«El laicismo militante se nos presenta como una religión política propia de sistemas totalitarios»

Jaime Rossell es catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Extremadura / Archivalencia

La Universidad Católica de Valencia ha celebrado una jornada sobre los Acuerdos Iglesia-Estado en la que además de analizar este importante hecho se hablado de varios conceptos clave como la libertad religiosa, la diferencia entre laicidad y laicismo, y los ataques que desde hace año recibe la Iglesia por parte de varios sectores políticos y sociales.

Una de las conclusiones de esta jornada es que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LORL) no necesita su derogación tal y como piden algunos, sino actualización con consenso parlamentario y alejado del intento de propugnar un “laicismo militante” y una “religión política”.

Según ha explicado el catedrático de la Universidad de Extremadura, Jaime Rossell y ha recogido el Arzobispado de Valencia “la cooperación Iglesia-Estado ha de moverse en un delicado equilibrio, construyendo un modelo de laicidad positiva que no de laicismo, defendido por partidos políticos y sectores sociales que podría convertirse en una suerte de religión política. Desde el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos y apoyado puntualmente por otros grupos políticos, no es difícil pensar según lo expresado en diferentes documentos políticos y proposiciones de ley, que podría convertirse en realidad”.

Además, “esto daría paso a una ley sin consensos parlamentarios que alumbrase una nueva regulación que apuesta por el laicismo estatal más que por la neutralidad del Estado ante el hecho religioso. Ese laicismo militante se nos presenta al modo de una religión política propia de sistemas totalitarios, o en los que, en aras de una pretendida neutralidad, se excluya cualquier manifestación religiosa de la vida pública”, ha asegurado.

Rossell, quien es miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, ha afirmado igualmente que “cuando el PSOE habla de avanzar en el desarrollo del principio de laicidad, olvida el sentido en que se utiliza este término por nuestro Tribunal Constitucional (TC). Y esa llamada a no confundir entre funciones religiosas y estatales es suficiente como para no necesitar una modificación de la LORL en la que se especifique cómo debe regularse el uso de símbolos religiosos en el espacio público, la presencia o no de funcionarios en actos religiosos o la neutralidad del estado en los actos públicos”.

Cardenal Antonio Cañizares

El cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, también participó en esta jornada / Archivalencia

“La laicidad a la que se refiere el PSOE y en la que quiere seguir profundizando ya está garantizada en nuestro ordenamiento y amparada en la legislación en vigor. No es que la LORL no sea inmutable, pero ya protege suficientemente la cooperación de las confesiones religiosas, así como las concepciones no fideístas (ateos, agnósticos o indiferentes). Existe una coincidencia acerca de la necesidad de modificar la LOR adaptándola a los tiempos actuales, pero no por ello su derogación, como propuso ERC que lo que buscaba era seguir ahondando en la descentralización administrativa a través de la gestión del fenómeno religioso. La proposición de ley no prosperó, pero introdujo la necesidad de regulación de la libertad ideológica o de pensamiento y conciencia que se ha convertido en uno de los argumentos que se esgrimen para proponer una nueva ley”.

En este contexto, ha considerado que “tenemos que empezar a concienciarnos de que la libertad religiosa es buena y que la acción de la Iglesia católica es buena. Tenemos que ir hacia una defensa de la religión en la esfera pública”.

“Hay que defender un marco jurídico donde ejercer el derecho a la libertad religiosa sin que esto suponga defender un sistema igualitarista entre todas confesiones presentes en la UE. La reforma no necesita violentar el espíritu de la libertad religiosa individual y colectiva atendiendo a lo dispuesto por la Carta Magna, hasta el punto de que se ha convertido en modelo para los países de nuestro entorno y similar cultura jurídica. La Ley de 1980 sirvió para la concordia, que debería prevalecer en la España de 2021”, ha concluido Rossell.

 ReL  13 mayo 2021