Mucho se ha debatido acerca de las circunstancias en las que el presidente Mauricio Macri decidió completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, procedimiento que terminará en febrero ya que actualmente corre el período de recepción de avales e impugnaciones, y luego corresponderá realizar las audiencias correspondientes. Sin embargo, y más allá de la importancia de las formas, es muy interesante el fondo de la cuestión, aquí explicado por un ex senador nacional por Entre Ríos.
por Ricardo Laferriere.
Uno de los reclamos que con más urgencia planteó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al presidente Mauricio Macri en su primer entrevista fue la necesidad de integrar el máximo Tribunal de Justicia, atento a la situación de gravedad que implicaba poder dictar sentencias sólo si existía un acuerdo total entre sus tres miembros –ya que, en caso contrario, no se alcanzaría la mayoría de tres sobre cinco exigidos para la validez de esos pronunciamientos-.
La exigencia –de los hechos, ya que no del magistrado- se produce en un determinado contexto político caracterizado por una transición que, si bien se da entre 2 administraciones constitucionales, ha carecido de las más mínimas formalidades y materialidades de colaboración de la administración saliente y sobre un delicado pero altamente inestable equilibrio económico-social instalado como una bomba de relojería sobre el país.
No somos Suiza, al menos por ahora. Sin dejar de reconocer que en una situación plenamente normal lo adecuado sería remitir los pliegos al Senado demorando su incorporación hasta que éste se expida concediendo los acuerdos, lo cierto es que la Cámara alta no puede convocarse al sólo efecto de tratar los acuerdos, ya que la Constitución dispone que ambas Cámaras deben comenzar y terminar sus sesiones en forma conjunta.
Y también es cierto que una convocatoria a sesiones extraordinarias forma parte de las facultades exclusivas del Presidente, a quien la Constitución le otorga ese derecho como una de sus herramientas de gobierno y ha decidido que no es conveniente utilizarla.
Así las cosas, la decisión de Mauricio Macri de enviar los pliegos para cubrir los cargos vacantes y a la vez, designarlos en comisión para evitar la parálisis de la Corte, conjuga la necesidad jurídica de funcionamiento del Tribunal Superior y su decisión política de respetar los plazos constitucionales de funcionamiento del Congreso. Su eventual rechazo en el Senado no alteraría en lo más mínimo su actuación inmediata y reabriría el procedimiento con nuevos candidatos.
No viola ninguna norma. Es exagerado, lamentablemente, el calificativo de “disparate” con que el presidente del bloque de senadores justicialistas calificó la medida, habida cuenta que se encuentra en las facultades constitucionales del Presidente –art. 99, inc. 19 de la Constitución Nacional- y que pretender limitarles sus facultades en un momento de extrema sensibilidad económica, social y política resultaría, eso sí, dañoso para los delicados equilibrios de conducción que debe ejercer el nuevo mandatario, quien no ha recibido el país precisamente como un lecho de rosas.
“La Corte no es un empleo” –se ha dicho, para negar la facultad constitucional del Presidente-. Sin embargo, en el lenguaje constitucional sí lo es. Lo dice el propio art. 110: “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta,…”
Tampoco es un camino novedoso. Se ha recordado el antecedente de Bartolomé Mitre. El mismo decreto señala los de Raúl Alfonsín –que designó en Comisión a las Cámaras Federales de Bahía Blanca, La Plata y Comodoro Rivadavia, como también a los jueces federales de San Martín, Mercedes y San Nicolás-. En este caso, los juristas propuestos no guardan afinidad política alguna con el presidente Macri, los especialistas –aún los críticos- reconocen en ellos la necesaria excelencia profesional y sus simpatías políticas –no ya su “militancia”, que no la tienen- más bien responden a los dos grandes corrientes político-culturales en que se “arracima” el pueblo argentino. En cuanto a sus antecedentes personales, los ciudadanos que tengan objeciones podrán formularlas ante el Senado en oportunidad de tratarse sus pliegos.
Se ha dicho que la situación dista de ser excepcional como para tener que recurrir a un remedio que debiera utilizarse sólo en esos casos. No es así. El riesgo de demorar la integración del Tribunal Superior no es menor. Simplemente cabe reflexionar sobre la situación que se plantearía ante la incapacidad, enfermedad -o, simplemente, necesidad de descanso- de cualquiera de los tres miembros existentes. El país se quedaría sin uno de sus poderes, abriendo una crisis institucional enmarañada debiendo designar jueces "de apuro" -y en consecuencia, sujeto a todas las tensiones cruzadas e intereses desatados- mientras se atraviesa el campo minado de la salida de la delicadísima crisis económica que el gobierno -y la Nación entera- están tratando de evitar con un cuidadoso mecanismo de relojería, caminando en el borde mismo del abismo.
Lo novedoso, sin embargo, es que las designaciones propuestas por el Presidente han pasado por encima de los cabildeos y negociaciones inaccesibles al gran público que han enmarcado tradicionalmente las designaciones de Jueces en el país. Macri ha ejercitado sus facultades constitucionales en plenitud y sin sobrepasarlas, proponiendo a quienes considera adecuados, según su leal saber y entender, para el ejercicio de los cargos, sin “negociarlos” con nadie. Así funcionan las democracias maduras. El ejemplo de USA, sobre cuyo molde se diseñó nuestra Constitución, es ilustrativo. Ni el Presidente negocia su derecho a proponer jueces, ni el Senado el suyo de examinar al detalle y en profundidad las propuestas. El Senado tendrá el escenario libre para ejercer las propias, con la ineludible participación ciudadana, y sin la asfixiante presión de la urgencia.
Los demás protagonistas de la política han tenido la reacción lógica, la que sus electorados seguramente esperan de ellos, y eso no está mal: ayudan a pavimentar el camino hacia una democracia como la suiza, la que –de nuevo- todavía lamentablemente no somos. No ya porque el presidente Macri y la coalición Cambiemos no lo desee, sino porque la transición debe lidiar con obstáculos explosivos que se descubren a medida que pasan los días, que son primera prioridad en la agenda de gobierno y que requieren de una delicada ingeniería económica, social y política para sacar al país del marasmo y lograr su retorno a la normalidad institucional, económica y social.
Sería de desear que el debate se formule en el plano maduro alejado de la épica agonal, como lo ha hecho hasta ahora tanto el gobierno como la oposición responsable. Estos chisporroteos no pueden ocultar la madura actitud del bloque peronista del Senado al garantizar la intangibilidad de la línea sucesoria aceptando como Presidente Provisional a Federico Pinedo, y de los propios gobernadores de provincia concurriendo a la reunión inaugural de la nueva etapa con el presidente de la Nación.
La democracia argentina necesita diferenciar los planos. Son buenos los acuerdos y son buenas las discrepancias. No puede haber duda alguna en garantizar sin mengua las facultades constitucionales de los 3 poderes del Estado. Tampoco puede haber cortapisas en debatir abiertamente los temas puntuales de la agenda. En eso también debemos aprender, alejados de las teorías conspirativas y los discursos impostados.
02/01/2016| 07:52 Urgente24
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