por Luis A. Rizzi
Jorge Ávila, titular del sindicato de petroleros privados, amenazó con dejar al país “sin gas y sin petróleo, si no arreglan el conflicto en cinco días” y arengó afirmando: “Vamos a acatar la conciliación desde el día de hoy, pero que sepan que esperamos respuestas.
Si no, no sólo tendrán una Patagonia rebelde, sino un país en llamas”.
Esta nota la tenía preparada desde hace unas semanas pero las declaraciones transcriptas de un importante dirigente gremial, las expresiones de Daniel Scioli afirmando que el actual gobierno ignora al 49% de la gente que votó en las últimas elecciones, la actitud de “la Cámpora” de tomar por la fuerza un despacho de la cámara de diputados y la propuesta para nacionalizar mediante acciones directas la exigencia al Poder Judicial para liberar o desprocesar a Milagro Sala me convencieron para redondearla y publicarla.
El diccionario de la Real Academia ofrece varias acepciones sobre la palabra “guerra”, que etimológicamente significa “pelea” o “discordia”, que transcribo a continuación: “Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Pugna entre personas. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. Oposición de una cosa con otra, y por último interjección para excitarse al combate. Por último la RAE tiene otra acepción para definir el concepto “guerra civil”: guerra que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación.
La palabra “conflicto” tiene virtualmente el mismo significado pero me pareció más apropiado para titular esta nota.
Los argentinos vivimos quizás el último escalón de un largo lapso de atraso o decadencia, para el caso es lo mismo y esos procesos terminan descomponiendo a la sociedad, sociológicamente lo definiríamos como un máximo estado de “anomia” o “Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”. Vivimos un momento morboso.
Un dirigente gremial no dudó en afirmar públicamente que podría haber “un país en llamas” y la frase es más que simbólica proveniente de un dirigente petrolero. Lo más grave, es que se desligó del conflicto y delegó en el gobierno y las empresas como los únicos responsables que deben “arreglar el conflicto” como si su gremio fuera ajeno a los problemas y cuestiones que debe resolver la sociedad entera. Se limitó a plantear su exigencia y su bandera de guerra.
El gremio es parte del conflicto suscitado esencialmente por la caída de los precios del petróleo en el mundo y la Argentina insólitamente está subsidiando su precio en más de un 100% de su valor de mercado.
El gremio debe asumir su parte y así como en las épocas de los buenos precios se beneficiaron con el valor de los salarios correspondientes a sus tareas quizás ahora les toque también admitir que deberán compartir el sacrificio junto al resto de la sociedad, teniendo en cuenta que el precio de la nafta en Argentina, pese a la baja del precio del petróleo continuó aumentado.
La Cámpora se apropió de un despacho de la cámara de diputados por la fuerza sin que el Presidente de la Cámara haya podido entablar dialogo alguno. Que podemos esperar de legisladores que prefieren el uso de la fuerza antes que dialogar y acatar las decisiones institucionales. Esta actitud es quizás tan o más grave que la del dirigente Jorge Ávila, porque se trata de representantes del pueblo.
Grupos sociales comenzaron acciones directas en todo el país cortando o dificultando las vías de circulación para exigir a un Juez que se aparte de las normas del debido proceso y ponga en libertad a Milagro Sala procesada por haber sido imputada por la comisión de varios delitos. Otro ejemplo del uso de la fuerza contra la vigencia de la ley, actitud que equivale a “poner el país en llamas”.
Daniel Scioli, persona que debería estar avergonzada por el estado en que dejó la Provincia de Buenos Aires, una de las peores gobernaciones de los últimos años según lo declaró Jorge Sarghini, para justificarse de sus falencias no sólo dice que hay que dejar de lado el pasado y mirar el futuro, sino que agregó que el actual gobierno ignora al 49% que lo votó a él. Sus palabras fueron “En campaña hablaban de unidad, y ese es el desafío del Presidente, porque las decisiones que se vienen tomando amplían la división. No hay gestos hacia el 49% [que no lo votó a Macri]. Ese es su desafío” (sic)
Como vemos, creo que estas cuestiones no pueden pasar inadvertidas. Se trata de dirigentes que no dudan en incitar a la gente a una suerte de enfrentamiento subversivo y debilitar aun más el funcionamiento institucional del país.
Esta imagen de riesgo poco ayuda al esfuerzo hecho en Davos para reinsertar a la Argentina en el escenario de los países normales.
El estado tiene un déficit fiscal de casi el 8% del PBI, en los últimos años no se creó empleo privado, no creció el PBI, prácticamente desapareció el superávit del comercio exterior y tenemos una de la inflaciones más altas del mundo. Son signos obvios de un sistema económico muerto. El 30% o más de la economía y del empleo es marginal e informal, son miles de personas excluidas, un 65% de los jubilados cobran menos que el salario vital mínimo, y un porcentaje casi similar de trabajadores registrados perciben un salario inferior a $ 8.000. Ese fue el legado de doce años de kirchnerismo y en ese lapso qué hicieron Jorge Ávila, Daniel Scioli, La Cámpora o las llamadas organizaciones sociales, salvo aquellas que realmente a pulmón, como el caso de Los piletones, contribuyeron a morigerar el costo de doce años de korrupción, abuso de poder, ruptura de los sistemas estadísticos, abandono de la infraestructura, caminos en pésimo estado, rutas jamás terminadas, el accidente de Once, insuficiencia energética, etc, etc, etc…
Ahora pretenden culminar la obra generando un estado de conflictividad civil o al decir “poner al país en llamas” desatar un estado de guerra civil en cualquier de sus acepciones, según vimos antes.
El gobierno del la nación, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial tienen que actuar y responder con la autoridad de la ley y penalizar estos hechos que claramente son ilegales.
Informador Público • 23/01/2016 •
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