Por Agustín Laje (*)
Hace algunas horas, Córdoba fue sumergida en un virtual estado de guerra civil. Bastaron algunos minutos de autoacuartelamiento policial, como producto de un reclamo salarial, para que la anarquía se transformara en la nota distintiva de la jornada.
En efecto, detrás de los desmanes provocados por los saqueadores, que afortunadamente fueron resistidos por valientes grupos de vecinos que intentaron defenderse por sus propios medios, asomaba el “hombre en estado de naturaleza” de Thomas Hobbes y su característica condición de padecer una “guerra de todos contra todos”.
Los saqueos y las tropelías se iniciaron durante la tarde del martes y se extendieron ininterrumpidamente hasta la siesta del miércoles, cuando el gobernador cordobés torció el brazo, aceptó los reclamos policiales y, en consecuencia, las patrullas volvieron a proteger la ciudad. El saldo del salvajismo saqueador fueron más de mil negocios –grandes, medianos, pequeños y diminutos– totalmente destruidos; cientos de familias cuyas fuentes de ingreso se han desmantelado; ciento setenta heridos de bala y un muerto.
Va de suyo que el principal beneficiado político del padecimiento cordobés fue el kirchnerismo, enemistado con el gobierno provincial que encabeza José Manuel De la Sota. Sólo así puede explicarse la olímpica lavada de manos del Gobierno Nacional a la hora de enviar fuerzas federales a Córdoba que, según data en el archivo virtual del diario La Voz del Interior, fueron solicitadas por la provincia alrededor de la 1:00 AM del miércoles sin recibir respuesta alguna.
El trasfondo político de lo que vivimos los cordobeses es evidente e innegable. En agosto del 2005 la Policía provincial llevó adelante un paro que duró tres días sin producirse ningún saqueo. Ocho años más tarde, bastaron pocas horas de paro policial para que los vándalos salieran en enormes grupos a pulverizar la ciudad. ¿Qué cambió entre 2005 y 2013? Fundamentalmente, la relación del kirchnerismo con el gobierno cordobés.
El año pasado, durante el mes de febrero, la Policía de la Provincia de Misiones llevó adelante un paro que duró varios días. En esta oportunidad, al igual que como ocurrió en la Córdoba del 2005, no se registró un solo saqueo, pues el auxilio de Gendarmería fue instantáneo. Claro, gobernador misionero Maurice Closs se distingue por su obsecuencia para con los mandones de la Casa Rosada. ¿Acaso alguien se imagina a Capitanich discurseando de la forma en que lo hizo –excusando de manera burda la falta de respaldo federal– frente a un eventual pedido de auxilio de los gobernadores ultrakirchneristas Sergio Uribarri, Gildo Insfrán, Lucía Corpacci, Luis Beder Herrera, Juan Manuel Urtubey o Francisco Pérez?
Vale destacar que, según el periodista Ignacio Fidanza (La Política Online), el responsable del mutismo del Gobierno Nacional frente a los pedidos de Córdoba no fue otro que el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, uno de los hombres más poderosos del elenco kirchnerista. La hipótesis es interesante, habidas cuentas de la vieja enemistad que mantiene Zannini con De la Sota, que data de los años `70, cuando éstos se encontraban en veredas opuestas nada menos que en el marco de los “años de plomo”.
De cualquier forma, y al margen de las conjeturas políticas coyunturales que puedan efectuarse, los saqueos cordobeses ponen de manifiesto algo que la filosofía política ha dicho hace ya varios siglos: la función esencial del Estado consiste en proteger los derechos individuales de sus ciudadanos a través de eficientes Fuerzas Armadas y de Seguridad. Un Estado que no puede asegurar tales derechos, es un Estado fallido. En este orden de ideas, el Estado populista demuestra todos los días que no es capaz de brindar servicios de seguridad razonables (de ahí el crecimiento desproporcionado de guardias privados y barrios cerrados); por definición, sus energías –humanas, logísticas y monetarias– están abocadas a lo que coloquialmente se denomina “pan y circo” –desmedido gasto público en subsidios, prebendas y onerosos divertimentos–, y a la promoción desaforada de los caudillos que detentan el poder, a través de incalculables derroches en propaganda gubernamental. Urge, por lo tanto, desmantelar el Estado populista y reconstruir un Estado dedicado a garantizar el orden, la paz y la libertad, a través de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas dignas, bien pagas y bien equipadas.
Ahora bien, el Estado populista no sólo es responsable de las condiciones políticas que conducen al saqueo, sino también de las condiciones culturales que lo posibilitan. En efecto, si determinado sistema moral respetuoso de la propiedad privada y del valor del trabajo imperase en la ciudadanía, la ausencia de policía no provocaría por sí sola un desmán como el ocurrido en Córdoba. Pero son nuestras propias instituciones las que en primer lugar castigan y abominan del éxito emprendedor; son nuestros políticos los que hacen del Estado un aparato de saqueo sistemático en primer término; son nuestros profesores y catedráticos los que hacen germinar en la cabeza de sus alumnos que la economía es un “juego de suma cero”, que la riqueza es estática y que lo que le falta a uno es porque otro lo tiene; y son nuestros periodistas los que repiten estas tonteras desde sus usinas de difusión, hegemonizando la falsa máxima que reza que “las necesidades generan derechos”. ¿Cómo no esperar, entonces, que esta cultura de la dádiva, la envidia y el saqueo se termine materializando en salvajes saqueadores que se jactan de sus robos por Facebook y Twitter?
Hay que decirlo de una vez: gran parte de la cultura argentina está infestada de cabo a rabo. En efecto, se ha perdido el valor del trabajo, del esfuerzo, de la productividad, de la autonomía personal, de la familia, del orden, de la propiedad privada. En cambio, se ha adoptado la cultura de la prebenda, de la dádiva, de la pereza y del gusto por lo ajeno.
En la virtual guerra civil cordobesa no chocaron dos clases sociales, sino dos tipos culturales: el hombre productivo vs. el hombre parásito. El hombre productivo vive de su trabajo; el parásito vive del fruto del trabajo ajeno. El hombre productivo pide derechos individuales de no interferencia, pues quiere trabajar en paz; el parásito afirma que “sus necesidades” generan el derecho de disponer de la vida de los demás. El hombre productivo no exige recompensas no merecidas; el parásito generalmente obtiene lo que no merece. El hombre productivo entiende que su dignidad descansa en su autonomía y autorrealización personal; el parásito no podría vivir sin la existencia del hombre productivo y, por añadidura, jamás entenderá el significado de la dignidad.
Sorprenden los que se sorprenden (valga la redundancia) por los saqueos en Córdoba. En efecto, éstos constituyen un fenómeno que, de hecho y de manera inadvertida, ya ocurría y ocurre sistemáticamente en toda la Argentina: el saqueo al hombre productivo (al cual se le sustrae la mitad de su trabajo anual en impuestos) por parte del hombre parásito a través del Estado.
La filósofa Ayn Rand decía: “Cuando vean que para producir necesitan obtener la aprobación de quienes no producen nada; cuando vean que el dinero fluye a quienes comercian no en bienes sino en favores; cuando vean que los hombres se hacen más ricos a través de la estafa que del trabajo, y sus leyes no los protegen de ellos, pero los protegen a ellos de ustedes; cuando vean que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en un sacrificio personal; sabrán que su sociedad está condenada”.
(*) Agustín Laje es coautor del libro “Cuando el relato es una FARSA”. @agustinlaje | agustin_laje@hotmail.com
La Prensa Popular | Edición 254 | Jueves 5 de Diciembre de 2013
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