El promocionado plan kirchnerista para disminuir la pobreza extrema pareciera no dar por el momento los frutos deseados, ya que el riesgo alimentario no ha disminuido, sino que por el contrario, ha crecido levemente. Por qué los niños de hogares beneficiados por los programas sociales, continuaron siendo los que sufren las mayores desigualdades en la Argentina.
Tras dos años de progreso sostenido en lo que hace a las condiciones de vida de los hogares de los grandes centros urbanos del país, y la provisión de gran cantidad de planes sociales para sacar de la pobreza a extrema a millones de argentinos, los indicadores de bienestar parecen haberse estancado y muestran un franco retroceso.
Uno de los planes más ambiciosos lanzados por la administración kirchnerista ha sido sin dudas la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde se entrega en forma no remunerativa una suma mensual de 220 pesos para hijos de desocupados o que están en la economía informal y que perciben menos del salario mínimo vital y móvil.
Esto representó en los papeles un fuerte golpe contra la pobreza estructural y un envión anímico para el debilitado gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Pero como tantos otros programas lanzados en la Argentina, el mismo no ha logrado tener la injerencia que se preveía en un primer momento, ya que muchos de los indicadores sociales continúan igual e incluso algunos otros han empeorado, causando la preocupación de las autoridades nacionales.
Un estudio desarrollado en el marco del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), muestra como han crecido en nuestro país los hogares con riesgo alimentario en el 2010.
Según datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), a fines de 2010 a nivel de los grandes centros urbanos, la AUH, las pensiones no contributivas por hijo o por discapacidad y otros planes específicos dirigidos a proteger a la infancia, alcanzaron una cobertura de 33,6% de los niños. En 2009, un año atrás –tal como veremos, con montos unitarios de transferencia mucho menores-, dicha cobertura sólo alcanzaba al 24,3%. Asimismo, si se suma al dato de 2010 la población de niños cubiertos por “asignaciones familiares” o a quienes no tienen derecho a la misma porque el padre o madre percibe ingresos superiores a los $4800, el resultado neto es una cobertura actual del 80%.
Sin embargo, esta tendencia positiva habría encontrado al menos dos limitaciones importantes para lograr un mayor impacto real en materia de reducción de las tasas de pobreza e indigencia, así como para generar otras mejoras directas e indirectas en la inclusión social de la infancia en situación de vulnerabilidad social: a) el efecto inflacionario sobre los precios de los bienes alimenticios y servicios básicos (cuyo efecto anual estimado por fuentes extra-INDEC habría sido no menor al 30%); y b) el efecto cobertura parcial del sistema de protección social hacia los hogares con niños en situación de marginalidad económica (cabe señalar que el 19% del 20% de los niños más pobres no accede todavía a ningún tipo de protección, y que representan el 4% del total de la infancia).
Sea por uno u otro motivo, o por ambos, la indigencia y la pobreza no habrían bajado todo lo esperado cuando se consideran los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) de los que informan algunas oficinas provinciales de estadística, centros de investigación o consultoras privadas (extra- INDEC). Al respecto, cabe aclarar que según sea el valor que se determine para dicha canasta será la evaluación que se obtenga en cuanto a la capacidad de la AUH y de los demás programas de transferencias de ingresos, para lograr una reducción efectiva de la indigencia y de la pobreza medidas por ingresos.
El ingreso medio per cápita de quienes no reciben asignaciones familiares ni AUH o pensión no contributiva, era en el último cuatrimestre de 2010 de sólo $177. Es decir, todavía un 5% por debajo de la CBA-INDEC y un 43% por debajo de la CBA extra-INDEC. A la vez que la ingreso medio per cápita familiar de quienes reciben AUH o pensión no contributiva era de $182. En este caso, sólo un 2% por debajo de la CBA-INDEC, pero todavía un 40% por debajo de la CBA extra-INDEC.
Una serie de realizaciones objetivas que hacen al desarrollo humano y social de las personas –no siempre bien reflejadas por las medidas de ingresos-, y que son examinadas periódicamente por la EDSA, permiten profundizar la mirada evaluativa sobre la situación social de los actuales beneficiarios del sistema de AUH y pensiones no contributivas. Una de ellas, es el riesgo alimentario el cual mide la frecuencia y percepción subjetiva de sensación de hambre por factores económicos en hogar en donde residen niños de 0 a 17 años (ver figuras 7, 8 y 9).
Al analizar la problemática del riesgo alimentario, el trabajo de la UCA observa que las transferencias de ingresos que implican la AUH y las pensiones no contributivas no han logrado resolver por sí el déficit alimentario estructural. Entre 2009 y 2010, los niños de 0 a 17 años que residen en hogares, sea con o sin estas prestaciones, disminuyeron el riesgo alimentario moderado, pero los niños de hogares beneficiados por los programas sociales, continuaron siendo los que sufren mayor riesgo alimentario, y, sobre todo, severo.
El hecho que la AUH y las pensiones no contributivas no lleguen a todos los que la necesiten y que en algunos casos sea parcial su impacto en términos del presupuesto familiar, dadas las bajas remuneraciones del sector informal, mostrarían que la transferencia pública de ingresos en un contexto inflacionario y de mercados segmentados, permite contener pero no resolver los problemas de riesgo alimentario. Al mismo tiempo que, seguramente, sin el actual sistema de protección social, el riesgo alimentario de los sectores más vulnerables continuaría crecido de manera significativa; afectando incluso la capacidad de circulación monetaria, la demanda de empleo y el consumo del conjunto de los sectores que subsisten bajo una economía informal y en condiciones de pobreza.
Tras un período de fuerte expansión económica, disminución de la pobreza y del desempleo, durante el último año a causa de la confluencia en un mismo escenario del impacto de la inflación y de los problemas domésticos, se registró una fuerte retracción en el bolsillo de los argentinos, complicando la calidad de vida de millones de ciudadanos.
A pesar del dato alentador para una mejor redistribución de la riqueza que significó el anuncio de la AUH, que es a las claras el mejor y más eficaz intento lanzado por el oficialismo para paliar las grandes deudas que se mantiene desde el poder con la mayor parte de la población que está sumergida en la miseria y la marginación, todavía no se ha podido instrumentar el proyecto a todos los que lo necesitan, y la espera se hace cada vez más urgente para millones de argentinos.
No se puede a esta altura estar discutiendo sobre la forma de medir la pobreza. Sería interesante que los dirigentes actuaran para poder solucionar este flagelo que azota a buena parte de la población, peor aún en un país que tiene potencialmente todos los elementos para erradicar este mal y que por la ineficacia de la clase dirigente, debe padecer males que en el mundo moderno tendrían que ser dejados de lado.
Un panorama complejo, que muestra que el mundo oficial donde vive el kirchnerismo, se aleja cada día más de lo que le sucede a la gente en la cotidianeidad, dejando en claro la amplia distancia que hay entre los intereses oficiales y la sociedad, donde el termómetro verdadero de la economía nacional no es el que se marca desde el Ejecutivo, sino el que se vive diariamente en las calles, donde las dificultades para sobrevivir dignamente aumentan día a día.
Por CNA, Agencia de Noticias (8/9/2011)
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