Como pasa con la mayoría de los hechos de actualidad, las noticias van más rápido que la capacidad para interpretarlas o analizarlas. Esto es particularmente cierto y aplicable en el problema de los fallos que se han producido recientemente en Nueva York contra la Argentina, a favor de los acreedores que no entraron en el Megacanje 2005-2010 (los holdouts).
La falta de acceso a los expedientes y la dependencia de informaciones periodísticas y escuetos comunicados oficiales restringe muchísimo las especulaciones al respecto, pero las novedades básicas permiten sacar algunas conclusiones importantes.
La esencia del fallo Griesa.
La gran mala noticia que recibió el gobierno Kirchner con las decisiones del juez Griesa es que nuestro país pierde sus juicios en Estados Unidos contra los holdouts porque la sentencia sienta jurisprudencia en cuanto al pago total de los bonos reclamados – el 100 % del valor nominal – más los intereses acumulados, costas y honorarios. Con el agravante que en virtud de la cláusula del Acreedor más favorecido – que fue incorporada por la actual administración en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 – nuestro país debiera hacer extensivo estas mejoras a todos los bonistas que ya ingresaron en el canje.
Como ya lo hemos explicado en trabajos anteriores, la suma del pago total de los reclamos de los holdouts más la aplicación de esta cláusula de “emparde” precipitarían un nuevo default de la Argentina. Pero a los acreedores no les conviene que nuestro país suspenda otra vez los pagos y que ello derive en una nueva etapa de crisis de Deuda que pueda arrastrar a un replanteo de las negociaciones de reestructuración. Además, ni a los acreedores ni al gobierno le conviene la toma de estado público que se está produciendo sobre las escandalosas condiciones de indefensión jurídica y financiera firmadas por los gobiernos de nuestro país – incluido el actual – lo que puede dar lugar a un mayor reclamo interno de una necesaria auditoría de la Deuda.
Por este motivo, las decisiones en Nueva York se movieron rápidamente para conjurar ese “peligro” cierto de default de un país como la Argentina, que está pagando a ultranza. Y también para sacar el tema de la tapa de los diarios. Todo esto que ocurre, sin embargo - más allá del problema de fondo de la trampa de una Deuda Pública perpetua – es en lo inmediato producto de circunstancias conocidas y mal manejadas por la administración Kirchner.
Como es sabido, después del default de fines de 2001 la Argentina entró en cesación de pagos de los bonos de su deuda soberana hasta el año 2005, en que llegó a un gran arreglo con la mayoría de los acreedores; una reestructuración de deuda que luego fue ampliada en el 2010 con la suspensión de la Ley Cerrojo 26.017, que inhibía la reapertura del canje. Una parte minoritaria de los holdouts – que representan hoy sólo el 7 % del total canjeado (11.200 MD sumando capital e intereses acumulados) – no aceptó el canje y algunos de estos acreedores, fundamentalmente los llamados Fondos Buitre, empezaron a pleitear contra nuestro país.
La estrategia jurídica seguida desde entonces por la administración Kirchner – siempre con el asesoramiento y la representación legal del estudio norteamericano Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton - habría sido la de una sistemática dilación de tales demandas: nunca se desconocieron ni pusieron en duda las obligaciones reclamadas, no se habrían hecho contra-ofertas a los holdouts, no se efectuaron depósitos en consignación, se sostuvo la argumentación pública desafiante de que según las condiciones del Prospecto – rubro Factores de Riesgo - los títulos no presentados al canje “podrán permanecer impagos indefinidamente”, no se dejó abierta la posibilidad de adhesión al canje suspendiendo directamente la Ley Cerrojo y además, tanto la presidenta como el ministro de economía hicieron imprudentes declaraciones en el sentido de no pagar a los Fondos Buitre independientemente de las resoluciones del juez Griesa.
Como agravante, la administración Kirchner ha venido mostrando récords de pago de servicios de la Deuda Pública, alardea de un alto nivel de Reservas Brutas (que no se corresponde con el limitado nivel de Reservas Netas y de Libre Disponibilidad), comenzó a jactarse cada vez más de la supuesta Solvencia Fiscal para cumplir escrupulosamente sus compromisos financieros con los acreedores (mientras tiene déficit presupuestario) y ha venido declarando en forma expresa que acepta la legitimidad de todas sus obligaciones, pese a que las irregularidades de origen han sido probadas por la justicia en la causa Olmos I (que tuvo sentencia del juez Ballestero en el año 2000) y siguen siendo todavía investigadas en tres causas judiciales en curso (Olmos II, Megacanje 2001 y responsabilidad de las administraciones de gobierno desde 1976 hasta la fecha, esto es, incluyendo también a la actual).
Como una regla constante del gobierno Kirchner – caso Deuda Pública, Inflación, Tipo de Cambio, Tasas de Interés, Pobreza/Indigencia, PBI, Déficit Fiscal, Tarifas de Servicios Públicos, etc. - las autoridades niegan estas realidades, no solucionan los verdaderos problemas de fondo y viven “pateándolos para adelante”, como en el caso de los holdouts. Y así nos va. En este contexto, la pérdida de los juicios externos en el caso de estos holdouts era sólo una cuestión de tiempo; y ese tiempo parece que se ha cumplido.
La orden de pagar.
El juez Griesa dictó una sentencia por la que le reconoce a los holdouts el derecho a cobrar la totalidad de sus acreencias al valor nominal de los bonos reclamados, con intereses y costas a cargo de la Argentina. Esta resolución del juez fue apelada por nuestro país y la Cámara de Apelaciones se la rechazó, ratificando la sentencia Griesa; y además le pidió al juez que propusiera la forma de pago concreta a los acreedores. Griesa falló entonces fijando que la Argentina tenía que abonar la totalidad de la deuda reclamada por los Fondos Buitre – 1.330 MD más sus adicionales – y que tenía que hacerlo antes del 15.12, fecha en que el gobierno tiene que efectivizar también los pagos anuales por cupones ligados al PBI (en este ejercicio, por unos 3.500 MD).
Más aún – en lo que sería una extralimitación del fallo - Griesa prohibió el pago de estos cupones a los bonistas si la Argentina no les pagaba a los holdouts, advirtió de ello al banco agente de pago (el Bank of New York) y exigió el depósito en garantía como requisito para que la Argentina no pudiese “evadir” el cumplimiento de sus obligaciones según lo dictado por el juez.
Esta decisión judicial drástica – pago total a valor nominal, al contado, con intereses y gastos – no sólo era un “mazazo” para el gobierno sino que tomaba así, en la práctica, a los acreedores que ya entraron en el Megacanje 2005-2010 como “rehenes”, en cuanto vedaba abonarles por separado. A raíz de esto, tanto estos bonistas que entraron en el canje como la propia Reserva Federal de Nueva York, pidieron al juez y a la Cámara que se les abone independientemente del litigio con los Fondos Buitre.
Y lo consiguieron: la Cámara – ante una nueva apelación argentina - dictaminó entonces que se les pagara a todos, abonando los cupones de los bonistas del Megacanje el día 15 y difiriendo los pagos del juicio perdido ante los Fondos Buitre para fines de Febrero, con lo que se abre un tiempo de espera de tres meses para la efectivización del fallo Griesa. Es decir, que la Cámara “desdobló” las resoluciones del juez Griesa, manteniendo el pago inmediato de los cupones PBI (el 15.12) y posponiendo para el 27.2.2013 la reunión para el arreglo del pago a los holdouts. Este fallo, por lo tanto, no cambia la sentencia del juez sino que sólo difiere la ejecución del pago. Ni más ni menos que eso: los acreedores que ingresaron en el Megacanje seguirán cobrando normalmente sus servicios de capital e intereses, los holdouts – presentes (según este caso) y futuros (por aplicación lógica de la jurisprudencia de ahora en más) – pasarán a cobrar al contado todas sus acreencias así reconocidas (capital, intereses, penalidades, costas y honorarios) y a la Argentina se le abre además el nuevo problema de la aplicación de la cláusula del Acreedor más favorecido.
Se evitó, de esta manera, el riesgo de Default Técnico de nuestro país, que hubiera supuesto un problema de cobro para todos los acreedores y una alternativa de replanteo de los términos de negociación de la Deuda; y se pasó entonces a la nueva etapa de resolución final sobre la forma de pago a los holdouts. Todos los acreedores y agentes involucrados ganan (incluido el estudio Cleary, por sus honorarios) y la Argentina pierde, teniendo que formalizar así el reconocimiento de tales deudas con los holdouts (que hasta hoy no computaba oficialmente), abonársela con fondos que se restan al presupuesto nacional y aumentando la Deuda Intra-Estado; y adicionalmente prepararse para lidiar con la cláusula del acreedor más favorecido.
Oficialmente, sin embargo, la administración Kirchner trata, como siempre, de presentar sus derrotas y/o concesiones como “victorias” y de allí que se quiera aparentar que este desdoblamiento en el trato y en la forma de pago constituirían un “logro” por haber conseguido un mínimo alivio en el cronograma de pagos de la Deuda.
El gobierno Kirchner sigue protestando enfáticamente por su “vocación pagadora”, recordando que es la administración que más ha pagado deuda en la Historia Financiera Argentina y que lo ha hecho puntillosamente desde el 2003 hasta la fecha, efectivizándola por diversas vías: a) a costa de anteriores excedentes de presupuesto, b) a costa de la descapitalización del Banco Central (BCRA) vía uso de reservas (reservas compradas con Deuda cuasi-fiscal de Lebac/Nobac), c) a costa de la Inflación para suministrar Adelantos Transitorios a la Tesorería para que ésta pague deuda, d) a costa del sobre-endeudamiento con la ANSES por parte del Estado y difiriendo sistemáticamente el pago de los juicios a los jubilados para poder destinar el dinero al rescate de deuda, e) a costa del desvío de fondos destinados al crédito productivo por parte del Banco Nación (BNA) pero que se prestan al Estado con el mismo objetivo de comprar deuda, f) a costa de echar mano a cuanta disponibilidad transitoria de Caja se encuentre en cualquier Agencia del Estado (AFIP, Lotería, FFRE, PAMI, etc.) también para cubrir deuda y g) a costa de seguir tomando más Deuda Pública neta, que crece a un ritmo de más de 11-12.000 MD por año mientras las autoridades engañan a la opinión pública diciendo que el país se está “des-endeudando”.
Aquí existe, por eso, una gravísima y deliberada confusión: LA ARGENTINA NO SE ENCUENTRA FRENTE AL RIESGO DE UN CIRCUNSTANCIAL DEFAULT TÉCNICO POR ILIQUIDEZ SINO FRENTE A UNA CRISIS ESTRUCTURAL POR INSOLVENCIA. El gobierno no ha demostrado ni demuestra cuál es la capacidad de repago de la Argentina frente a su Deuda Pública impagable y sigue apelando a estos paliativos para “estirar” la cuestión hacia adelante.
La administración Kirchner – como todas las anteriores – vive engañando a la población diciendo que el problema de la Deuda Pública estaría arreglado, que el país está cancelando deuda, que va a seguir pagando y que puede hacerlo porque tiene los recursos para ello, pero esto es falso: la totalidad de los vencimientos de capital se cancela con nuevas deudas, los intereses se pagan con gasto público creciente que produce déficit fiscal, una parte de los intereses se capitaliza por anatocismo, el oligopolio financiero del Club de la Deuda sigue haciendo sus negocios de colocación de bonos y préstamos; y además se toma más Deuda Pública (Directa, para la Administración Central, e Indirecta, para los demás entes del Estado).
El país tiene que lidiar hoy con una nueva concentración del perfil de vencimientos crecientes de Capital e Intereses en los próximos años , dentro de los que no se computa el problema de la Deuda Nacional en su conjunto ni la existencia de Deuda no registrada.
Esto es: como más de la mitad de la Deuda Total del Estado Central se encuentra en manos de Agencias del propio Estado (Deuda Intra-Sector Público) y nunca se incluye la Deuda no Registrada (por capitalización de intereses, indexación de deuda en pesos ajustada por inflación y pago de cupones ligados al PBI) ni la Deuda Pública Nacional completa (Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios, BCRA y Juicios contra el Estado con sentencia en firme) ni los Intereses a devengar en el futuro, la esperanza del gobierno Kirchner parece residir en patear indefinidamente sus compromisos Intra-Estado para adelante y dejar que parte de la Deuda Interna se vaya licuando por Inflación o disminuyendo con la muerte de jubilados/pensionados, pasándole así la carga financiera de la Deuda Pública al Pueblo Argentino.
Pero la administración Kirchner – con la complicidad de la gran mayoría de la partidocracia parlamentaria y el apoyo de los grandes medios masivos de comunicación (oficialistas y opositores) – sigue repitiendo que las cosas están bien en materia de Deuda, que los gravísimos problemas derivados de esta deuda impagable son “manejables” y que el problema financiero insoluble de la deuda se soluciona con más Deuda, volviendo al Mercado Internacional de Capitales. ¿Cuál es, empero, el costo de esta ficción?
El ajuste para pagar la deuda.
El gobierno Kirchner está llevando adelante un Plan de Ajuste Fiscal sin decirlo y este ajuste está subordinado esencialmente al pago de los servicios de la Deuda Pública, que es el condicionante total y absoluto de las Finanzas del Estado y de la Política Económica:
a) El Presupuesto Nacional contempla cada vez más recursos destinados a sufragar pagos crecientes de intereses y montos más elevados de endeudamiento para cubrir la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento.
b) El Gobierno Central sigue acaparando la gran mayoría de los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos (70 %), utilizando esta concentración de fondos como forma de Centralismo Político en detrimento de un verdadero Federalismo Fiscal y empujando con ello a las Provincias y Municipios a un endeudamiento paralelo y también creciente.
c) El BCRA ha sido puesto al servicio de proveer los fondos para el pago de la Deuda Pública: i) en moneda extranjera de la Tesorería, vía préstamos de divisas provenientes de las reservas internacionales, y ii) en moneda local, vía emisión de dinero, para darlo como Adelantos Transitorios para que el gobierno pague deuda en pesos. Y ello, en cuanto a divisas, el BCRA lo hace a costa de su propio endeudamiento cuasi-fiscal - tomando deuda al 15-16 % anual por Lebac/Nobac en pesos garantizadas con operaciones de dólar a futuro – de modo que LAS RESERVAS SE COMPRAN CON DEUDA. d) Las altas tasas de interés que paga el Estado a través del BCRA determinan el piso de las tasas de mercado, las que presionan en sentido recesivo; y paralelamente favorecen los mayores rendimientos del Sector Financiero con respecto a la Economía en general.
e) La Inflación Real va licuando la Deuda Pública Interna a costa de la renta que pierden las propias Agencias del Estado que, como agravante, no usan dinero propio sino que administran dinero que no es del Gobierno (como los fondos de la ANSES y la Base Monetaria del BCRA).
f) Gran parte del financiamiento a la producción privada se desvía al Gobierno Central para atender los pagos de la Deuda Pública, como ocurre con un tercio de la cartera de créditos del Banco Nación (BNA).
g) El gobierno mantiene un retraso cambiario relativo para poder pagar más Deuda Externa.
h) Este atraso cambiario estimula los negocios de los capitales financieros por arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés.
i) Este mismo retraso hace que la Deuda Externa Privada – contraída mayoritariamente con empresas vinculadas o del mismo grupo – vaya creciendo y que los servicios de tal endeudamiento resulten comparativamente ventajosos para estos deudores privados; siendo que las divisas las tiene que proveer el BCRA y al tipo de cambio oficial.
j) El Gobierno Nacional, así como los Gobiernos Provinciales y Municipales – aumentan la Presión Tributaria para poder pagar más servicios de la Deuda Pública, con lo que se cumple LA REGLA QUE EL AUMENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO “DEUDA” PROVOCA EL AUMENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO “IMPUESTOS”.
k) Los planes de Inversión Pública en Obras e Infraestructura tienden a acotarse y a financiarse con más Deuda Externa.
l) Las Empresas del Estado – con YPF a la cabeza – y los Organismos Nacionales toman cada vez más deuda y se multiplican los avales del Estado sobre la misma (crecimiento de la Deuda Pública Indirecta).
m) La ANSES ha sido puesta al servicio del financiamiento de la Deuda del Estado siendo, junto con el BCRA, el primer prestamista del Tesoro a costa de desfinanciar el Sistema Previsional, sacrificando parte de las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y no actualizando los haberes jubilatorios al 82 % móvil.
n) La política de diferimiento sistemático de juicios contra la ANSES beneficia las disponibilidades del Estado a costa de la muerte de los jubilados porque el Fisco se beneficia con una suerte de “solución biológica” dada por el fallecimiento de los más viejos y la existencia de una mayoría de pasivos sin reclamos judiciales.
o) El gobierno no soluciona el problema de la Pobreza e Indigencia sino que la subsidia a través de Planes Sociales y Clientelismo Político, lo que representa votos que sostienen su caudal electoral.
El gobierno Kirchner concentra así su “gestión de endeudamiento” pagando Deuda Externa en gran escala – a Organismos Multilaterales de Crédito (Banco Mundial, BID y CAF) y especialmente a Acreedores Privados (vía uso de Reservas del BCRA) – a costa de traspasar esas obligaciones como Deuda Interna; y luego va licuando parte de esta deuda interna por vía de la inflación y/o por desfinanciamiento de las Agencias del Estado; mientras aplica un Plan de Ajuste Fiscal encubierto para poder sostener los servicios de la Deuda.
En conclusión.
Nos encontramos nuevamente frente a un falseamiento de la realidad en materia de Deuda Pública: los fallos de Nueva York han sido adversos a la Argentina, los Fondos Buitres han logrado su propósito de obtener el reconocimiento judicial de sus reclamos, el gobierno tiene ahora que empezar a pagarles, toda renegociación futura con los holdouts va a estar condicionada por este replanteo, se abre el problema de la aplicación de la Cláusula del Acreedor más favorecido (incorporada por el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005) y para poder seguir pagando la Deuda las Finanzas Públicas tienen que entrar en una nueva etapa de Ajuste Fiscal.-
Lic. Héctor L. GIULIANO Buenos Aires, 30.11.2012
NOTAS:
Este trabajo es continuación de otros tres escritos recientes del autor sobre el mismo tema: a) “Holdouts: embargo de la fragata y fallo de Nueva York” (del 8.11.2012), donde se demuestra la mayor importancia, gravedad y alcance de la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en relación al sensible problema de la fragata Libertad. b) “Holdouts y Megacanje 2005” (del 16.11.2012), donde se ponen estos hechos en el contexto del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna del año 2005-2010. c) “Holdouts: la alternativa de un nuevo default” (del 24.11.2012), donde se plantea la necesidad de un blanqueo de la insolvencia fiscal argentina precipitada por los resultados adversos en los juicios de los Fondos Buitre. Dentro de este marco, el presente trabajo se circunscribe a evaluar el punto de situación en que se encontraría hoy el gobierno argentino frente a la nueva realidad de los fallos judiciales en su contra, la gravedad financiera existente e irresuelta en materia de endeudamiento externo y sus efectos sobre la Política Económica a través de un Ajuste Fiscal en curso. La cláusula del acreedor más favorecido establece que si después del Megacanje el Gobierno Argentino concediera condiciones más ventajosas a cualquiera de los holdouts, tales beneficios serían extendidos automáticamente a la totalidad de los acreedores que ya aceptaron la operación. Esta cláusula fue incorporada por el gobierno Kirchner con el Megacanje 2005. Se ha observado que la aplicación de esta cláusula puede ser discutible en el caso de juicios perdidos por el Estado pero ello está por verse. De hecho, es muy improbable que ningún acreedor lo intente. Por otra parte, parece difícil que pueda excluirse la contingencia legal como causal de aplicación de este reclamo dado que, habiendo cerrado el gobierno las posibilidades de arreglo a través de la Ley Cerrojo, no dejaba formalmente a los holdouts otra vía que la judicial. Las siglas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y están expresadas siempre con redondeo. Es importante recordar que los Fondos Buitre no son sólo los que están pleiteando contra el gobierno argentino: la mayoría ya entró en el Megacanje 2005-2010 e hizo su negocio a través del clásico diferencial de precios por bonos-basura. Este tipo de operaciones, sin embargo, no se puede probar porque los datos e informaciones del megacanje son secretos, es decir, porque las autoridades no permiten el acceso a los mismos (habeas data). Queda un interrogante en cuanto al momento u oportunidad en que se producen estas decisiones del juez Griesa y de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, paralelamente a la capacidad de lobby del fondo Singer y entidades conexas (fundamentalmente el ATFA, grupo de holdouts de los Estados Unidos que dirige el ex funcionario de la administración Clinton, Robert Shapiro); pero esto corresponde ya a un plano de interpretación política cuyas consideraciones escapan al análisis del presente trabajo. La expresión “Club de la Deuda” fue utilizada muy acertadamente hace años por el Dr. Eduardo Conesa para referirse al conjunto de entidades que operan y hacen sus extraordinarias ganancias en función de los negociados de la Deuda Pública: bonistas, fondos de inversión (entre los cuales, “fondos buitre”), consultorías financieras, estudios jurídicos, bancos agentes y colocadores, agencias calificadoras de riesgo e incluso organismos financieros internacionales que actúan como supuestos auditores de las operaciones y de la evolución del endeudamiento público. Son parte del “submundo” (aunque él no usó esta palabra) que vive a costa de los Países Deudores. Según el Presupuesto aprobado por el Congreso para el 2013, los vencimientos de Capital son de 36.500 MD en el año que viene, 42.100 MD en 2014 y 49.100 MD en 2015. Paralelamente, los Gastos Corrientes por pago de Intereses, que son de unos 10.000 MD este año, pasan a 10.800 MD en 2013, 15.500 MD en 2014 y 18.600 MD en 2015. Un reciente editorial del diario La Nación – del 29.11 – sobre “La cuestión moral en el manejo de la deuda”, aunque con fuerte planteo crítico y palabras propias, viene a coincidir en el fondo con los lineamientos fácticos seguidos por el gobierno: el texto resalta la importancia de aceptar y “honrar” las deudas independientemente del origen ilegítimo, irregular y fraudulento de las mismas – como es el caso de nuestro país - recuerda elogiosamente las célebres palabras del presidente Avellaneda acerca del pago a costa del “hambre y la sed” del pueblo argentino, reproduce una vez más la distorsionada imagen de atribuir el apoyo legislativo al default reconocido por el presidente Rodríguez Saá en el 2001 asociándolo a una supuesta “deshonra” en lugar de ponderarlo como una reacción contra la Corrupción ínsita del Sistema de la Deuda, acota equívocamente el problema financiero de la misma sólo a las altas tasas de interés (cuyo nivel justifica), censura el supuesto “maltrato” a los acreedores (a los que incluso sugiere pedirles “perdón”) y concluye – en línea con el punto de vista de los Acreedores del Estado Argentino – en la necesidad de seguir pagando por razones “morales” omitiendo toda referencia a las investigaciones en curso de la justicia argentina: las citadas causas Olmos I – con sentencia del juez federal Ballestero del año 2000 – Olmos II, Megacanje 2001 y Responsabilidad de los funcionarios superiores de todos los gobiernos involucrados en la corrupción institucional argentina del Sistema de la Deuda. El fin de los Superávits gemelos – Fiscal y Externo - compromete cada vez más seriamente las cuentas públicas y es el detonante de los actuales problemas de Caja del Gobierno: el Estado Central ya no tiene superávit sino déficit fiscal creciente y su Balanza de Pagos está neutralizada porque el excedente positivo de la Balanza Comercial se compensa con los pagos de servicios económicos y financieros, particularmente con los giros de Intereses y de Utilidades al Exterior.
Fuente: Noticias Verdaderas en la Época.
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