por Carlos Tórtora
"el juez Bonadio está
metiendo de lleno al macrismo en una guerra de la que no pensaba
participar".
Casualidad o no, el juez federal Claudio Bonadío dio a conocer su procesamiento y pedido de desafuero a CFK por traición a la Patria en el caso del encubrimiento del atentado a la AMIA, casi el mismo día en el que Donald Trump anunció que reconocía a Jerusalem como capital de Israel, desatándose así una nueva crisis armada en la región. La sentencia en cuestión, de algún modo mete de lleno a la Argentina en el ojo de la tormenta al colocar a la cancillería local muy cerca de una crisis diplomática con el régimen de Teherán. Si la justicia argentina entiende que hubo una especie de asociación ilícita del gobierno de Cristina Kirchner con el régimen iraní, pronto deberían diligenciarse nuevos pedidos de indagatoria a ciudadanos iraníes, seguramente funcionarios y ex funcionarios, con la tensión que ello significaría en este contexto internacional. Además, según comunicara oficialmente la abogada de la ex presidente, Graciana Peñafort, aquella y Héctor Timerman no apelarán el fallo sino que pedirán ir rápidamente a un juicio oral, con lo cual lo resuelto por Bonadío quedará firme.
De esta forma el juez, aplicando un criterio sobre las cuestiones políticas y su judiciabilidad que puede ser discutible, está metiendo de lleno al macrismo en una guerra de la que no pensaba participar más que alegóricamente.
Tal vez convenga hacer una lectura más entrelíneas de lo que hay detrás de la sentencia en cuestión. Sugestivamente, Bonadío es el único de los doce jueces federales que actúan en Comodoro Py que pidió su jubilación hace menos de un mes atrás y, según informaciones periodísticas de hace dos días, el trámite jubilatorio en cuestión se resolverá en tiempo record. El mes que viene el magistrado estará jubilado y abandonará su despacho. De este modo, no solo deberá volver a sortearse la causa ahora caratulada como traición a la Patria sino que también los otros dos expedientes con procesamientos que CFK tiene ya dictados. Esto es por la compra de dólar a futuro y de la investigación por lavado de activos en la sociedad “Los Sauces”, de la ex familia presidencial.
Estas tres causas, sumadas por su volumen, pueden representar sin duda muchos miles de fojas. Cualquiera sea el juez o los jueces que se hagan cargo de las mismas, lo primero que seguramente harán será reclamar un plazo de varios meses para poder leer los expedientes y ponerse al tanto de la situación de los mismos. O sea que las causas en las cuales Cristina Kirchner esta procesada es probable que se paralicen por la jubilación de Bonadío, incluyendo la que ahora ha provocado un efecto político revulsivo.
El 24 del mes pasado, al conocerse el pedido de jubilación de Bonadío, este medio publicó un artículo planteando la hipótesis de las causas contra CFK sufrieran el destino del caso Skanska (https://www.informadorpublico.com/justicia/jubilacion-de-bonadio-otro-caso-skanska). Reproducimos la parte de la nota que más relaciona con lo actual:
“El sugestivo tramite jubilatorio de Bonadío trae a la memoria de algunos analistas de los temas judiciales lo ocurrido con el célebre caso Skanska. Vale la pena reproducir parcialmente la nota de Clarín del 29 de septiembre del 2009 “Montenegro se va con Macri y deja el caso Skanska por la mitad”.
“El juez federal Guillermo Montenegro presentó ayer la renuncia a su cargo y abandonó la causa Skanska -el expediente judicial que más preocupa al Gobierno- para asumir en diciembre como ministro de Seguridad de Mauricio Macri.
Montenegro firmó la nota con su renuncia en su despacho a la mañana, delante de sus empleados, como en una ceremonia, y al mediodía se la llevó al ministro de Justicia, Alberto Iribarne. Esta decisión había sido anticipada por Clarín un mes atrás.
Designado por Néstor Kirchner en 2004, Montenegro -44 años, ex fiscal- se irá de Tribunales sin resolver la situación procesal de dos ex funcionarios a los que ya indagó. Por los próximos días lo reemplazará Sergio Torres.
En lo formal, Montenegro pidió una licencia hasta el miércoles, mientras el Poder Ejecutivo acepta su dimisión. Aunque se supo del enojo de algunos funcionarios de la Casa Rosada por su sorpresivo pase al Gobierno de la Ciudad, nada indica que ahora le vayan a trabar el camino.
Una de sus actividades en el futuro cargo será discutir con la Nación el traspaso de la Policía Federal. La suerte de su gestión estaría en buena parte atada a esto, en lo que Macri y el Gobierno no vienen acordando.
La Cámara Federal porteña tiene una tradición: que los jueces que se van de Comodoro Py sin escándalo puedan elegir quién los sucede. Montenegro pidió por Ariel Lijo y Ariel Ercolini, máximo favorito a heredar el caso Skanska. Montenegro ayer estuvo con los camaristas para anunciarles en persona su ida.
La causa se va a paralizar de hecho. El nuevo juez tendrá que ponerse al tanto del expediente -que lleva 20 cuerpos, 4 mil fojas- y, además, Montenegro planea llevarse a la Ciudad a sus tres secretarios, incluyendo la que lleva este sumario.
En el caso Skanska se investigan dos cosas: por un lado, el pago de coimas que esta constructora sueca admitió haber realizado en la ampliación de dos gasoductos; por otro, los grandes sobreprecios que habrían pagado en esas obras no sólo Skanska, sino los demás ganadores de un sospechado concurso privado de precios (BTU, Contreras Hermanos y la brasileña Odebrecht)”.
Pero también el Fiscal de Skanska, Carlos Stornelli, renunció en este caso para pasar a jurar como Ministro de Seguridad de Buenos Aires con Daniel Scioli como gobernador. Y ambos, Montenegro y Stornelli, se sumaron a la dirigencia de Boca, Pagina 12 lo explicó así: “Dos hombres clave en las investigaciones del caso Skanska trabajarán ad honorem para el Boca de Mauricio Macri. Se trata de Guillermo Montenegro y Carlos Stornelli, juez y fiscal del caso de corrupción que desvela por estas horas al Gobierno. La dupla y otros hombres de trayectoria en la Justicia -todos ellos fanáticos xeneixes- integrarán una comisión asesora en seguridad deportiva, lo que seguramente generará especulaciones. “Cualquier conspiración cierra. Pero yo esto lo hago por Boca, no por Macri”, aclaró Montenegro al ser consultado anoche por Página/12 (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85458-2007-05-24.html).
Entre las muchas empresas de primer nivel involucradas en el caso Skanska se encuentra IECSA, que por entonces presidía el primo de Mauricio Macri Angelo Calcaterra y, por supuesto, muchas otras firmas ligadas a negocios con el entonces Ministro de Planificación Julio de Vido.
El caso es que fue el ex juez Norberto Oyarbide el encargado de llevar adelante la causa que tardó 4 años en generar un fallo Y este fue unánime de la Sala I de la Cámara Federal (noviembre del 2011), que sobreseyó y revocó procesamientos de los funcionarios implicados, los ejecutivos bajo sospecha y una larga lista de personas vinculadas con sociedades proveedoras de facturas apócrifas. Los sobreseimientos beneficiaron al secretario de Energía, Daniel Cameron, al ex titular del Enargas (ente regulador del gas) Fulvio Madaro y un grupo de funcionarios de ese organismo, igual que a miembros de TGS y TGN, las gerenciadoras de los proyectos encomendados por el Estado para construir tramos de gasoductos que elaboraron los presupuestos iniciales. A su vez, la Cámara resolvió revocar el procesamiento de Néstor Ulloa, que era el titular del fideicomiso del Banco Nación creado para financiar las obras; a ocho ejecutivos de Skanska; un contador, Alfredo Greco, quien habría oficiado de nexo para que esa firma consiguiera facturas truchas, y una veintena de personas vinculadas con “usinas” proveedores de esas facturas. Pero la causa siguió adelante, lo que es solo una expresión, y en Un fallo unánime de la Sala I de la Cámara Federal (Noviembre del 2011), sobreseyó y revocó procesamientos de los funcionarios implicados, los ejecutivos bajo sospecha y una larga lista de personas vinculadas con sociedades proveedoras de facturas apócrifas. Los sobreseimientos beneficiaron al secretario de Energía, Daniel Cameron, al ex titular del Enargas (ente regulador del gas) Fulvio Madaro y un grupo de funcionarios de ese organismo, igual que a miembros de TGS y TGN, las gerenciadoras de los proyectos encomendados por el Estado para construir tramos de gasoductos que elaboraron los presupuestos iniciales. A su vez, la Cámara resolvió revocar el procesamiento de Néstor Ulloa, que era el titular del fideicomiso del Banco Nación creado para financiar las obras; a ocho ejecutivos de Skanska; un contador, Alfredo Greco, quien habría oficiado de nexo para que esa firma consiguiera facturas truchas, y una veintena de personas vinculadas con “usinas” proveedores de esas facturas.
Pero la causa siguió adelante, lo que es sólo una expresión. Recién el 3 de noviembre pasado el juez Sebastián Casanello procesó a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y al ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa, por los delitos de administración fraudulenta y cohecho en tanto procesó a ex directivos de Skanska”.
O sea que las oportunas renuncias de Montenegro y Stornelli produjeron un cajoneo de la causa -Oyarbide mediante- que estiró las cosas hasta hoy. Es decir 10 años de Skanska y el caso apenas esta a mitad de camino.
La pregunta que se abre ahora, con obvia suspicacia, es si la sorpresiva renuncia de Bonadío puede implicar el cajoneo de las causas contra CFK por un tiempo prudencial. ¿Sería conveniente para la Casa Rosada que la ex presidente se vea aliviada del acoso judicial y se reposicione entonces políticamente como la partenaire de Macri para que este sea reelecto en el 2019?”
Cerrar la brecha
La realidad es que los dos hechos bajo análisis, la sentencia de Bonadío y su inmediata jubilación, dan para pensar. Normalmente, un juez de apenas 60 años no deja una causa como esta a mitad de camino -excepto que haya razones muy trascendentales, por no decir razones de estado. En todo caso la espectacularidad y la severidad del fallo de Bonadío parecer funcionar como una excelente cortina de humo para aventar especulaciones sobre su misterioso paso al costado.
A todo esto, la reacción del oficialismo por el fallo de Bonadío no es de complacencia. En la mesa chica de Olivos crece la preocupación por lo que podría pasar si la justicia federal se acostumbra a judicializar cuestiones políticas que tradicionalmente se consideraron no judiciables. Las causas sobre corrupción en la actual gestión de gobierno se siguen acumulando y ya son un pasivo judicial temible .En tres otras cosas, días atrás el fiscal federal Franco Picardi pidió trabar un embargo por más de 54 millones de pesos a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de la constructora IECSA, en la causa en la que se investigan irregularidades en la asignación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
El 15 de mayo del 2014 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió a favor de la constitucionalidad del Memorándum firmado con Irán siguiendo criterios opuestos a los que ahora implementó Bonadío.
Más que por el fallo en si, el oficialismo esta ahora muy preocupado por las consecuencias de este tipo de jurisprudencia, que tiene su anclaje en otra jurisprudencia , la establecida por el camarista de la Sala II Martín Irurzun. Éste, junto a su colega Leopoldo Bruglia, perfeccionaron criterios sobre la libertad condicional al rechazar el fallo del juez federal Luis Rodríguez que había denegado el pedido de detención de Julio De Vido interpuesto por el fiscal Carlos Stornelli en el caso del fraude en las minas de carbón de Río Turbio. Lo que falló Irurzun no es nuevo en la jurisprudencia, pero sí es nueva su aplicación al caso de los funcionarios públicos procesados en los últimos años. En las causas penales ordinarias, los jueces suelen merituar si le otorga o no la libertad condicional al procesado en función del peligro de fuga existente. En este caso, el argumento para denegarla es otro: la influencia que puedan ejercer para obstaculizar la causa judicial desde su actual posición (De Vido como diputado y Boudou como un activo movilizador de influencias). Concretamente, Irurzun estableció en ese fallo nuevas pautas para meter presos a los funcionarios acusados de corrupción e inauguró una jurisprudencia más amplia, que debería preocupar a otros ex funcionarios que enfrentan causas y gozan de la libertad. Dijo Irurzun que, en estos casos complejos, con un daño considerable y la reiteración de los mismos acusados, hay particularidades que deben contemplarse.
Dijo que no sólo se debe analizar si hay arraigo del acusado para decidir si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento. Se debe considerar un “escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito”. Estableció nuevas pautas para decidir la libertad: la complejidad de las maniobras, su magnitud, las concretas posibilidades de fuga y de entorpecimiento derivadas de los frentes judiciales abiertos en diversos expedientes, las relaciones personales, laborales o políticas de los acusados mediante las cuales mantienen la posibilidad de influir en las investigaciones, ya sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que la Justicia les pide a los organismos públicos. Irurzun dijo que había que considerar si el caso involucra sumas millonarias que no se sabe dónde están y si la actividad de los acusados sólo es posible con una complicidad funcional extendida en el tiempo. Por lo que las posibilidades de entorpecimiento incluyen su capacidad de influencia. La generalización de este criterio pondría en serios problemas para mantenerse en libertad a cualquier funcionario o ex funcionario procesado por corrupción, ya que siempre se trata de personas con alto nivel de influencia. Ayer, el oficialismo actuó sin vueltas y según señala La Nación (http://www.lanacion.com.ar/2089897-efecto-cristina-busca-el-gobierno-reflotar-un-proyecto-para-limitar-la-prision-preventiva): “Luego del fallo de Bonadío sobre Cristina y de las detenciones de varios ex funcionarios, el Ministro de Justicia Oscar Garavano y el senador (PJ) Rodolfo Urtubey acordaron que arrancarán por la reforma procesal y del uso de la prisión preventiva en las sesiones extraordinarias de febrero.
El proyecto que limitaba el uso de las prisiones preventivas recayó en la Comisión de Justicia del Senado, que preside el kirchnerista Pedro Guastavino y que no lo hizo debatir. El Código Procesal de 2015, impulsado por la ex presidenta, no fijó causales precisas para fundar los peligros de fuga u obstrucción de Justicia, y lo dejaba a la discrecionalidad de los jueces. Las pautas objetivas para el peligro de fuga se fijarían ahora en:
a) Arraigo determinado por domicilio de residencia, familia y negocios o trabajo y facilidades para abandonar el país.
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho, detenciones previas y reincidencia.
c) El comportamiento del imputado durante el procedimiento, rebeldía, intento de fuga, resistencia o violencia contra la fuerza pública.
Las pautas para el peligro de entorpecimiento de la causa serán:
a) Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar pruebas.
b) Intentar provecho del delito.
c) Hostigar o amenazar a la víctima o a testigos.
d) Influir para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal.
e) Inducir a otros a hacerlo.
Según confiaron a LA NACION altas fuentes del oficialismo, con esa reforma Cristina Kirchner tendría más chances de evitar la prisión preventiva con el fallo de Bonadío. Cerca de Macri cuestionan el uso del delito de traición a la patria, porque no había una guerra, y la “ayuda” a los prófugos de la causa del atentado a la AMIA para eludir la Justicia”.
En síntesis, Macri y CFK coinciden ahora mucho más que antes en la necesidad de mantener la polarización entre ambos. Para empezar, la irrupción de Bonadío hace peligrar los acuerdos para la sanción de varias leyes Con el mantenimiento de la polarización, se sigue obstruyendo además la aparición de un peronismo sin la mochila de la década K y también es necesario para los dos cerrar la brecha para que no se dispare un mani pulite, por ejemplo a la brasilera. El entorno presidencial esta potencialmente en un alto nivel de riesgo judicial y se mira en el espejo de los De Vidos y Zanninis. Las tres causas contra Cristina que el mes que viene Bonadío dejará en su caja fuerte, son tal vez la clave para que se imponga la pax macrista.
InformadorPúblico.com 10 /12/17
De esta forma el juez, aplicando un criterio sobre las cuestiones políticas y su judiciabilidad que puede ser discutible, está metiendo de lleno al macrismo en una guerra de la que no pensaba participar más que alegóricamente.
Tal vez convenga hacer una lectura más entrelíneas de lo que hay detrás de la sentencia en cuestión. Sugestivamente, Bonadío es el único de los doce jueces federales que actúan en Comodoro Py que pidió su jubilación hace menos de un mes atrás y, según informaciones periodísticas de hace dos días, el trámite jubilatorio en cuestión se resolverá en tiempo record. El mes que viene el magistrado estará jubilado y abandonará su despacho. De este modo, no solo deberá volver a sortearse la causa ahora caratulada como traición a la Patria sino que también los otros dos expedientes con procesamientos que CFK tiene ya dictados. Esto es por la compra de dólar a futuro y de la investigación por lavado de activos en la sociedad “Los Sauces”, de la ex familia presidencial.
Estas tres causas, sumadas por su volumen, pueden representar sin duda muchos miles de fojas. Cualquiera sea el juez o los jueces que se hagan cargo de las mismas, lo primero que seguramente harán será reclamar un plazo de varios meses para poder leer los expedientes y ponerse al tanto de la situación de los mismos. O sea que las causas en las cuales Cristina Kirchner esta procesada es probable que se paralicen por la jubilación de Bonadío, incluyendo la que ahora ha provocado un efecto político revulsivo.
El 24 del mes pasado, al conocerse el pedido de jubilación de Bonadío, este medio publicó un artículo planteando la hipótesis de las causas contra CFK sufrieran el destino del caso Skanska (https://www.informadorpublico.com/justicia/jubilacion-de-bonadio-otro-caso-skanska). Reproducimos la parte de la nota que más relaciona con lo actual:
“El sugestivo tramite jubilatorio de Bonadío trae a la memoria de algunos analistas de los temas judiciales lo ocurrido con el célebre caso Skanska. Vale la pena reproducir parcialmente la nota de Clarín del 29 de septiembre del 2009 “Montenegro se va con Macri y deja el caso Skanska por la mitad”.
“El juez federal Guillermo Montenegro presentó ayer la renuncia a su cargo y abandonó la causa Skanska -el expediente judicial que más preocupa al Gobierno- para asumir en diciembre como ministro de Seguridad de Mauricio Macri.
Montenegro firmó la nota con su renuncia en su despacho a la mañana, delante de sus empleados, como en una ceremonia, y al mediodía se la llevó al ministro de Justicia, Alberto Iribarne. Esta decisión había sido anticipada por Clarín un mes atrás.
Designado por Néstor Kirchner en 2004, Montenegro -44 años, ex fiscal- se irá de Tribunales sin resolver la situación procesal de dos ex funcionarios a los que ya indagó. Por los próximos días lo reemplazará Sergio Torres.
En lo formal, Montenegro pidió una licencia hasta el miércoles, mientras el Poder Ejecutivo acepta su dimisión. Aunque se supo del enojo de algunos funcionarios de la Casa Rosada por su sorpresivo pase al Gobierno de la Ciudad, nada indica que ahora le vayan a trabar el camino.
Una de sus actividades en el futuro cargo será discutir con la Nación el traspaso de la Policía Federal. La suerte de su gestión estaría en buena parte atada a esto, en lo que Macri y el Gobierno no vienen acordando.
La Cámara Federal porteña tiene una tradición: que los jueces que se van de Comodoro Py sin escándalo puedan elegir quién los sucede. Montenegro pidió por Ariel Lijo y Ariel Ercolini, máximo favorito a heredar el caso Skanska. Montenegro ayer estuvo con los camaristas para anunciarles en persona su ida.
La causa se va a paralizar de hecho. El nuevo juez tendrá que ponerse al tanto del expediente -que lleva 20 cuerpos, 4 mil fojas- y, además, Montenegro planea llevarse a la Ciudad a sus tres secretarios, incluyendo la que lleva este sumario.
En el caso Skanska se investigan dos cosas: por un lado, el pago de coimas que esta constructora sueca admitió haber realizado en la ampliación de dos gasoductos; por otro, los grandes sobreprecios que habrían pagado en esas obras no sólo Skanska, sino los demás ganadores de un sospechado concurso privado de precios (BTU, Contreras Hermanos y la brasileña Odebrecht)”.
Pero también el Fiscal de Skanska, Carlos Stornelli, renunció en este caso para pasar a jurar como Ministro de Seguridad de Buenos Aires con Daniel Scioli como gobernador. Y ambos, Montenegro y Stornelli, se sumaron a la dirigencia de Boca, Pagina 12 lo explicó así: “Dos hombres clave en las investigaciones del caso Skanska trabajarán ad honorem para el Boca de Mauricio Macri. Se trata de Guillermo Montenegro y Carlos Stornelli, juez y fiscal del caso de corrupción que desvela por estas horas al Gobierno. La dupla y otros hombres de trayectoria en la Justicia -todos ellos fanáticos xeneixes- integrarán una comisión asesora en seguridad deportiva, lo que seguramente generará especulaciones. “Cualquier conspiración cierra. Pero yo esto lo hago por Boca, no por Macri”, aclaró Montenegro al ser consultado anoche por Página/12 (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-85458-2007-05-24.html).
Entre las muchas empresas de primer nivel involucradas en el caso Skanska se encuentra IECSA, que por entonces presidía el primo de Mauricio Macri Angelo Calcaterra y, por supuesto, muchas otras firmas ligadas a negocios con el entonces Ministro de Planificación Julio de Vido.
El caso es que fue el ex juez Norberto Oyarbide el encargado de llevar adelante la causa que tardó 4 años en generar un fallo Y este fue unánime de la Sala I de la Cámara Federal (noviembre del 2011), que sobreseyó y revocó procesamientos de los funcionarios implicados, los ejecutivos bajo sospecha y una larga lista de personas vinculadas con sociedades proveedoras de facturas apócrifas. Los sobreseimientos beneficiaron al secretario de Energía, Daniel Cameron, al ex titular del Enargas (ente regulador del gas) Fulvio Madaro y un grupo de funcionarios de ese organismo, igual que a miembros de TGS y TGN, las gerenciadoras de los proyectos encomendados por el Estado para construir tramos de gasoductos que elaboraron los presupuestos iniciales. A su vez, la Cámara resolvió revocar el procesamiento de Néstor Ulloa, que era el titular del fideicomiso del Banco Nación creado para financiar las obras; a ocho ejecutivos de Skanska; un contador, Alfredo Greco, quien habría oficiado de nexo para que esa firma consiguiera facturas truchas, y una veintena de personas vinculadas con “usinas” proveedores de esas facturas. Pero la causa siguió adelante, lo que es solo una expresión, y en Un fallo unánime de la Sala I de la Cámara Federal (Noviembre del 2011), sobreseyó y revocó procesamientos de los funcionarios implicados, los ejecutivos bajo sospecha y una larga lista de personas vinculadas con sociedades proveedoras de facturas apócrifas. Los sobreseimientos beneficiaron al secretario de Energía, Daniel Cameron, al ex titular del Enargas (ente regulador del gas) Fulvio Madaro y un grupo de funcionarios de ese organismo, igual que a miembros de TGS y TGN, las gerenciadoras de los proyectos encomendados por el Estado para construir tramos de gasoductos que elaboraron los presupuestos iniciales. A su vez, la Cámara resolvió revocar el procesamiento de Néstor Ulloa, que era el titular del fideicomiso del Banco Nación creado para financiar las obras; a ocho ejecutivos de Skanska; un contador, Alfredo Greco, quien habría oficiado de nexo para que esa firma consiguiera facturas truchas, y una veintena de personas vinculadas con “usinas” proveedores de esas facturas.
Pero la causa siguió adelante, lo que es sólo una expresión. Recién el 3 de noviembre pasado el juez Sebastián Casanello procesó a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y al ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa, por los delitos de administración fraudulenta y cohecho en tanto procesó a ex directivos de Skanska”.
O sea que las oportunas renuncias de Montenegro y Stornelli produjeron un cajoneo de la causa -Oyarbide mediante- que estiró las cosas hasta hoy. Es decir 10 años de Skanska y el caso apenas esta a mitad de camino.
La pregunta que se abre ahora, con obvia suspicacia, es si la sorpresiva renuncia de Bonadío puede implicar el cajoneo de las causas contra CFK por un tiempo prudencial. ¿Sería conveniente para la Casa Rosada que la ex presidente se vea aliviada del acoso judicial y se reposicione entonces políticamente como la partenaire de Macri para que este sea reelecto en el 2019?”
Cerrar la brecha
La realidad es que los dos hechos bajo análisis, la sentencia de Bonadío y su inmediata jubilación, dan para pensar. Normalmente, un juez de apenas 60 años no deja una causa como esta a mitad de camino -excepto que haya razones muy trascendentales, por no decir razones de estado. En todo caso la espectacularidad y la severidad del fallo de Bonadío parecer funcionar como una excelente cortina de humo para aventar especulaciones sobre su misterioso paso al costado.
A todo esto, la reacción del oficialismo por el fallo de Bonadío no es de complacencia. En la mesa chica de Olivos crece la preocupación por lo que podría pasar si la justicia federal se acostumbra a judicializar cuestiones políticas que tradicionalmente se consideraron no judiciables. Las causas sobre corrupción en la actual gestión de gobierno se siguen acumulando y ya son un pasivo judicial temible .En tres otras cosas, días atrás el fiscal federal Franco Picardi pidió trabar un embargo por más de 54 millones de pesos a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de la constructora IECSA, en la causa en la que se investigan irregularidades en la asignación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
El 15 de mayo del 2014 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió a favor de la constitucionalidad del Memorándum firmado con Irán siguiendo criterios opuestos a los que ahora implementó Bonadío.
Más que por el fallo en si, el oficialismo esta ahora muy preocupado por las consecuencias de este tipo de jurisprudencia, que tiene su anclaje en otra jurisprudencia , la establecida por el camarista de la Sala II Martín Irurzun. Éste, junto a su colega Leopoldo Bruglia, perfeccionaron criterios sobre la libertad condicional al rechazar el fallo del juez federal Luis Rodríguez que había denegado el pedido de detención de Julio De Vido interpuesto por el fiscal Carlos Stornelli en el caso del fraude en las minas de carbón de Río Turbio. Lo que falló Irurzun no es nuevo en la jurisprudencia, pero sí es nueva su aplicación al caso de los funcionarios públicos procesados en los últimos años. En las causas penales ordinarias, los jueces suelen merituar si le otorga o no la libertad condicional al procesado en función del peligro de fuga existente. En este caso, el argumento para denegarla es otro: la influencia que puedan ejercer para obstaculizar la causa judicial desde su actual posición (De Vido como diputado y Boudou como un activo movilizador de influencias). Concretamente, Irurzun estableció en ese fallo nuevas pautas para meter presos a los funcionarios acusados de corrupción e inauguró una jurisprudencia más amplia, que debería preocupar a otros ex funcionarios que enfrentan causas y gozan de la libertad. Dijo Irurzun que, en estos casos complejos, con un daño considerable y la reiteración de los mismos acusados, hay particularidades que deben contemplarse.
Dijo que no sólo se debe analizar si hay arraigo del acusado para decidir si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento. Se debe considerar un “escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito”. Estableció nuevas pautas para decidir la libertad: la complejidad de las maniobras, su magnitud, las concretas posibilidades de fuga y de entorpecimiento derivadas de los frentes judiciales abiertos en diversos expedientes, las relaciones personales, laborales o políticas de los acusados mediante las cuales mantienen la posibilidad de influir en las investigaciones, ya sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que la Justicia les pide a los organismos públicos. Irurzun dijo que había que considerar si el caso involucra sumas millonarias que no se sabe dónde están y si la actividad de los acusados sólo es posible con una complicidad funcional extendida en el tiempo. Por lo que las posibilidades de entorpecimiento incluyen su capacidad de influencia. La generalización de este criterio pondría en serios problemas para mantenerse en libertad a cualquier funcionario o ex funcionario procesado por corrupción, ya que siempre se trata de personas con alto nivel de influencia. Ayer, el oficialismo actuó sin vueltas y según señala La Nación (http://www.lanacion.com.ar/2089897-efecto-cristina-busca-el-gobierno-reflotar-un-proyecto-para-limitar-la-prision-preventiva): “Luego del fallo de Bonadío sobre Cristina y de las detenciones de varios ex funcionarios, el Ministro de Justicia Oscar Garavano y el senador (PJ) Rodolfo Urtubey acordaron que arrancarán por la reforma procesal y del uso de la prisión preventiva en las sesiones extraordinarias de febrero.
El proyecto que limitaba el uso de las prisiones preventivas recayó en la Comisión de Justicia del Senado, que preside el kirchnerista Pedro Guastavino y que no lo hizo debatir. El Código Procesal de 2015, impulsado por la ex presidenta, no fijó causales precisas para fundar los peligros de fuga u obstrucción de Justicia, y lo dejaba a la discrecionalidad de los jueces. Las pautas objetivas para el peligro de fuga se fijarían ahora en:
a) Arraigo determinado por domicilio de residencia, familia y negocios o trabajo y facilidades para abandonar el país.
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho, detenciones previas y reincidencia.
c) El comportamiento del imputado durante el procedimiento, rebeldía, intento de fuga, resistencia o violencia contra la fuerza pública.
Las pautas para el peligro de entorpecimiento de la causa serán:
a) Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar pruebas.
b) Intentar provecho del delito.
c) Hostigar o amenazar a la víctima o a testigos.
d) Influir para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal.
e) Inducir a otros a hacerlo.
Según confiaron a LA NACION altas fuentes del oficialismo, con esa reforma Cristina Kirchner tendría más chances de evitar la prisión preventiva con el fallo de Bonadío. Cerca de Macri cuestionan el uso del delito de traición a la patria, porque no había una guerra, y la “ayuda” a los prófugos de la causa del atentado a la AMIA para eludir la Justicia”.
En síntesis, Macri y CFK coinciden ahora mucho más que antes en la necesidad de mantener la polarización entre ambos. Para empezar, la irrupción de Bonadío hace peligrar los acuerdos para la sanción de varias leyes Con el mantenimiento de la polarización, se sigue obstruyendo además la aparición de un peronismo sin la mochila de la década K y también es necesario para los dos cerrar la brecha para que no se dispare un mani pulite, por ejemplo a la brasilera. El entorno presidencial esta potencialmente en un alto nivel de riesgo judicial y se mira en el espejo de los De Vidos y Zanninis. Las tres causas contra Cristina que el mes que viene Bonadío dejará en su caja fuerte, son tal vez la clave para que se imponga la pax macrista.
InformadorPúblico.com 10 /12/17
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