Democratizar la justicia.

por Carlos Daniel Lasa.
Sobre la democratización de la justicia.
Las lecturas a que nos tienen acostumbrados en Argentina acerca de distintos hechos sucedidos, o que están acaeciendo (lecturas, sobre todo, a cargo de periodistas), no pasan de ser análisis de coyuntura.
Pocas veces se observa un esfuerzo tendiente a desentrañar las causas profundas de los acontecimientos para adquirir, de esta manera, una mirada que permita abarcar al hecho en su génesis, desarrollo y consecuencias.
El caso que hoy nos ocupa (o del que nos hacen ocupar) tiene que ver con la propuesta formulada desde la Presidencia de la Nación Argentina en el sentido de democratizar la justicia. En este sentido, la propuesta presidencial estaría manejando la hipótesis que la justicia argentina, tal como está configurada y tal como funciona hasta este momento, se encuentra fuera del sistema democrático. 
Es preciso, antes que nada, hacernos cargo del primer interrogante que se nos impone: debemos determinar qué entiende la Presidente de la República Argentina con el vocablo democracia.
La democracia moderna refiere el intento de fundar y de construir el ordenamiento y autoridad del Estado desde lo bajo hacia lo alto, es decir, a partir del singular[1]. Todas las fórmulas usadas para caracterizar la democracia así lo reflejan: “unidad (identidad) entre gobernantes y gobernados” (Schnabel; Carl Schmitt); “gobierno del pueblo a través del y por el pueblo” (A. Lincoln); “identidad del sujeto y del objeto del dominio” (Hans Kelsen); “todo el poder del Estado procede del pueblo” (art. 20 de la Constitución alemana).
De este modo, la voluntad del ciudadano instaura la única realidad soberana existente en el Estado: la ley. Fuera de ella no existe soberano alguno, ni siquiera aquellos que hayan conseguido la mayoría en una votación. Si la ley es la única realidad soberana en un Estado que se rotula de democrático, entonces será menester asegurar la existencia de un Poder absolutamente independiente, cual es el Poder Judicial, para que sea el garante de su aplicación.
Ciertamente que esta concepción no es la del actual gobierno para el cual la democracia se funda sobre el dominio o absolutismo de la mayoría. La mayoría ha expresado su voluntad la cual encuentra su unidad en la actual mandataria. Y si el único soberano, dentro de esta concepción, es la voluntad mayoritaria del pueblo encarnada en el mandatario, resulta lógico pensar que nada ni nadie (entre los que se cuenta la ley y el Poder Judicial), podrán ponerse como obstáculo frente a esta voluntad.
Ahora bien, ¿cuáles son los presupuestos que anidan en la concepción que acabamos de señalar?
El actual gobierno posee una matriz peronista. En nuestro libro titulado Juan Domingo Perón: el demiurgo del praxismo en Argentina[2] hemos intentado mostrar cómo la filosofía que configura al peronismo, la cual ha dado lugar a la existencia de una política praxista, se ha elaborado a partir de una voluntad de dominio autofundada y fundante de toda otra realidad. De este modo, el Estado debe ser la fiel expresión de la referida voluntad; en consecuencia, ninguna realidad podrá anteponerse a su cumplimiento. La vocación de esta voluntad es, obviamente, totalitaria; de allí que la violencia, ínsita en su esencia, se haya de ejercer, tarde o temprano, para enfrentar y doblegar toda libertad que no quiera plegarse a ella.
Otro interrogante se nos impone en este momento: ¿por qué esta concepción autoritaria de la política irrumpe, de modo recurrente, en la vida política argentina?
Consideramos que esta concepción autoritaria de la política no es sino la respuesta a una concepción de democracia que sólo pretende asegurar la existencia de una libertad para los negocios, al margen de todo intento de igualdad política y de justicia social. De este modo, la política argentina alterna gobiernos dominados por un espíritu autoritario y gobiernos dominados por un espíritu fenicio. La dialéctica integrativa entre libertad y justicia no se alcanza jamás.
En virtud de las afirmaciones precedentes, podemos pensar que la actual democratización de la justicia tiene por finalidad allanar el camino en el que se despliega una voluntad con vocación totalitaria (identificada, en este caso, con el actual gobierno nacional). Pero también es dado suponer que, detrás de esta propuesta formulada por el gobierno nacional, y quizás de modo totalmente inconsciente, anide el ideal de la realización de una justicia efectiva llevada a cabo por aquellos a quienes compete interpretar y aplicar las leyes en nuestro país. ¿Será éste el camino? No lo sabemos. Sí tenemos una certeza: resulta imprescindible pensar y luchar por la existencia de un Poder Judicial al margen de todo poder (no sólo gubernamental), que sea el garante de la interpretación y aplicación de la ley. Claro está que, para ello, no sólo se necesitará contar con un sistema judicial apto sino, además, con jueces prudentes y con un alto sentido de lo justo para que, entre otras cosas, las cárceles no estén sólo habitadas por los más desposeídos.
Por esta razón, en el diálogo que se inicia (esperemos que de eso se trate) será necesario interrogarse también acerca de la formación que están recibiendo todos aquellos que un día ejercerán la magistratura. Es preciso que los formadores tengan plena conciencia del gran desafío que se les presenta: ¿cómo hacer para transformar conciencias que sólo tienen un sentido de lo útil, en conciencias con un sentido de lo justo?

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Notas

[1] Cfr. Ernst-Wolfgang Böckenförde. Cristianesimo, libertà, democracia. Brescia, Morcelliana, 2007, prima edizione, pp. 186-194.

[2] Cfr. Carlos Daniel Lasa. Juan Domingo Perón: el demiurgo del praxismo en Argentina. Bs. As., Editorial Dunken, 2012.


 Abril  10, 2013
Fuente: ¡Fuera los Metafísicos!