El gobierno lanzaría en los próximos días una nueva ofensiva contra la corrupción supuestamente extendida en muchos partidos políticos que participaron de las recientes PASO.
Los objetivos de tanto empeño serían fundamentalmente dos: tratar de tapar el escándalo del recuento provisorio de votos en la Provincia de Buenos Aires y, por último, reinstalar la idea de que es necesaria una urgente reforma electoral que esta vez consume, entre otras cosas, la sanción de la boleta electrónica que -según los cálculos de la mesa chica del PRO- le permitiría a Mauricio Macri asegurarse la reelección en el 2019.
Es así que operadores del oficialismo están tratando de empujar a la justicia electoral -y en particular a la Cámara Nacional Electoral- de la cual dependen los auditores de las cuentas partidarias, para que sancionen con severidad ejemplar a los partidos cuyas próximas rendiciones de cuentas de campaña serían las más sospechadas. Como dispone la ley, dentro de tres semanas deberán presentarse los informes finales de campaña y entonces saldrán a la luz los manejos contables de cada partido.
Algunas muestras para empezar
Por lo que trascendió hasta ahora, el Partido Bandera Vecinal, que dirige el neonazi Alejandro Biondini, estaría bajo la lupa judicial. El caso Biondini inició este año el escándalo al difundirse que Bandera Vecinal recibiría 20 millones de pesos de aportes públicos porque presentaba en Buenos Aires nada menos que seis listas de precandidatos a senadores nacionales y sólo una para diputados nacionales. Lo llamativo es que las listas para senadores se llenan fácilmente con cuatro postulantes (dos titulares y dos suplentes) mientras que las de diputados exigen nada menos que 50 precandidatos. La presunción es obvia: Biondini habría montado un mecanismo para cobrar sin esfuerzo por seis listas de senadores fáciles de armar, dejando sólo una de diputados, que es mucho más compleja.
El otro blanco de las investigaciones judiciales sería el Partido Federal, que en Buenos Aires pretendía cobrar 22 millones con sus cuatro listas para diputados nacionales. La Cámara Nacional Electoral, ante la negativa del gobierno a convalidar estas maniobras, dio un giro sorpresivo de 180 grados en su jurisprudencia y sostuvo que no debían pagarse las boletas electorales por cada lista -como decía su fallo anterior- sino por partido, como dice la ley. El correctivo aplacó a medias el escándalo pero el macrismo igualmente aprovecharía las fuertes versiones sobre la utilización dada a los fondos cobrados por al menos una veintena de partidos.
El Partido Federal, como dijimos, estaría bajo la presunción de una posible defraudación al estado. Tanto éste como Bandera Vecinal, apenas superaron el pasado 13 de agosto el 0,30 por ciento de los votos.
Con Julio Cruciani como candidato a senador nacional, el Partido Federal realizó una pobre campaña que no justificaría en modo alguno los fondos recibidos, según señalaron a este medio algunos funcionarios judiciales. La cadena de responsabilidades penales, en caso de comprobarse la existencia de ilícitos, podría salpicar al presidente del partido y prencandidato a primer diputado nacional por Buenos Aires, Daniel Madeo, y a varios dirigentes, entre ellos el vicepresidente Daniel Assante y a Jaime Alper. Un estudio jurídico a cargo de la red de contrataciones del partido, el estudio Belchorc, también sería observado.
Claro está que estos dos partidos serían sólo el comienzo de una serie de investigaciones que le permitan al macrismo exhibir los vicios del actual sistema.
InformadorPúblico.com • 22/08/2017 •
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