sábado, 6 de agosto de 2011

EL GOBIERNO VA DIRECTO AL BOLSILLO DE LOS ARGENTINOS Y EVITA INTERMEDIARIOS.

Por Fernando Gutiérrez. 
Nueva estrategia "K"
Históricamente, en elecciones, hablar de marketing político era hablar de obra pública. Ahora las cosas son distintas. El dinero estatal tiene otro destino.
Además, el Gobierno al dar buenas noticias, no tiene intenciones de "compartir cartel" ni con gobernadores ni intendentes. Nuevo estilo.
Es el costado más sorprendente del kirchnerismo en clave de campaña.
Contrariando algo que ya es tradición en años electorales, la obra pública no está registrando un crecimiento espectacular, sino que ocupa un lejano segundo plano.
Esto no significa que el gasto público esté estancado. Por el contrario, el cierre del primer semestre muestra que crece a una tasa del 33% y que erosiona sistemáticamente las cuentas fiscales.
Pero el renglón destinado específicamente a la obra pública varía a un ritmo del 15 por ciento.
Es decir, muestra una disminución en términos reales, porque crece por debajo de la inflación.
Si el gasto público sube, pero el dinero no va a las obras ¿cuáles son los rubros que captan los ingresos públicos?
Según detalla un informe de la Fundación Mediterránea, el primer puesto en el ranking lo ocupa el rubro "transferencias al sector privado".
¿Qué es esto? Es el dinero destinado a subsidiar a empresas de transporte y energía, así como también el dirigido a los planes de asistencia social.
Este ítem registró un alza del 41% respecto del primer semestre de 2010, seguido de las remuneraciones a empleados estatales y pago de jubilaciones.
Ayer, hubo otra confirmación de esta tendencia, con el anuncio que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre un ajuste del 16,8% en los haberes jubilatorios.
Esta cifra cobra mayor relevancia si se tiene presente que, en lo que va del año, el aumento acumulado llega, nada más y nada menos, que a un 37%, para un total de 6,8 millones de beneficiarios.
Obviamente que esto, sumado al "efecto paritarias + aguinaldo", que comenzó a hacerse notar el mes pasado, determinará un repunte en la actividad comercial.
Claro está que éste es, justamente, el efecto buscado por el Gobierno, en su objetivo de llegar a las urnas mostrando que el crecimiento de la economía no acusa señales de fatiga.
¿Cómo interpretar esta sorprendente actitud del Ejecutivo de reducir el gasto en obras públicas, en plena campaña electoral?
Los analistas consultados por este medio no dudan en afirmar que responde a un cambio en la estrategia kirchnerista, que apunta a sacar el máximo rédito político poniendo directamente el dinero en el bolsillo de los votantes.
Así, se esperan nuevas mejoras en los planes de asistencia social, como la Asignación Universal por Hijo, el subsidio que alcanza a cuatro millones de menores de edad que son hijos de desocupados.
Otra de las particularidades de esta estrategia K, que debe ser leída en código electoral, es la de "eliminar intermediarios".
Sobre este punto, y tal como diera cuenta iProfesional.com, Rosendo Fraga, director del centro Nueva Mayoría, recomienda analizar con lupa el ejemplo reciente del plan de emergencia establecido para los damnificados por la ceniza volcánica, en las provincias patagónicas.
"La Presidenta no envió fondos a gobernadores e intendentes, sino que optó por anunciar la duplicación del monto de la Asignación Universal por Hijo en las regiones afectadas. Este es un ejemplo del modelo de acción que se usará de acá a octubre", comenta el politólogo.
Desde la consultora Economía & Regiones también resaltan este aspecto. Y destacan que las autoridades provinciales vienen llevando las de perder en este nuevo sistema K de reparto de fondos públicos.
Desde esa firma señalan que los planes de subsidios al sector privado lideran el alza en el crecimiento del gasto estatal.
Y que ese repunte ha sido compensado con una reducción en las transferencias a provincias y, en menor medida, por una menor ejecución de obras.

El recorte ya no da prestigio
Esta nueva modalidad del manejo del dinero estatal, en época de comicios, no deja de llamar la atención.
A diferencia de lo que ocurría en las "antiguas" contiendas electorales, hoy los jefes de campaña tienen muy en claro que hablar de recorte de gastos, o criticar el subsidio a los servicios públicos, puede equivaler a hacerse un "hara kiri" político.
"Con la actual estructura social no hay espacio para hablar de temas de este tipo o mencionar un enfriamiento en el ritmo de actividad. De hecho, ningún candidato de la oposición, con chances de ganar, está proponiendo eso", señala Guillermo Oliveto, experto en consumo y director de la consultora W.
Como prueba de lo difícil que resulta criticar el "derroche" del Gobierno, los principales referentes de la oposición -como Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde- han preferido eludir expresamente cualquier propuesta que haga referencia a un ajuste fiscal.
Y hasta Federico Sturzenegger, el principal asesor económico de Mauricio Macri, defendió el nivel de gasto público.
En este sentido, señaló que un plan para combatir la inflación no tenía por qué, necesariamente, implicar un recorte de gastos.
Una propuesta que, viniendo de su parte, sorprendió a los analistas.

Nuevo estilo
Si mantener un fuerte gasto estatal hoy resulta "políticamente correcto", ¿cuál puede ser entonces la motivación que lleva al Gobierno a enfriar la erogación en obra pública?
Rosendo Fraga recuerda que, en las tres elecciones previas en las que participó el kirchnerismo (las presidenciales de 2007 y las legislativas de 2005 y 2009), "aumentaba siempre el gasto en obra pública, porque ello contribuía a la campaña electoral del oficialismo".
Y agrega que el propio Néstor Kirchner había influido decisivamente para ello, en cada contienda.
Sin embargo, en esta nueva batalla por ganar las urnas, el Gobierno deja en claro que la prioridad es el bolsillo.
En buen romance, el gasto se acelera. Pero de la mano de los subsidios y planes sociales y no por la obra pública.

Una cuestión de cartel.
En este "cambio de figuritas", por la que se prioriza un rubro en detrimento de otro, Gustavo Lazzari, director de la Fundación Atlas, hace referencia a la ley de "rendimiento decreciente".
"Lo que ocurre es que el Gobierno no tiene grandes obras para mostrar, porque los megaproyectos, como el gasoducto o el tren bala, han quedado en la nada. Entonces, lo que le queda es gastar en pequeñas mejoras de infraestructura. Pero, a esta altura, construir una escuela más les suma relativamente poco, en términos de rédito político. No tiene tanto incentivo para poner el dinero allí", expresa Lazzari.
El analista señala que, más allá de los discursos, la redistribución del ingreso que tanto se persigue se ve empañada por la inflación, que perjudica a los sectores más pobres de la sociedad.
"Por eso, compensan gastando más en subsidios directos", afirma Lazzari.
También existe otra cuestión no menor: en las mejoras de bolsillo, el Ejecutivo se queda con todo el crédito. En lo que son obras, debe "compartir cartel" con intendentes y gobernadores.
En este mismo sentido argumenta Rosendo Fraga, quien afirma que la motivación principal del Gobierno es la de evitar "compartir el crédito" con autoridades regionales.
"El dinero que llega para obras, da rédito político a los gobernadores e intendentes que lo reciben y, de alguna forma, los fortalece frente al gobierno nacional", indica el politólogo.
Y ese rol protagónico que asume el Ejecutivo no sólo aleja a otros funcionarios, que no pueden "peinarse para la foto" para anunciar un nueva mejora. También aparta a los gremialistas.
Es por ello que el kirchnerismo tratará de impedir reaperturas de paritarias antes de la elección, como forma de evitar un aumento de la influencia gremial.
"Directamente hará que el dinero vaya a parar al bolsillo de los asalariados, sin pasar por la intermediación política y sindical", señala Fraga.
Y este punto de vista es apoyado por economistas que analizan la evolución del gasto.
Como Agustín Bruno, economista jefe de la consultora LCG, quien hilando fino en el tema encuentra que la obra pública que se congeló es, sobre todo, la que debe ser ejecutada por las autoridades provinciales y municipales.
"El gasto, a nivel nacional, se mantiene en 23%. Pero a las provincias no se trasladó, ya que sólo creció 2%. El Estado Nacional salió a gastar con su sello, para así figurar como el gestor principal de las acciones. Esa es la principal distinción frente a otras elecciones", afirma el analista.
Y observa que algunos proyectos que tienen un tiempo de maduración de hasta dos años no son lanzados ahora "porque no tienen rédito político". Más aún, serán postergados.
Pero no falta quienes creen que, más que una cuestión de especulación política, lo que le ocurre al Gobierno es una lisa y llana limitación de recursos.
"A diferencia de la elección de 2007, cuando había un superávit primario, ahora eso ya no existe. Hoy el Estado tiene sus arcas debilitadas, y lo que se ve es una mayor transferencia de fondos del Banco Central y de la Anses", observa Gabriel Caamaño, analista del Estudio Ledesma.
"Aún con una presión fiscal récord y una buena recaudación, se observa que desde 2009 en adelante, las obras públicas que se terminaron son la mitad de las anunciadas", describe Caamaño.
Y destaca que los planes asistenciales y los subsidios "se chuparon todos los recursos".
Y estos, ahora no son recortables ni cuestionables, desde el punto de vista político.

5 de agosto de 2011.(Producción: Mariano Jaimovich) en iProfesional.

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