Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe
¿Cuán segura puede sentirse una sociedad ante el avance del delito en sus diversas modalidades, si quienes fueron elegidos para garantizarle tranquilidad – sea desde el oficialismo o la oposición- se encuentran enfrascados en una irracional guerra política sin cuartel cuyo único objetivo es asegurarse un par de votos mas en las venideras elecciones?.
No crean algunos que con declaraciones rimbombantes y tirándose por la cabeza con acusaciones y responsabilidades se van a salvar – si de eso se trata – del veredicto de las urnas.
Si los delincuentes denominados “comunes” se organizaran (como hacen los traficantes de drogas) estaríamos en un verdadero problema. Así y todo, semejante nivel de impunidad y violencia ostentado nos llama a pensar que se sienten amparados por alguien: ¿policías corruptos?, ¿jueces laxos, cuando no también corruptos?, ¿sistema judicial deficiente?, ¿políticas de seguridad demasiado amparistas?; o que a pesar de que el referente del movimiento Los Sin Techo de esta capital José Luís Zalazar lo niegue, las substancias prohibidas (y encima residuales) ya están haciendo mella en las neuronas de quienes delinquen, muchos de ellos asombrosa y audazmente precoces.
El cuentapropismo delictivo por la supervivencia los impulsa, entre otras cosas, a matarse entre ellos; el Gobernador Bonfatti detalló que el 85% de las muertes son entre personas que se conocían. Y luego se desconocieron.
En la otra vereda, la del orden público, quien deberían protegernos, la policía, está rumiando bronca y resentimiento ante lo que considera a esta altura una injusta y generalizada campaña estigmatizadora a la que está siendo sometida (muchas veces irresponsablemente por parte de políticos que fueron o aspiran a ser gobernantes) por culpa de camaradas corruptos.
Más allá de carencias de orden logístico, tales como escasez de movilidad, falta de personal ó comisarías barriales que muchas veces son poco menos que taperas, la pregunta es por qué no pocos policías prefieren aliarse con los delincuentes en lugar de apresarlos.
Muchos filtran por lo bajo que reciben órdenes del poder político de no defenderse ante agresiones físicas o verbales y que el poder represivo en las zonas calientes es acotado por instrucciones “garantistas”; lo que extremadamente el senador Marcón calificó como “rebandeados con los derechos humanos”. De todos modos, nada justifica la corrupción en la policía.
¿Por qué no existen operativos de prevención (allanamientos masivos) supervisados por fiscales que hagan cumplir rigurosamente la ley, para garantizar que nadie, de un lado y del otro, se vaya a “rebandear”. Desde el poder político aducen que ello no podrá darse hasta que no esté funcionando a pleno el nuevo Código Procesal Penal. En la Casa Gris se están generando acciones en tal sentido, coordinadas entre el poder político y el flamante Procurador General de la Corte Jorge Barraguirre.
El jubilado Juez de Instrucción Penal de esta capital Dr. José Manuel García Porta acostumbraba a ordenar allanamientos barriales que garantizaba con su mediática presencia; los cuales eran bien vistos por la población que, una vez retirado de la función pública, lo ponderó en las encuestas que encargaron varios Partidos políticos, para – vanamente- tentarlo como candidato a Intendente de Santa Fe.
Los titulares nacionales de la UCR y el ARI Mario Barletta y Pablo Javkin emitieron una voluntarista declaración proponiendo “una convocatoria amplia e institucionalizada de todos los niveles y poderes del Estado y de los partidos políticos de la provincia, para coordinar un trabajo común que ponga al Estado y a la política accionando rigurosamente contra el delito y sus redes”.
¿Cómo acotar el delito si no es con una justicia decidida a trabajar con el poder político en la prevención y represión bajo la tutela de la Ley que se abarque, eso si, a “todos los niveles y poderes del estado”?. El Gobernador ha dicho que no protege “absolutamente a nadie, sea quien fuera” dentro de la policía” y que “ha existido exoneración y apartamiento de la fuerza de muchos efectivos".
Así y todo poco se puede hacer – y salta a la vista en las grandes ciudades – si la marginalidad social, caldo de cultivo de la delincuencia pese a las pregonadas políticas de inclusión de los gobernantes, no retrocede,
En Rosario mas de 120 mil personas viven en villas de emergencia, un alto porcentaje “se las rebusca” (hasta que se acobarde) para ganarse “la diaria” sin llegar al extremo de tener que delinquir para sobre vivir. El resto (¿cuántos?, ¿cientos?, ¿miles?, ¿decenas de miles?) decidió que el futuro es hoy y sale a jugarse la vida en el delito; simple, complejo o en las implacables redes del narcotráfico. Lo mas leve que le puede pasar es terminar presos.
El referente del Movimiento de los Sin Techo José Luis Zalazar radiografió la cruda realidad de esta ciudad capital: “en la ciudad de Santa Fe hay 9.000 jóvenes que no estudian ni trabajan; los santafesinos tenemos “una bomba debajo de la mesa” y no tomamos conciencia”. “En nuestra ciudad nacen 3000 chicos por año en la marginalidad y se instalan 400 ranchos anuales. Hay que incorporar a esta gente como ciudadanos”,
Los marginales están fuera de la cancha, no ven ningún partido”, continuó. Este sector no tiene ningún proyecto”. “Santa Fe se da el lujo de tener un 20% de marginados. Cuando estos chicos salen de la villa, explotan”, sentenció
Mientras tanto, el resto de la sociedad subjetivamente impotente, opta por la indiferencia expiatoria ante la realidad descrita por Zalazar reclamando ruidosa e indignadamente por las consecuencias. Y se prepara inconscientemente – y no tanto – para el voto aleccionador en las venideras elecciones.
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