por Eduardo Difonso*
Debemos destacar que la reunión anual del G-20 organizada en nuestro país fue un éxito en lo que se refiere a la seguridad, coordinación, encuentros bilaterales, comidas y la velada de gala en el teatro Colón donde se mostró lo mejor de Argentina en espectáculo visual y artístico.
Los anuncios de acuerdos e inversiones a mediano y largo plazo, la mayoría para infraestructura energética, transporte de pasajeros y de cargas, vías de comunicaciones y autopistas, deberán instrumentarse en el tiempo para que tengan recién entonces principio de ejecución.
Todo indica que nuestro país se está integrando al mundo en base a la política exterior implementada y a las relaciones de tipo personal que impulsa el presidente Macri que le han permitido conseguir apoyo en las decisiones del FMI para prestarle U$S 57.000 millones de dólares para asegurar el cumplimiento de los pagos de amortización y servicios de deudas asumidas con organismos de crédito que aportaron más de U$S 100.000 millones de dólares durante los primeros dos años de la gestión PRO-RADICAL.
Ante estos éxitos en las relaciones internacionales el gobierno no puede ni debe dejar de atender los problemas estructurales internos que sufre el país y los argentinos, para los cuales debería tener un plan estratégico con visión integral de la problemática para aplicar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico-industrial para agrandar la economía nacional y así poder hacer frente a las deudas contraídas con el incremento del ingreso de divisas generadas por la exportación y por la renta de los recursos naturales que hoy son explotados por empresas multinacionales concesionarias de la extracción de esos recursos.
En lo inmediato debemos tomar conciencia de la pérdida del valor adquisitivo sufrido por los distintos sectores de asalariados:
El Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) acaba de publicar un informe técnico donde queda demostrado, con datos estadísticos y valores reales, que el Bono de fin de año propuesto por el gobierno de $ 5.000.-significa sólo el 6,60% de lo perdido por los diferentes asalariados, jubilados y asignaciones por AUH en el año 2018.
Dicho estudio hace un examen de la situación de los jubilados, de las asignaciones, y de los asalariados a efectos de dejar en claro cuál sería el bono que debiera pagarse para compensar la pérdida que, en materia de poder adquisitivo, viene observándose como resultado de las corridas cambiarias y sus efectos en la evolución de los precios.
Para el análisis se ha considerado que el IPC del 2018 culminaría con una evolución del 47,4% en el caso más favorable.
-Así las cosas, la pérdida de valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) calculando el monto que debieran percibir los beneficiarios si se pretendiera devolverles, con el bono, lo que perdieron este año es de $ 2.109,00 lo que han perdido desde la asunción de Macri, el acumulado desde diciembre del 2015 la cifra a pagar debiera ascender a $ 4.336,80, si el objetivo del bono fuera compensar lo perdido en la gestión del gobierno de PRO-RADICAL de manera justa.
-Mientras que la pérdida sufrida por el Haber Mínimo Jubilatorio durante el año 2018 y desde la asunción del Presidente Macri, de acuerdo a lo calculado, para los que cobran el haber mínimo, debieran recibir para recuperar lo perdido este año $ 13.243,50. Y si se quisiera compensar por lo perdido desde 2015, el valor del bono debiera ser de $ 24.771,60.
-La pérdida acumulada en el curso de este año por los Trabajadores privados y Registrados, el bono debiera equivaler a casi dos veces y media sus salarios (2,38). En tanto el promedio salarial medio de los registrados se ubica en $ 24.194,00 entonces el bono debiera ascender a $ 57.470,00. Por lo tanto, la propuesta del Gobierno que parece aceptar el oficialismo de la CGT representa apenas el 8,7% de lo que se necesitaría para compensar la pérdida salarial.
Por lo tanto la propuesta oficial no solo es un bono muy restringido, ya que deja afuera a los trabajadores no registrados y a los estatales, sino que es una mísera recomposición para los trabajadores privados registrados.
-Para el caso de los Trabajadores Estatales deberían percibir un bono equivalente a casi tres veces y media (3,48) su promedio salarial. Hecho este que se explica porque la perdida de los trabajadores del Estado es mayor aún que la de los trabajadores del Sector Privado. Así, con un promedio salarial de $ 26.647,00 los estatales debieran recibir un bono de $ 92.767,00 para compensar lo perdido en el 2018.
Y si se quisiera compensar toda la pérdida acumulada desde diciembre del 2015 el bono debería ser de $ 173.263,10.
-Por su parte, los Trabajadores No Registrados necesitarían un bono equivalente a casi 5 veces y media su salario actual (salario promedio actual $9.595). Por ende el bono debiera ascender a $ 52.055,20.
Y si se quisiera compensar la pérdida acumulada en 2016, 2017 y 2018 en el sector Privado No Registrado, el bono debería ser de $ 118.896,10.
En síntesis, el salario promedio de la economía argentina, considerando todo el universo de trabajadores, asciende a $ 19.734,80. Por ello, el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018, debiera ascender a $ 75.186,20.
Así las cosas, la propuesta del Gobierno y la CGT representa apenas el 6,60% de lo que debieran recibir los trabajadores para recuperar lo perdido en el año 2018.
Y su acumulado durante los tres años de gestión del Ing. Macri debería ser de $ 161.493,30 para recuperar la pérdida del valor adquisitivo de esos salarios.
Todo indica que nuestro país se está integrando al mundo en base a la política exterior implementada y a las relaciones de tipo personal que impulsa el presidente Macri que le han permitido conseguir apoyo en las decisiones del FMI para prestarle U$S 57.000 millones de dólares para asegurar el cumplimiento de los pagos de amortización y servicios de deudas asumidas con organismos de crédito que aportaron más de U$S 100.000 millones de dólares durante los primeros dos años de la gestión PRO-RADICAL.
Ante estos éxitos en las relaciones internacionales el gobierno no puede ni debe dejar de atender los problemas estructurales internos que sufre el país y los argentinos, para los cuales debería tener un plan estratégico con visión integral de la problemática para aplicar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico-industrial para agrandar la economía nacional y así poder hacer frente a las deudas contraídas con el incremento del ingreso de divisas generadas por la exportación y por la renta de los recursos naturales que hoy son explotados por empresas multinacionales concesionarias de la extracción de esos recursos.
En lo inmediato debemos tomar conciencia de la pérdida del valor adquisitivo sufrido por los distintos sectores de asalariados:
El Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) acaba de publicar un informe técnico donde queda demostrado, con datos estadísticos y valores reales, que el Bono de fin de año propuesto por el gobierno de $ 5.000.-significa sólo el 6,60% de lo perdido por los diferentes asalariados, jubilados y asignaciones por AUH en el año 2018.
Dicho estudio hace un examen de la situación de los jubilados, de las asignaciones, y de los asalariados a efectos de dejar en claro cuál sería el bono que debiera pagarse para compensar la pérdida que, en materia de poder adquisitivo, viene observándose como resultado de las corridas cambiarias y sus efectos en la evolución de los precios.
Para el análisis se ha considerado que el IPC del 2018 culminaría con una evolución del 47,4% en el caso más favorable.
-Así las cosas, la pérdida de valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) calculando el monto que debieran percibir los beneficiarios si se pretendiera devolverles, con el bono, lo que perdieron este año es de $ 2.109,00 lo que han perdido desde la asunción de Macri, el acumulado desde diciembre del 2015 la cifra a pagar debiera ascender a $ 4.336,80, si el objetivo del bono fuera compensar lo perdido en la gestión del gobierno de PRO-RADICAL de manera justa.
-Mientras que la pérdida sufrida por el Haber Mínimo Jubilatorio durante el año 2018 y desde la asunción del Presidente Macri, de acuerdo a lo calculado, para los que cobran el haber mínimo, debieran recibir para recuperar lo perdido este año $ 13.243,50. Y si se quisiera compensar por lo perdido desde 2015, el valor del bono debiera ser de $ 24.771,60.
-La pérdida acumulada en el curso de este año por los Trabajadores privados y Registrados, el bono debiera equivaler a casi dos veces y media sus salarios (2,38). En tanto el promedio salarial medio de los registrados se ubica en $ 24.194,00 entonces el bono debiera ascender a $ 57.470,00. Por lo tanto, la propuesta del Gobierno que parece aceptar el oficialismo de la CGT representa apenas el 8,7% de lo que se necesitaría para compensar la pérdida salarial.
Por lo tanto la propuesta oficial no solo es un bono muy restringido, ya que deja afuera a los trabajadores no registrados y a los estatales, sino que es una mísera recomposición para los trabajadores privados registrados.
-Para el caso de los Trabajadores Estatales deberían percibir un bono equivalente a casi tres veces y media (3,48) su promedio salarial. Hecho este que se explica porque la perdida de los trabajadores del Estado es mayor aún que la de los trabajadores del Sector Privado. Así, con un promedio salarial de $ 26.647,00 los estatales debieran recibir un bono de $ 92.767,00 para compensar lo perdido en el 2018.
Y si se quisiera compensar toda la pérdida acumulada desde diciembre del 2015 el bono debería ser de $ 173.263,10.
-Por su parte, los Trabajadores No Registrados necesitarían un bono equivalente a casi 5 veces y media su salario actual (salario promedio actual $9.595). Por ende el bono debiera ascender a $ 52.055,20.
Y si se quisiera compensar la pérdida acumulada en 2016, 2017 y 2018 en el sector Privado No Registrado, el bono debería ser de $ 118.896,10.
En síntesis, el salario promedio de la economía argentina, considerando todo el universo de trabajadores, asciende a $ 19.734,80. Por ello, el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018, debiera ascender a $ 75.186,20.
Así las cosas, la propuesta del Gobierno y la CGT representa apenas el 6,60% de lo que debieran recibir los trabajadores para recuperar lo perdido en el año 2018.
Y su acumulado durante los tres años de gestión del Ing. Macri debería ser de $ 161.493,30 para recuperar la pérdida del valor adquisitivo de esos salarios.
¿Por qué cae el consumo y la economía se achica?
Este informe deja en claro la caída del consumo en la Argentina ya que los consumidores, mayoría asalariados, jubilados, pensionados y los que reciben asignaciones sociales, han sufrido una baja muy importante en sus ingresos.
También lo explica la quiebra y posterior cierre de más de 7.000 pequeñas empresas en los últimos tres años, lo que genera una cantidad de desempleados que dejan de percibir sus ingresos. En el período analizado superan los 200.000 personas despedidas y de 70.000 sólo durante este año (2018).
A esta desocupación debemos agregarle que un país necesita crecer anualmente y, como mínimo, el 3% de su PBI (Producto Bruto Interno) para poder incorporar la masa laboral que genera el sólo crecimiento vegetativo de la población llamada PEA (Población Económicamente Activa), jóvenes que están en edad de comenzar a trabajar.
Lamentablemente las previsiones según organismos internacionales, entre ellos, el propio FMI, han estimado que argentina tendrá un decrecimiento de su PBI, en el mejor escenario posible, del -2,7% y en un escenario desfavorable del -6%. Por ello, y de ser así, la nueva PEA deberá esperar dos años a partir del 2020 para ver si puede integrarse al mercado laboral, mientras que en el peor de los casos ese tiempo superará los cuatro años, siempre y cuando argentina empiece crecer al 3% de su PBI en el año 2020.
Y todo este panorama se agrava si recordamos que de la capacidad industrial instalada sólo funciona el 57%. Es decir que de toda la mano de obra que puede generar la industria, el valor agregado que incorpora a la producción primaria y las divisas que podrían ingresar al incrementar las exportaciones de productos industrializados, se ve reducida a ese 57% que funciona porque hay un 43% que es una inversión ociosa que no genera nada, sólo deterioro por falta de actividad.
Recordemos que el Gobierno no ha dado respuesta al planteo y solicitud de las Pymes de pesificar el valor de la energía y congelar tarifas por 180 días.
Industriales Pymes Argentinos (IPA) reclamaron la pesificación del valor de la energía y el congelamiento de las subas de tarifas por 180 días para dar previsibilidad al sector, entre otras medidas orientadas a morigerar los gastos totales de las fábricas.
El sector señaló que los costos energéticos que pesan sobre las empresas fabriles representan un 24% de los gastos totales de las fábricas y que su traslado a los precios de las góndolas explican el 30% de la inflación.
No sólo las PyMES industriales reclamaron al gobierno revisar la política tarifaria sino que las Pymes, nucleadas en veinte(20) Cámaras denuncian crisis terminal y exigen políticas públicas.
Más de 20 cámaras y entidades que agrupan a empresarios pymes anunciaron que se concentrarán el jueves (6-12)frente al Congreso para reclamar medidas urgentes.
Apyme, asociación de pequeñas empresas que absorben más del 70% de los trabajadores en nuestro país y entre esas organizaciones empresariales, estarán la Fundación ProTejer, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Industriales Pymes Argentinos (IPA), la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), y la Central de Entidades de Empresarios Nacionales (CEEN), además de más de 100 cámaras locales que adhieren al reclamo y al documento.
Los dirigentes pymes intentarán dialogar con legisladores del oficialismo y de la oposición para plantearles la problemática de la actividad y presentar un documento con propuestas concretas.
Sostienen que en un contexto recesivo que incluye caída de ventas, aumento de tarifas e imposibilidad de financiamiento su objetivo parece limitarse a sobrevivir.
Desde IPA adelantaron que “los prejuicios que generan los embargos de cuentas por atrasos en los pagos impositivos, la aplicación de altas tasas de interés bancarias que imposibilitan el financiamientos y el incremento de los impuestos” serán parte del documento a presentar a los legisladores de las distintas bancadas.
“Existe una preocupación muy grande en todo el sector productivo por la falta de un plan para desarrollar la economía nacional” dijo el presidente de IPA.
Mientras que Rodolfo Liberman, vicepresidente de Apyme, se expresó sobre las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas actualmente. El reclamo principal tiene que ver con la destrucción del mercado interno y con la necesidad de reactivar la demanda.
En este sentido, reclaman políticas públicas en un contexto donde los industriales tienen más de 50% de capacidad ociosa.
Y como si lo expresado no fuera suficiente UNICEF en su informe sobre la pobreza en Argentina afirmó que: “casi la mitad del futuro del país está en riesgo”.
Un informe de Unicef advirtió que el 42% de los niños y adolescentes en Argentina carecen de al menos uno de los derechos básicos para tener una calidad de vida digna, advirtiendo que no se considera la pobreza por los ingresos monetarios sino que se refiere a la falta de: Educación (asistir sin retraso), Protección social, Vivienda adecuada (sin hacinamiento, con piso y techo adecuados), Saneamiento básico (tener un baño adecuado de uso propio), Acceso al agua segura (acceso al agua de red dentro de la casa), Hábitat seguro (vivir en zonas alejadas de basurales y no inundables), esto es lo que se conoce con el nombre de Pobreza Estructural.
Estos temas son prioritarios para cualquier gestión de gobierno y sin embargo esta gestión PRO-RADICAL parece no tener respuestas para estos temas tan sensibles para los asalariados, PyMES, niñez y adolescencia, pobreza estructural, industria parada el 50%, entre otros, que son de resolución interna y donde se demuestra la falta de presencia del estado para resolver los problemas cotidianos que se les presentan a los asalariados y a las PyMES del país como generadoras de riqueza y de empleos que a falta de atención del Poder Ejecutivo han decidido plantearle los problemas a los representantes del pueblo agrupados en el Congreso Nacional realizando un aporte real y concreto sobre la problemática que les ha creado las políticas implementadas por esta gestión de gobierno en tan solo dos años y medio de tiempo.
Estos factores de deterioro del poder adquisitivo y de la caída de la calidad de vida explican sintéticamente el problema que tiene el Ing. Macri para resolver en lo inmediato y sin depender de ninguna intervención extranjera. Sólo aplicando sentido común, escuchando la problemática de los distintos sectores y recibiendo, con criterio amplio, las soluciones que esos mismos sectores proponen porque sólo ellos saben cuáles son sus principales problemas y con qué herramienta estatal se podría solucionar.
Volvemos sobre la necesidad de trabajar en una reducción, en serio, del gasto estatal, una reducción importante en el tema impositivo (disminuir la presión tributaria) y Tarifario, como así también las cargas sociales e impuestos al trabajo que agobian a los emprendedores y PyMES.
*Ingeniero Agrimensor. Especialista en Políticas Públicas. Universidad Nacional de Cuyo.
InformadorPúblico.com • 07/12/2018 •
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