Por eso, el gobierno nacional apela de manera cada vez más intensa al “impuesto inflacionario”, es decir, a apropiarse de recursos por la vía de desvalorizar con inflación los billetes en poder del público. Con este mecanismo –que resulta más regresivo y distorsivo que cualquiera de los peores impuestos–, la Nación se apodera de una masa de recursos equivalentes a la mitad de los ingresos de la Provincia de Buenos Aires o aproximadamente al doble de los ingresos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
El crecimiento de la presión impositiva es uno de los fenómenos de política económica más importante de la última década. Según datos del Ministerio de Economía, la presión impositiva (nacional y provincial) viene creciendo a razón de 1,6 puntos porcentuales del PBI por año desde el año 2003. Así, se pasó de una presión tributaria del orden del 22% del PBI en el año 2000 al 35% del PBI en el año 2011. Si además se suma las imposiciones que aplican los gobierno locales (municipios), la presión impositiva total llega a un nivel del orden del 38% del PBI. Es difícil encontrar antecedentes en el mundo de crecimientos tan vertiginosos de la presión tributaria.
En este marco, resulta muy paradójico que los recursos fiscales resulten insuficientes para sostener el crecimiento del gasto público. Vedada la alternativa del endeudamiento voluntario se viene apelando con creciente intensidad a dos mecanismos muy usados en la historia argentina: el endeudamiento compulsivo (por ejemplo, acumulando juicios con jubilados) y la inflación. Para entender la importancia de la inflación como fuente de financiamiento del Estado resulta pertinente hacer el siguiente ejercicio con datos oficiales:
· El monto total de dinero en poder del público asciende a aproximadamente $250 mil millones.
· La tasa de inflación promedio medida por la inflación de las provincias asciende a 22% anual.
· Esto implica que, en un año, el monto de dinero en poder del público pierde $56 mil millones de su valor por efecto de que los precios de los bienes aumentan.
La desvalorización del dinero tiene implícita una “transferencia” de recursos desde la población hacia el Estado. La gente recibe del Estado billetes por un valor nominal que se va deteriorando a lo largo del tiempo, es decir que cuando son utilizados sirven para comprar una menor cantidad de bienes debido al aumento de los precios.
Esa diferencia opera como un tributo que paga la gente y que es apropiado por quién detenta la facultad de emisión de los billetes, que es el Estado. Por eso, se usa la denominación “impuesto inflacionario”.
El “impuesto inflacionario” es, comparado con otros impuestos, muy regresivo porque la inflación golpea proporcionalmente con mayor virulencia a los ingresos de las familias más pobres. Además, niveles altos de inflación cercenan la capacidad de crecimiento porque penalizan la inversión productiva y premian la especulación. También alteran el régimen federal porque el Estado nacional cuenta con una fuente de financiamiento que usa discrecionalmente sin obligación de coparticipar a las provincias.
Para dimensionar su impacto, los $56 mil millones que recauda el Estado nacional como “impuesto inflacionario” es un monto equivalente a la mitad de los ingresos totales de la Provincia de Buenos Aires o casi el doble de los ingresos de las provincias de Santa Fe o Córdoba.
Para justificar el vertiginoso crecimiento del sector público –que obliga al aumento de la presión impositiva y del “impuesto inflacionario”– se apelan a argumentaciones ideológicas. Sin embargo, los discursos se cambian y se adoptan criterios opuestos cuando se cuestiona que las provincias y municipios impulsen mayor presión tributaria para financiar sus presupuestos. Esto demuestra que la cuestión ideológica es apenas una pantalla y que en el fondo de lo que se trata es de una puja por apropiarse de recursos públicos a los fines de acrecentar poder. Se impone la lógica de que mientras más fondos se acumulan mayor es la capacidad para subordinar a otros sectores políticos y sociales.
El “impuesto inflacionario” y las tasas de dudosa legalidad que plantean los gobierno locales testimonian un severo proceso de degradación institucional. Desde el punto de vista económico, socava las posibilidades del sector productivo para aprovechar la oportunidad inéditamente favorable que el contexto internacional le ofrece a la Argentina. Desde el punto de vista social, la población soporta el sacrificio de pagar cada vez más impuestos sin que se traduzcan en mejor educación y salud pública y más calidad de vida.
02/12/2012 - Número 470
Fuente: Idesa. Políticas para el Desarrollo Social.
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