por Roberto Roth
Es la pregunta que habría que empezar a contestar ahora, cuando el kirchnerismo inicia su despedida.
Algunos diputados han adelantado que habría que empezar por derogar las recientes leyes que se acaban de sancionar, lo cual es correcto, pero hay que señalar que así se obvian complicaciones futuras pero que a la actual situación de corrupción mayúscula de todas las instituciones del estado argentino: administración pública con cada uno de sus ministerios, justicia, fuerzas armadas y de seguridad, Congreso y hasta jardines de infantes se ha llegado con la legislación que existe hace décadas que, de subsistir, seguirá produciendo corrupción.
La corrupción no es un invento kirchnerista. Existe en grado alarmante desde hace décadas y seguramente infectará a futuros gobiernos, pero algo se puede hacer para ponerle límites desde el Congreso por más que continúe en funciones un gobierno que la defiende y aprovecha.
Además, es urgente hacerlo, porque hasta que no se la dome no hay forma de restablecer una medida razonable de seguridad ni un mínimo de racionalidad en el manejo económico. Reprimir la corrupción en sí es un tema de los jueces, pero como los mecanismos con los que se maneja han sido establecidos por ley, bien puede un Congreso desmontarlos.
Sin duda las leyes que sanciona el Congreso para controlar la corrupción serán vetadas por la Presidente, pero no hay que descorazonarse, quedan entonces no ya como antecedente sino como amenaza confirmada a la corrupción que tendrá respaldo popular y dejarán a la vista el complejo mecanismo que han urdido para saquear al país.
He aquí algunas de las medidas que debieran adoptarse.
El testaferro es admitido en el Código Civil como una forma de mandato, dando valor al contradocumento que atestigua lo contrario de lo que afirma la escritura pública. Bastaría con quitarle valor al contradocumento para que cada testaferro quedase como propietario efectivo de lo que ha sido puesto a su nombre, con lo cual desaparece la institución de nuestra legislación y las ganas de designar testaferros. Habría que dar un plazo razonable para que los dueños de propiedades a nombre de testaferros den un paso adelante y regularicen su situación.
La sociedad anónima
La sociedad anónima fue inventada en el derecho comercial para juntar los capitales de muchos, no para ocultar sus dueños, como está siendo utilizada entre nosotros.
El caso Ciccone, donde la justicia después de dos años no ha podido aún determinar quien es el dueño de la empresa es un buen ejemplo de cuanto permite la legislación actual. Recordemos, además, que todos los grandes narcotraficantes, desde Pablo Escobar, pasando por El Señor de los Cielos hasta Chapu Guzmán, son fuertes estancieros en la Argentina.
Precisamos entonces legislación que establezca que propietarios de bienes registrables solo pueden ser sociedades constituidas en el país con cada uno de sus integrantes propietarios de más de un 5% de las acciones identificados. Que cuando los accionistas son sociedades extranjeras no pueden estar constituidas en paraísos fiscales para empezar y establezcamos los requisitos restantes para identificar a los verdaderos propietarios como hace cualquier legislación de país honesto.
La impunidad
Está demostrado que es casi imposible procesar un funcionario mientras dura el gobierno que integra. Hay que aceptar una realidad que será difícil cambiar y legislar en consecuencia, estableciendo que el plazo de la prescripción para los delitos que comete un funcionario público comienza a correr a partir del momento que deja de ejercer el cargo.
El otro mecanismo utilizado para asegurar impunidad es el juicio express que proclama el sobreseimiento. Se controla estableciendo que los sobreseimientos dictados mientras el funcionario ejercía tendrán carácter meramente provisorio.
Los delitos legalizados
Hay distintos delitos que, por ley, pueden cometerse sin sanción:
Evasión impositiva
Desde 1957 la ley exime de tributar impuesto a las ganancias financieras que, no por casualidad, son las de mayor importancia. Entran en la exención los casinos y los bingos, cuya actividad es financiera, además por supuesto de todos los banqueros y las financieras, mientras pagan obreros y jubilados.
Contrabando legalizado
Desde 1956 existen distintos regímenes para facilitar el contrabando con el pretexto de favorecer el desarrollo de la Patagonia o de Tierra del Fuego. El actual permite importar libre de cargo a Tierra del Fuego equipos electrónicos de avanzada, que son ensamblados y vendidos en Buenos Aires a tres veces su valor de importación. La operación le cuesta al fisco 1.500 millones de dólares por año y por más que falten dólares a ningún funcionario se le ha ocurrido pararla, lo cual da un indicio de quien está atrás.
Lavado de plata
Los casinos y bingos son los instrumentos más a mano para lavar plata. Son particularmente importantes para el narcotráfico, ya que son los únicos que pueden llevar al banco sin despertar suspicacias montones de billetes de 5 y 10 que son los que se reciben en la venta de paco y marihuana.
No va a ser fácil volver al sistema de pocos casinos de propiedad nacional y solo para gente pudiente que existió desde 1946 cuando se decidió privatizar hasta YPF, porque no sólo el kirchnerismo participa de la actual orgía del juego, sino también importantes figuras del radicalismo y del PRO.
Trabajo esclavo y piratería de marcas
Concentrado en la industria textil precisa una salida a la superficie para vender al gran público. Lo consigue en la “Salada”, que a su vez, con aliento oficial, ha prohijado decenas de saladitas en todo el país.
Usura
La usura está penada tanto en el Código Penal como en el Civil. Nuestro Código no establece una cifra determinada a partir de la cual el interés es usurario, pero hasta 1955 la jurisprudencia uniformemente había establecido el 12%. En 1956, con el argumento que el interés debía resultar del libre juega del mercado en una economía liberal, exactamente al revés de lo que opinó Adam Smith fundador del liberalismo, los jueces dejaron de aplicar los códigos. El resultado es que las tarjetas de crédito cobran arriba del 70% sobre saldos impagos y una multitud de financieras disfrazadas de mutuales y cooperativas cobran arriba del 150% anual a jubilados y obreros sobre préstamos hechos con fondos de la ANSES y de las obras sociales que, por decisión oficial, pueden ser descontados del haber jubilatorio o de los sueldos.
El remedio es establecer el 12% de la jurisprudencia por ley, como ocurre en todos los países civilizados del mundo que son verdaderamente capitalistas.
Crimen organizado
Hay otros delitos facilitados o desincriminados por el estado argentino. Resalta entre ellos el crimen organizado, pero será materia de un artículo separado.
mayo 23, 2013
Informador Público
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