crear un régimen totalitario. Raspando un poco por debajo de la superficie, sin embargo, no parece que las cosas sean exactamente así. Al leer las condenas estentóreas del régimen pronunciadas por los obispos y el balbuceo tímido del Papa sobre el tema, se diría que viven en diferentes planetas; que de la crisis no tienen el mismo diagnóstico. No hace falta decir que en público expresan un total acuerdo. Pero fueron los obispos quienes pidieron ser recibidos por el Papa y quienes informaron a la prensa del apoyo que les brinda Francisco, quien por su parte no añadió nada: silencio” (…) “Pero sobre Venezuela, su colapso, el hambre, la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, sobre las recetas económicas y sociales que han arrasado con el país y sobre sus responsables, nada: palabras vagas. ¿Por qué? La historia y las ideas de Bergoglio ayudan a entenderlo: permiten estar seguros de que le cuesta mucho aceptar la divisoria entre democracia y dictadura evocada por los obispos venezolanos. En cambio, le sonará mucho más familiar la distinción entre pueblo y oligarquía enarbolada por el régimen y el clero chavistas” (…) “¿No es el chavismo, como lo fue el peronismo, un típico movimiento nacional popular empapado de cristianismo espontáneo y por lo tanto meritorio, según dijo Bergoglio un día, de su preferencia?” (…) “Es fácil imaginar que la crisis venezolana evoque en Bergoglio los trágicos días de 1955, cuando la Iglesia argentina inspiró el levantamiento militar que derrumbó a Perón y un abismo se abrió entre ella y el pueblo católico del peronismo; un trauma del que nunca se recuperó, tanto que el fantasma peronista la laceró siempre, como laceró el país que pretendía compactar en nombre del catolicismo. Y eso que el peronismo entonces, como hoy el chavismo, había perdido todo rasgo democrático y cumplido grandes pasos hacia la edificación del orden totalitario. Entre una democracia de minorías y una tiranía en el nombre del pueblo, además cristiana, mejor la segunda: así pensó desde entonces buena parte del clero argentino, ansioso de librarse de la infame acusación de apoyar a la oligarquía” (…) “Su corazón (el de Bergoglio) late por el pueblo chavista; pero el chavismo ha cruzado el Rubicon y ya no es defendible, un poco como el kirchnerismo, fragmento desviado del peronismo. Sin embargo, queda pendiente un gran problema. La Venezuela de 2017 no es la Argentina de 1955 y el mundo no es ahora lo que era entonces. El pueblo de los electores y el pueblo de Dios no son ya el inquebrantable haz que un tiempo garantizaba cómodas mayorías a chavismo y peronismo; los ciudadanos son hoy muchos más celosos de la democracia que hace 60 o 20 años. Parece, por lo tanto, más evidente que nunca que el pueblo tan evocado es un mito erosionado por la historia, como lo es la llamada oligarquía; que la visión del mundo basada en esas categorías es inadecuada. ¿Se vio alguna vez una “oligarquía mayoritaria”? ¿Un pueblo” minoritario? Es lo que está sucediendo en Argentina y Venezuela. Esto confirma lo que algunos agudos religiosos argentinos habían entendido en el pasado y que tan claro le resulta hoy a los obispos venezolanos: que la democracia le conviene al pueblo y le conviene al Evangelio. Convencido o no, el Papa ha indicado en ella la solución, 85 muertos después de estrechar la mano de Maduro”.

InformadorPúblico.com (8/7/17)