por Jorge Raventos
El gobierno se debilita pero al mismo tiempo intensifica sus desafíos y de ese modo parece estar dinamitando cualquier eventual puente de plata. En un clima de tanto estrés, ¿cómo no comprender piadosamente el “Yo me quiero ir” de Hernán Lorenzino? Seguramente no es el único.
La Presidente dio una orden y sus diputados la cumplieron a rajatabla: entre el miércoles 24 y el jueves 25 aprobaron los proyectos de reforma judicial elaborados en la Casa Rosada. La Señora sólo había admitido un reparo, formulado por los jueces de Cámara en un documento que -incompleto- le había hecho llegar el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En ese texto, los magistrados cuestionaban que se expropiara a la Corte Suprema de su rol constitucional de jefatura política y administrativa de uno de los tres poderes.
¿Señal de poder?
Salvo ese signo de clemencia, el oficialismo aplicó sin anestesia la mayoría que aún conserva en la Cámara baja y votó las leyes que le habían pedido. La Presidente quería dar una señal de poder, en momentos en que siente rodeada su ciudadela: viene replegándose en batallas que definió como centrales (por caso, la aplicación de la Ley de Medios), la economía le da malas noticias, su principal aliado regional -el chavismo venezolano- perdió a su líder y está empantanado, no tiene un buen candidato para pelear la elección en la decisiva provincia de Buenos Aires y, last but not the least, el programa televisivo de Jorge Lanata obtiene audiencias formidables para seguir “la ruta del dinero K”, un itinerario que ya pasó por Lázaro Báez, un amigo muy cercano de la familia Kirchner, sigue este domingo con Julio De Vido y es muy imaginable cuál será su estación final. El gobierno necesitaba una buena noticia.
La bancada que preside Agustín Rossi se la proporcionó; eso sí, estuvo sometida a una fuerte tensión y debió hacer un gran esfuerzo, porque los votos no le sobraban. Rossi entró en pánico y estalló de rabia cuando creyó que había perdido su menguada (pero disciplinada) mayoría en una de las votaciones en particular. El estrés lo traicionó: el eficaz jefe del bloque sabe que desde la Casa Rosada le están serruchando el piso en su distrito, Santa Fe, inclinando la cancha en favor de Jorge Obeid para que encabece la oferta electoral oficialista. Rossi, que ha sido un fiel operador de la Casa Rosada teme que el pago por tanto servicio prestado no sea compensatorio, pero está forzado por las circunstancias a exhibir la debida obediencia a la jefatura suprema.
La ajustada victoria del cristinismo, recibida con alivio y algarabía por la propia tropa, no alcanza, de todos modos, a ocultar que diputados de origen oficialista que simpatizan con dirigentes bonaerenses del peronismo bien parados en la opinión pública -Daniel Scioli, Sergio Massa- votaron en el recinto contra los proyectos de la Casa Rosada, en lo que puede interpretarse como una mayor toma de distancia por parte de sus referentes. Empeñado en conseguir sus objetivos a cualquier costo, el gobierno hace más intenso su divorcio de la sociedad y, en consecuencia, ensancha las brechas que surcan la coalición oficialista. Se debilita en los dos planos.
Encerrados en la propia burbuja
Con mirada honda, los obispos transmitieron su preocupación por “las situaciones de crispación que dificultan llegar a consensos”. El presidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, criticó que “normas tan importantes para la República (como las que hacen a la Justicia del país) no cuenten con el debate suficiente”. Lozano señaló que la Iglesia considera que el tema de la Justicia requiere “mayor diálogo” y, agudamente, recordó que el papa Francisco “nos advierte” sobre los problemas que plantea “estar encerrado en el propio mundo”. La evocación de la palabra papal es oportuna: el solipsismo oficial, la insistencia en el “vamos por todo” está muy lejos de la exhortación al encuentro y la reconciliación que predica Francisco, con lo que los aprontes oficiales de aproximación al Papa (o “apropiación” del Papa) quedan como meros gestos por contraposición con hechos que actúan en sentido exactamente inverso.
Al concluir la llamada Revolución del Parque de 1890 derrotada por el entonces presidente Miguel Juárez Celman, el senador cordobés Manuel D. Pizarro diagnosticó: “La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto”. Esta semana, la oposición fue vencida en el Congreso pero, ¿está el oficialismo más saludable que una semana antes?
Aplastada ajustadamente la oposición parlamentaria, ¿adónde se dirige ahora el gobierno?
Si sus planes pudieran cumplirse, marcharía sin escalas a colonizar el Poder Judicial, politizándolo facciosamente y manejando a su placer el sistema de premios y castigos que, en su quimera, distribuiría un Consejo de la Magistratura monitoreado a control remoto desde Balcarce 50.
Pero esa utopía cesarista difícilmente se cumpla sin sobresaltos. El gobierno sabe que las leyes que ha empujado en el Congreso transgreden la Constitución en varios aspectos y serán (en rigor ya han empezado a ser) denunciados ante la Justicia. Conjetura también (y no va mal encaminado) que más de un juez dictaminará la inconstitucionalidad de esas normas y paralizará legalmente su aplicación. Sabe, en una palabra, que está activando un conflicto de poderes.
La multitud y el conflicto de poderes
¿Cómo se resuelve un conflicto de poderes cuando una de las partes es un oficialismo que no tiene reparos en saltar vallas normativas y que ya ha demostrado su reticencia para colaborar con decisiones de la Corte?
Los jueces pondrán freno al intento gubernamental de modificar la Justicia (y con ella, el orden republicano): ¿acatará el gobierno las decisiones de esa Justicia que quiere cambiar y dominar?
Si bien se mira, la ascendente tensión entre el oficialismo y la Justicia corre paralela con la creciente movilización ciudadana y social: la opinión pública independiente ha ganado la calle y también lo hacen las organizaciones gremiales. Ambos actores defienden a la Justicia de los embates oficialistas. El gobierno motoriza el conflicto de poderes, pero el arbitraje se corre a la calle.
La presencia de este árbitro social -la multitud- actúa sobre todos los personajes. La coalición oficialista se resquebraja, porque cada vez son más los que, en su seno, juzgan que la conducción puede estar llevándolos a una catástrofe. Las repetidas denuncias de corrupción, que en las últimas semanas encuentran millones de oídos receptivos (síndrome Lanata), constituyen un factor que activa esas fracturas.
Frente a la idea ramplona de “democratización” que procura imponer el gobierno, según la cual todos los poderes de la República (y la sociedad en su conjunto) deben alinearse y disciplinarse detrás de la mayoría electoral (que se sintetiza en la Presidencia), conviene tomar en cuenta perspectivas más refinadas de la democracia como, por caso, las que ha desarrollado el cientista político Pierre Rosanvallon, un pensador francés ligado políticamente a la socialdemocracia.
Explica Rosanvallon: “Hay dos escenarios fundamentales de la actividad El primero es la vida electoral, la confrontación de programas. En otras palabras, la vida política en el sentido más tradicional del término: su objetivo es organizar la confianza entre gobernantes y gobernados. Pero también existe otro escenario, constituido por el conjunto de las intervenciones ciudadanas frente a los poderes. Esas diferentes formas de desconfianza se manifiestan fuera de los períodos electorales (…) se trata de un ejercicio democrático no institucionalizado, reactivo, una expresión directa de las expectativas y decepciones de una sociedad. Junto al pueblo elector, también existe -y cada vez más- un pueblo que vigila, un pueblo que veta y un pueblo que controla. El buen ciudadano no es únicamente un elector periódico. También es aquél que vigila en forma permanente, el que interpela a los poderes públicos, los critica y los analiza”.
Para el autor francés, además del resultado electoral, cuenta la capacidad de generar confianza entre la sociedad y el poder político, pero “hoy, en nuestras sociedades, la desconfianza ocupa un lugar cada vez más estructurante. Hay cada vez más formas de soberanía negativa. La gestión de la desconfianza triunfó o, al menos, tiende a triunfar sobre la organización de la confianza”.
El diagnóstico de Rosanvallon describe con bastante precisión el estado de la democracia argentina, con un sistema político desmantelado en el que el partido mayoritario -el peronismo- se encuentra en estado de hibernación y ha sido sustituido por un “partido del Estado”, cuyo órgano exclusivo es el Poder ejecutivo del país, mientras una oposición atomizada demora en encontrar formas de convergencia y acción eficaz. En ese contexto, la sociedad se moviliza para defenderse: lo hizo fuertemente en 2008 alrededor de la la lucha del campo y lo viene haciendo en los últimos meses, con varios objetivos simultáneos: detener el avance despótico del Ejecutivo, reclamar por la impotencia y la desastrosa gestión del Estado (viciada por la corrupción) e impulsar a las fuerzas políticas no oficialistas a convergencias y acuerdos básicos para recuperar la concordia y la convivencia.
En su libro “Contrademocracia”, Rosanvallon analiza por qué “el ciudadano contemporáneo se conforma cada vez menos con otorgar periódicamente su confianza en el momento de votar. Ahora pone a prueba a sus gobernantes. Esta actitud se ha transformado en una característica esencial de la vida democrática actual. Para ello, ejerce antes que nada una acción de vigilancia. El hombre moderno sabe que el espacio común se construye día a día y que debe estar atento al riesgo de corrupción del proceso democrático. La segunda función de la desconfianza es la actitud crítica: el ciudadano analiza la distancia que separa la acción de las instituciones del ideal republicano. Esa crítica impide que la sociedad se duerma sobre una idea de la democracia sólo concebida como “el menor de los males”. El ideal de la ciudadanía debe ser, en efecto, organizar el bien común. Por fin, la tercera dimensión de la ciudadanía contrademocrática es la apreciación argumentada: la vida de la democracia no es la charla en el café de la esquina, es hallar una forma argumentada de discutir y de juzgar a los poderes”.
Juan Perón decía que la argentina es una sociedad politizada pero de baja cultura política. Capaz de movilizarse y vigilar así sea espasmódicamente los poderes constituidos, todavía no ha enraizado una” forma argumentada de discutir y de juzgar a los poderes”, es decir, todavía no ha alcanzado las formas organizadas partidarias e institucionales que le otorguen a la sociedad política equilibrio, flexibilidad, historia y capacidad de cambio en orden. Este es quizás el mayor desafío de este momento en el que acaba un ciclo: proyectar lo que viene
La desconfianza organizada
La sombra dela multitud vigilante también opera sobre los tribunales: lo que la sociedad espera de los jueces ya está muy claro. También está claro que las expectativas a menudo enmascaran la desconfianza de una sociedad reacia a repetir desengaños.
En ese contexto de desconfianza puede interpretarse la sospecha de contubernio entre el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el gobierno central que disparó la diputada Elisa Carrió. En un orden político donde lo fáctico prevalece y donde lo que Yrigoyen llamaba “efectividades conducentes” y “patéticas miserabilidades” lubrica fallos judiciales o votos parlamentarios y alienta cambios de casaca o movimientos tácticos inopinados, el escepticismo parece una vacuna contra la decepción. La diputada se sorprendió ante el hecho de que el Ejecutivo cediera en un proyecto que amputaba a a la Corte el manejo político, administrativo y -subrayó ella- los recursos financieros de la Justicia. De esa sorpresa derivó la sospecha de alguna promesa de contraprestación.
Con el paisaje de fondo de las multitudes movilizadas, ese recelo no parece razonable.
Una mirada no conspirativa puede aceptar plausiblemente que la censura en que incurrió el presidente de la Corte (al transmitir al Ejecutivo y al presidente de Diputados sólo un fragmento del memorando de los camaristas, el que aludía a los recursos administrativos y presupuestarios de la Corte) se debió a su deseo de que el ámbito judicial no fuera imputable de prejuzgamiento en temas sobre los que sin duda los magistrados deberán pronunciarse. En cualquier caso, la denuncia de la diputada Carrió (no acompañada por otras fuerzas políticas) acentúa la presión objetiva que se ejerce sobre Lorenzetti y sobre el conjunto de los jueces, a quienes las cacerolas movilizadas el 18 de abril les reclaman fortaleza, temperamento e independencia.
La atmósfera multitudinaria también impulsa a las fuerzas opositoras. Empiezan a constituirse grandes espacios que tienden a construir boletas electorales comunes (uno que puede reunir a radicales, socialistas y corrientes de centroizquierda; otro, con eje en el peronismo no K y alianzas con el macrismo y otras corrientes afines). Con ese diseño el oficialismo se encontrará con una competencia más fuerte que la que tuvo en 2011. Las encuestas indican ya que la oposición ganará en cuatro de los grandes distritos (Capital, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) y que probablemente también consiga la victoria en la provincia de Buenos Aires, donde el Frente para la Victoria no consigue un candidato atractivo. Para poder aspirar a que el próximo Congreso vote una convocatoria a la reforma constitucional destinada a permitirle la reelección a la Presidente, el oficialismo necesita obtener más del 42 por ciento delos votos en la provincia. Hoy ese resultado es inalcanzable (y el futuro cerca no se entrevé más promisorio).
Dinamitan los puentes de plata
Pero la influencia de la multitud no se da sólo en ese terreno, sino en el de la dureza conceptual. El senador por Mendoza Ernesto Sanz, un hombre moderado que en 2015 será candidato presidencial de un partido sereno y apegado a lo institucional como la UCR, se comprometió esta semana a impulsar la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner, que el juez Norberto Oyarbide cerró con precipitación hace unos años. Ese compromiso de Sanz supone enfrentar el principio jurídico de la cosa juzgada. Sanz está convencido de que se puede hacer invocando la figura de la “cosa juzgada írrita” para declarar nulo el fallo de Oyarbide, lo cual procede cuando la cosa juzgada fue lograda con vicios intrínsecos (dolo, prevaricato, cohecho, fraude, etc.). El fallecido jurista Germán Bidart Campos escribió, por cierto: “Sería ritualismo fatuo, exceso procesal manifiesto, vicio instrumental y negatorio del derecho fondal -sobre todo constitucional-, apegarse y aferrarse a la formalidad vacía de la autoridad de la cosa juzgada en una sentencia viciada de nulidad. ¿Para qué es la sentencia? Para administrar justicia. La justicia como valor, como servicio, como función del poder, no es cosa de meras formas, de apariencias.Destronar a la cosa juzgada nula o írrita es una de las batallas constitucionales y procesales más elocuentes y necesarias para dar prioridad a la verdad objetiva, y, con ella, a la justicia”.
En cualquier caso, una cosa son los tratados y otra la acción política. El compromiso del radical Sanz prueba cuánto se ha calentado el clima en la Argentina al ritmo de la actitud confrontativa constante del gobierno y de la paulatina reacción de la multitud. El gobierno se debilita pero al mismo tiempo intensifica sus desafíos y de ese modo parece estar dinamitando cualquier eventual puente de plata.
En un clima de tanto estrés, ¿cómo no comprender piadosamente el “Yo me quiero ir” de Hernán Lorenzino? Seguramente no es el único.
abril 30, 2013
Informador Público
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