El país político está de cara a las elecciones del 22 de octubre con un clima muy particular.
Prácticamente todas las primeras figuras actúan como si dieran por cierto que Mauricio Macri -salvo imprevistos- ya acomodó sus piezas de modo tal de que su reelección como presidente es difícil de evitar. Es así que sólo CFK, tal como quiere el gobierno, habla de sus aspiraciones de competir en el 2019. Juan Manuel Urtubey se insinúa pero no da ningún paso y Sergio Massa, desteñido por su tropiezo en las PASO, sólo alcanza a mostrarse como un miembro más de una difusa entente con los gobernadores del PJ. En suma, la política argentina está dejando de generar presidenciables ante la convicción generalizada de que habrá un segundo turno del PRO. Como contrapartida de esto, se insinúan para después del 22 de octubre duras batallas por el control de los enclaves de poder que pueden ser decisivos. El primero es el Senado y en particular la bancada del PJ, donde todo indica que se librará un combate entre cristinistas y poscristinistas que será el espejo de todo el peronismo en su conjunto. El duelo entre Miguel Ángel Pichetto y la ex presidente es una síntesis casi perfecta de lo que está ocurriendo en el PJ: no son los enemigos de aquélla sino sus más destacados seguidores de otros tiempos los que se la quieren sacar de encima.
La elección de autoridades del PJ bonaerense -que debería convocarse para marzo- es otra batalla de significado estratégico. El kirchnerismo descansa en el poder territorial de un triángulo de intendentes que sostienen su poder en la tercera sección electoral: Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo). Pero en el resto de la provincia, las banderas K escasean. Eduardo Duhalde volvió a la plena actividad y teje con Massa y Florencio Randazzo una línea de intendentes y legisladores que podría aspirar a quedarse con el partido. Nadie deja de ver lo que significa el tema. Si el PJ bonaerense, hoy en manos del kirchnerista Fernando Espinoza, pasa a manos poskirchneristas, vendrá el asalto al PJ Nacional, donde un alicaído José Luis Gioja acaba de convocar a votar a CFK en octubre.
El tercer enclave de primera línea en juego es la CGT, donde el triunvirato que conduce se está apagando en momentos en que el gobierno toma fuerzas para arremeter con proyectos de flexibilización laboral y de más control sobre las obras sociales que golpearían a la cúpula sindical. Desde el vértice del poder y a través de las usinas judiciales, se envían mensajes inequívocos, como la profundización de las investigaciones judiciales contra dos secretarios generales de gremios que representan al sindicalismo K, el portero Víctor Santamaría y el jefe de los petroleros privados (y ex massista) Luis Roberti.
La dureza del ajuste que se avecina exige una cúpula sindical a la defensiva y también una intensa ofensiva en las causas judiciales contra CFK, Julio De Vido y otros.
Fuera del peronismo y en el campo oficialista, la inminente victoria abrumadora de Elisa Carrió -se habla de un 60 por ciento- podría o no ser el comienzo de un dolor de cabeza para Macri. Están los que anuncian que la polémica diputada va a convertir su triunfo en la base de lanzamiento de una corriente crítica del oficialismo que la distanciaría poco a poco de la Casa Rosada. Otros dicen lo contrario, que ella es una leona herbívora y que no se apartará de lo que pacte con Marcos Peña, no dejándose tentar por el vacío que existe de una línea política oficialista disidente.
Maldonado como advertencia
Si la lucha por ciertos enclaves de poder marcaría la etapa postelectoral, el caso de Santiago Maldonado le va dejando a la Casa Rosada el sabor de una dura advertencia. El gobierno falló en distintos aspectos: no supo reaccionar con reflejos políticos ante la crisis y quedó marcado por la rigidez de Patricia Bullrich. Pero también tardó en armar una línea de comunicación que le permitiera sobrellevar el ataque masivo de la prensa de izquierda. Por último, quedó al desnudo la escasa articulación del sistema de seguridad y las marcadas peleas corporativas entre las fuerzas federales. A esto se agregó la deplorable actuación del juez federal de Esquel, Guillermo Otranto, que decidió investigar sin ocuparse de los mapuches. O sea averiguar sobre la desaparición de Maldonado en tierras mapuches sin preguntarle a éstos nada sobre el tema.
El caso tiene entonces alto valor de advertencia porque indudablemente muchos grupos radicalizados ven en la declinación de CFK y la probable reelección de Macri la sombra de un futuro oscuro que podría incluir también investigaciones sobre los cuantiosos fondos de planes sociales cooperativas y otros que administraron los grupos que motorizan el caso Maldonado. Para esta franja revoltosa y potencialmente violenta de la política , se trata de frenar la consolidación del macrismo casi a cualquier precio, porque en ello les va su subsistencia política.
Para mantener vigencia, necesitan de más Maldonados o de focos de violencia que vuelvan a dejar descolocado a un gobierno que no tiene vocación de enfrentar crisis.
Informador Público.com • 17/09/2017
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