Alberto Fernández se acerca a su primer año de gobierno con todos los indicadores en baja: a la caída alarmante de reservas y la disparada del dólar blue se le suma la paralización de la economía. Por otra parte, los números de la pandemia -un millón de infectados y cerca de 30.000 muertos-, hacen que el fracaso de la política sanitaria quede expuesto en toda su magnitud. A todo esto, las operaciones políticas para empezar un recambio de gabinete están a la orden del día. En la semana que pasó se habló de Sergio Massa a la jefatura de gabinete, de Martín Redrado al Banco Central y de Roberto Lavagna a Economía. Tres cambios que no pasarían el filtro de Cristina Kirchner. Con poco oxígeno, el presidente acudió a la receta de la peronización para mostrar una cuota de poder político extra. El acto del 17 en la CGT y su próxima asunción como presidente del PJ son formalidades que se reflejan en una cuestión simbólica. La verdadera peronización sería un gabinete con fuerte representación de la dirigencia partidaria y esto es impensable en tanto el kirchnerismo sea el principal eje del gobierno. La ausencia de CFK en el acto de la CGT no deja lugar a dudas: el kirchnerismo recela de cualquier gesto que implique un avance del peronismo sobre el gobierno. En sus ocho años de gobierno, la hoy vicepresidenta se ocupó de mantener en el freezer al PJ y toda su dirigencia, fórmula que hoy aplica con la misma convicción. La peronización de AF con la CGT y el PJ parece entonces destinada a un simple marketing sin mucho destino.
La obsesión judicial
La realidad es que el gobierno está a la defensiva mientras se pregunta qué pasaría si le toca encarar el año electoral con esta realidad económica. Normalmente, cuando asume en la Argentina un nuevo gobierno, la oposición suele achicarse y la elección de medio término resulta una tarea fácil para el oficialismo. Esta realidad marca una excepción importante. Juntos por el Cambio se encontró con una fuerte oposición social al gobierno, que volvió a probarse el 12-O, y la clase media se alejó de la Casa Rosada en la misma medida y proporcionalmente a lo que el presidente se mimetizó con su vicepresidenta.
En el campo cristinista reina la preocupación, porque el debilitamiento de AF arrastra tras de sí a CFK tanto como ella lo tracciona con sus actos a él.
La vicepresidenta no parece tener a mano ninguna idea para darle consistencia a una política económica que languidece. Y como resultado de las presiones K, la política exterior empezó a andar a los tumbos luego de que la Argentina apoyó con toda lógica el informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela despachado por la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet. Para compensar este paso y congraciarse de nuevo con el régimen de Maduro, la cancillería se negó a condenar la dictadura caribeña rechazando la imposición de cualquier tipo de sanciones. Estas groseras contradicciones de la política exterior reflejarían las marchas y contramarchas de un gobierno confundido.
Si la política exterior le da malas señales a la economía, la política interior le da peores. Una serie de ocupaciones de tierras por parte de grupos mapuches en la zona de Bariloche, sumados a la toma de Guernica y del campo Las Margaritas en Entre Ríos, son señales que espantan a los inversores extranjeros tanto o más que la propia política económica.
Lejos de estas cuestiones, la vicepresidenta estaría obsesionada con un tema. Si la crisis económica se prolonga y el gobierno llega a perder las elecciones del año que viene, la Justicia podría agilizar y hasta multiplicar las causas que se le siguen a ella por corrupción. De ahí la necesidad de cerrar los expedientes en marcha con la mayor celeridad posible.
Esta semana es probable que los jueces de la Corte Suprema hayan llegado a una fórmula consensuada para que haya un fallo unánime en el per saltum que trata los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. El fallo sería favorable a los traslados pero con algunas aclaraciones para mostrar una solución que satisfaga a todos.
CFK habría así obtenido un magro resultado por segunda vez en pocos meses, ya que la ley de reforma judicial que crea nuevos juzgados federales para licuar el poder de Comodoro Py permanece empantanada en Diputados, aunque con media sanción del Senado. También aguijoneado por el interés de Cristina en el tema, el gobierno volvió a la carga para negociar con la oposición los dos tercios de votos necesarios en el Senado para la designación de Daniel Rafecas como Procurador General.
• 20/10/2020 • InformadorPúblico
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