El parlamento de Andalucía (España), aprobó este miércoles una ley que obliga a las escuelas a tratar a los escolares según el sexo que estos deseen, estableciendo en los documentos oficiales el nombre elegido por los alumnos sin importar si corresponden al género real.
Esta norma, conocida como “ley de transexualidad”, fue aprobada pese a las 36.000 firmas presentadas en contra. El “proyecto de ley integral para la no discriminación por motivos de género y el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía” fue aprobado por el PSOE, Izquierda Unida-Los Verdes y el Partido Popular.
Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, declaró que “la ley andaluza de transexualidad es un despropósito liberticida y anticientífico. Trata de imponer a la sociedad que toda una comunidad escolar se tenga que plegar a las exigencias de un menor (o sus familiares) en función de un derecho especial debido a una supuesta transexualidad”.
Alicia Rubio, de Profesionales por la Ética ha declarado a ACI Prensa que “las leyes de discriminación positiva siempre acaban discriminando negativamente a los demás. Porque dan beneficios a un colectivo con respecto a los otros, por eso no son beneficiosas nunca”.
Rubio advirtió que ante la petición de cambio de sexo de un menor puede existir un problema de personalidad. “Quizás el niño piensa que así le prestarán más atención. Los niños con el tiempo cambian mucho de opinión. Quizás pueden decir que es una niña porque le gustan las cosas que hace su hermana o porque a su hermana le hacen más caso que a él. Las razones pueden ser variadísimas”, señaló.
Recordó que los niños “sin duda no tienen la personalidad formada, por eso no se les puede hacer caso con todo. Lo que no significa que no se cuide al niño, se le trate de hacer lo más feliz posible. Pero hay que tener cuidado con determinadas cosas”.
Rubio propuso tener un trato neutral con el menor para que se sienta bien, pero sin tener que imponer socialmente nada, ni tampoco comenzar tratamientos hormonales prematuros que son perjudiciales para el menor.
Arsuaga expresó su “sorpresa” al conocer las declaraciones de la diputada del PP Esperanza Oña, para quien “hay que desmitificar las operaciones de sexo, porque es poner orden donde hay desorden, recomponer la concordancia entre el sexo físico y el cerebro, es recomponer la concordancia entre el sexo físico y el interior”.
Según la ley aprobada, si un niño se siente una niña o su familia considera que se realizará mejor siendo una niña, la Junta asumirá que el cambio de identidad es la mejor solución para el menor y organizará todas sus relaciones para que no tenga otra opción que la de cambiar de sexo.
Esto obligará a toda la comunidad escolar a admitirlo en los baños y vestuarios de chicas, aunque sus órganos genitales sean los de un varón. Además se obligará a sus compañeros a llamarlo por su nombre femenino y tratarlo como mujer.
También se obligará a los profesores a cambiar todos los papeles del alumno para adaptarlos a su nueva identidad de género. Además, los padres de los demás alumnos estarán obligados a ver cómo algo natural que el muchacho vaya vestido de mujer al colegio y comparta servicios y espacios íntimos con sus hijas. También se preparará al menor para el cambio de sexo, un proceso que culminará con tratamientos hormonales y con la operación quirúrgica de cambio de órganos genitales.
Todo esto supone también un gasto tremendo, pues en el año 2012 para cuestiones de género se repartieron 3,2 millones de euros desde el instituto de la mujer.
Madrid, 10 Abr. 14 / 07:32 pm (ACI/EWTN Noticias).-
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