Por Carlos Burgueño
Guillermo Moreno está entusiasmado con su plan de congelamiento de precios. A tal punto que tiene en mente prorrogarlo al menos por un mes más. Y no sólo alcanzaría a los súper, hipermercados y cadenas de electrodomésticos: el secretario de Comercio Interior quiere extender su proyecto antiinflacionario a todas las empresas proveedoras de insumos que tengan que ver con la producción de bienes de consumo masivo y que tengan una posición de dominio sobre los diferentes mercados.
En sus planes está retirar un ensayo para eventualmente lanzar un gran acuerdo nacional de precios, con todos los actores involucrados.
La idea de sumar más sectores al plan que según los datos que sus asesores le enviaron al secretario (está aún de viaje) marcha viento en popa: no vino de las quejas que los súper e hipermercadistas. Las mismas que le explicaron en dos oportunidades (antes de firmar el pacto y luego del primer fin de semana, el de carnaval, donde comenzaron a verse góndolas vacías) que el éxito no dependía de ellos, sino del "precio de reposición" de sus proveedores. Esto es, las principales 30 empresas productoras del país de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y de uso masivo. A su vez, éstas señalan a sus proveedoras de insumos por la imposibilidad de mantener los costos.
Además, todos los privados que se señalan entre sí como culpables del aumento de precios están de acuerdo en otro punto: el costo laboral. Las compañías afirman que las alzas de precios se deben, aunque sea en parte, a los acuerdos de aumentos de sueldos que resultan de las paritarias y que inevitablemente terminan incidiendo en los costos y trasladados en definitiva al precio final. Creen los empresarios también que es una cuestión clave la época en la que Moreno hizo firmar este congelamiento de precios, ya que si se extendiera un mes más, terminaría el primer día hábil de mayo, mes en que algunas de las principales negociaciones paritarias ya deberían haberse cerrado y los primeros aumentos de sueldos estarían aplicándose.
La visión de los privados es que es imposible que alzas salariales de más del 20% no terminen volcándose a los precios, con lo que el congelamiento para esa época sería algo más que difícil de sostener. Desde las oficinas morenistas hay otra visión sobre este punto: creen que en realidad las alzas salariales no deberían implicar mayores aumentos de costos, dado que en definitiva las ganancias empresariales serían lo suficientemente sólidas como para impedir un traslado importante. Se cree además que en años anteriores las compañías subieron sus precios aún más que la incidencia del alza laboral y que, al final de la historia, la discusión es de costos, punto sobre el cual el secretario cree tener verdaderos expertos que pueden convalidar o no la visión empresarial. En todo caso, considera Moreno, 2013 es el momento de poner el hombro, y eventualmente, después de las elecciones, se podría abrir el debate.
Los privados ven la situación con alarma, aunque igualmente consideran que estas negociaciones con el secretario de Comercio Interior, pese a que sean complicadas, son siempre mejores que el Plan B que el Gobierno tiene en carpeta. Es la fórmula ideada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, para el sector energético, y que se basa en una intervención directa en el management de las empresas concesionarias y de su capacidad de inversión para luego determinar si es válida la petición de un aumento de tarifas, medida que siempre finalmente se retrasa. Según los datos de las empresas, en la mente de varios funcionarios, especialmente de Kicillof, la intención de ese Plan B es utilizar el mismo mecanismo, pero en las empresas donde se perciban situaciones de dominio de mercado. Sólo luego de una intervención en el management y la política de costos de los privados, el Gobierno autorizaría (o no) aumentos de precios. En la mente de algunos funcionarios cercanos a Kicillof está la de marcar de cerca rubros como alimentos (aceites, harinas, enlatados, etc.), artículos de limpieza (jabones en polvo, detergentes, cremas limpiadoras), bebidas (gaseosas y cervezas) y productos de consumo masivo, donde no habría más de tres proveedores (en algunos casos, sólo uno) con dominio de más del 70% del mercado. También se tienen en la mira a los proveedores (envases plásticos, tetra brick, aluminio para latas, etc.), donde las compañías dominantes no son más de dos.
Por todo esto, seriamente los empresarios evalúan darle el gusto a Moreno y continuar después del 1 de abril con el acuerdo de precios, aunque no se lo anuncie públicamente. El funcionario ganaría una batalla clave: eludir las críticas que se esperan que caigan como bombas el primer día de abril de 2013, fecha que los enemigos de Moreno (de adentro y de afuera) esperan que llegue rápido para confirmar que su congelamiento no tuvo resultados y que los precios inmediatamente comenzaron a crecer.
Fuente: Ámbito Financiero (20/2/13)
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