por John Jalsevac
25 de noviembre 2010 (Notifam) – Hoy, la Segunda Corte del Circuito de Apelaciones sentenció que una enfermera católica que fue obligada por un hospital de Nueva York a participar en un aborto no tiene derecho de demandar a su empleador.
Los administradores del Hospital Monte Sinaí habían amenazado a Catherine DeCarlo con medidas disciplinarias en mayo de 2009 si ella no respetaba un llamado de último momento para asistir a un aborto tardío programado. El hospital insistió para que ella participara en el procedimiento por considerar que se trataba de una “emergencia”.
Pero los abogados de DeCarlo han señalado que el procedimiento no fue clasificado por el hospital como una emergencia, y aparentemente la paciente no estaba en crisis en el momento que se practicó la cirugía.
DeCarlo afirma que su participación en el aborto la llevó a sufrir un grave trauma emocional. También afirma que los administradores del hospital trataron más tarde de forzarla a firmar un acuerdo para participar en el futuro en operaciones de abortos.
Desde el año 2004 el hospital conocía por informes las objeciones religiosas de la enfermera católica para asistir a abortos.
Los abogados de Alliance Defence Fund (ADF) habían presentado dos demandas en el caso – una federal, presentada en julio de 2009, y otra estatal, presentada a principios de este año. La demanda federal afirmaba que el Monte Sinaí ignoró las leyes federales que prohíben la coacción mientras reciben cientos de millones de dólares de fondos federales.
En enero, el caso fue desestimado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, momento en el que fue apelada ante el Segundo Circuito.
Sin embargo, en el fallo de hoy el tribunal consideró que no hay derecho a una acción privada o a una reparación privada sobre la base de la frase-imagen citada por DeCarlo en su vestido: “Iglesia Enmienda” (leer la decisión aquí).
Esa enmienda protege a los trabajadores de salud que trabajan para entidades que reciben fondos federales de ser discriminados por negarse a realizar abortos por motivos religiosos o de conciencia.
En mayo, Americanos Unidos por la Vida (Americans United for Life – AUL por sus siglas en inglés) había presentado un breve amicus curiae en apoyo de DeCarlo en nombre de la Asociación Nacional de Enfermeras Provida, la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos Pro-Vida, Médicos por la Vida, Asociación Cristiana Médica Dental y la Asociación Médica Católica. Según Mailee Smith, empleada de AUL, los grupos representan más de 19.000 profesionales de la salud.
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