por Carlos Tórtora
Que el hecho central de esta semana hayan sido las denuncias de Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand refleja el clima de paralización que afecta a la política local y del cual sabe sacar provecho el gobierno.
La gravedad de la existencia de una red de pedofilia que se nutría de las divisiones juveniles de Independiente y otros clubes es tan grave como el hecho de que obviamente el acting de Jaitt formó parte de una operación de inteligencia que estaría gerenciada por el ex director de la AFI Jaime Stiuso. A éste se lo vincula con la Casa Rosada como un brazo importante de la inteligencia oficial que actúa por fuera de las estructuras. Sin embargo, la oposición dejó pasar el episodio sin siquiera hacerse oír.
Mientras tanto, el caso Odebrecht, cuyas ramificaciones por sobornos en la vía pública alcanzan a casi toda Latinoamérica, entró en su país de origen en un clímax de consecuencias imprevisibles. Sin duda, lo más significativo no es que Lula ya no puede eludir la pena de prisión por el fallo de un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre sino que está al borde de quedar fuera de la carrera presidencial para octubre próximo. Con las encuestas ampliamente a su favor, el líder del PT ya daba por hecho su retorno, que el juez Sergio Moro, respaldado por sus pares, está poniendo en peligro. De caerse la candidatura de Lula por la ratificación de su condena de doce años por el Lava Jato, sería la segunda víctima de nivel presidencial por el caso Odebrecht. Tres semanas atrás, se vio obligado a renunciar el presidente peruano Pablo Kuczinsky por su conexión con los sobornos de Odebrecht en Perú. La ola latinoamericana incluye a la Argentina en los casos de varios emprendimientos de obra pública. En el caso de una planta potabilizadora de AYSA en Tigre, cuyas irregularidades en su financiamiento investiga el juez federal Sebastián Casanello, trascendió que los empresarios Benito Roggio (BTH) y Carlos Wagner (ESSUCO) deslindaron responsabilidades señalando que los contactos con el gobierno de Cristina Kirchner los realizaban exclusivamente directivos de Odebrecht.
Por las dudas y vistos los alcances del caso Lula, alrededor de Macri empezó un operativo de blindaje judicial. Un ejemplo: el fiscal federal Juan Pedro Zoni, que investigaba una causa por un supuesto beneficio millonario del Gobierno de Mauricio Macri al Correo Argentino, fue desplazado de su cargo el viernes pasado por decisión de Jorge Casal, a cargo temporariamente del Ministerio Público Fiscal. El procurador interino lo asignó a una fiscalía correccional hasta tanto se habilite la dependencia para la que el fiscal concursó.
La división se profundiza
A todo esto, el relativo avance del eje CFK-Alberto Rodríguez Saá en las últimas semanas finalmente provocó una reacción, aunque tibia. La misma fue el lanzamiento en Gualeguaychú de una corriente del peronismo moderado encabezado por Miguel Ángel Pichetto con la participación de una docena de senadores nacionales y ningún gobernador. Juan Manuel Urtubey había comprometido su apoyo escrito, que no se concretó, y el gobernador local, Gustavo Bordet, estaba junto a Mauricio Macri en un acto convocado por éste. La sorpresa fue que el massismo se hizo presente junto a Pichetto a través José Ignacio de Mendiguren y Graciela Camaño. Pero Massa no apareció y reclamó darle al encuentro un marcado tono de alianza legislativa. Un perfil acotado que le permite al líder tigrense mantener una cierta libertad de maniobra junto con su nuevo aliado Florencio Randazzo, que desplazó de su lado a Margarita Stolbizer. Lo cierto es que el emergente peronismo anti-k podría esconder algunas sorpresas. Pichetto no está anotado en la grilla de los presidenciables pero tendría intenciones de entrar en carrera. Apuntaría entonces a que los gobernadores cercanos a este proyecto convenzan a Massa de que debe ser candidato a gobernador de Buenos Aires porque sería el único en condiciones de competir con Vidal. El caso es que Massa estaría ya decidido a ir por la presidencia y le escapa a la confrontación con Vidal.
De alguna manera, también en el peronismo el “efecto Lula” se hace sentir. Se calcula que el año que viene Cristina irá a juicio oral en dos causas: la ruta del dinero K y el direccionamiento de la obra pública. Para contener con más firmeza esta persecución, ella está prácticamente obligada a ser candidata a presidente y resistirse a que le quiten los fueros de senadora con argumentos similares a los de Lula: o sea, victimizarse como blanco de una conspiración de intereses para impedirle el retorno al poder. Sin duda que los tiempos no dan para que la ex presidente tenga antes de las elecciones presidenciales una condena firme, que es lo que la “doctrina Pichetto” establece como condición para el desafuero. Pero sólo los juicios orales alcanzarían para que la sociedad se divida entre los que la apoyan y los que la repudian.
InformadorPúblico.com • 08/04/2018 •
Mientras tanto, el caso Odebrecht, cuyas ramificaciones por sobornos en la vía pública alcanzan a casi toda Latinoamérica, entró en su país de origen en un clímax de consecuencias imprevisibles. Sin duda, lo más significativo no es que Lula ya no puede eludir la pena de prisión por el fallo de un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre sino que está al borde de quedar fuera de la carrera presidencial para octubre próximo. Con las encuestas ampliamente a su favor, el líder del PT ya daba por hecho su retorno, que el juez Sergio Moro, respaldado por sus pares, está poniendo en peligro. De caerse la candidatura de Lula por la ratificación de su condena de doce años por el Lava Jato, sería la segunda víctima de nivel presidencial por el caso Odebrecht. Tres semanas atrás, se vio obligado a renunciar el presidente peruano Pablo Kuczinsky por su conexión con los sobornos de Odebrecht en Perú. La ola latinoamericana incluye a la Argentina en los casos de varios emprendimientos de obra pública. En el caso de una planta potabilizadora de AYSA en Tigre, cuyas irregularidades en su financiamiento investiga el juez federal Sebastián Casanello, trascendió que los empresarios Benito Roggio (BTH) y Carlos Wagner (ESSUCO) deslindaron responsabilidades señalando que los contactos con el gobierno de Cristina Kirchner los realizaban exclusivamente directivos de Odebrecht.
Por las dudas y vistos los alcances del caso Lula, alrededor de Macri empezó un operativo de blindaje judicial. Un ejemplo: el fiscal federal Juan Pedro Zoni, que investigaba una causa por un supuesto beneficio millonario del Gobierno de Mauricio Macri al Correo Argentino, fue desplazado de su cargo el viernes pasado por decisión de Jorge Casal, a cargo temporariamente del Ministerio Público Fiscal. El procurador interino lo asignó a una fiscalía correccional hasta tanto se habilite la dependencia para la que el fiscal concursó.
La división se profundiza
A todo esto, el relativo avance del eje CFK-Alberto Rodríguez Saá en las últimas semanas finalmente provocó una reacción, aunque tibia. La misma fue el lanzamiento en Gualeguaychú de una corriente del peronismo moderado encabezado por Miguel Ángel Pichetto con la participación de una docena de senadores nacionales y ningún gobernador. Juan Manuel Urtubey había comprometido su apoyo escrito, que no se concretó, y el gobernador local, Gustavo Bordet, estaba junto a Mauricio Macri en un acto convocado por éste. La sorpresa fue que el massismo se hizo presente junto a Pichetto a través José Ignacio de Mendiguren y Graciela Camaño. Pero Massa no apareció y reclamó darle al encuentro un marcado tono de alianza legislativa. Un perfil acotado que le permite al líder tigrense mantener una cierta libertad de maniobra junto con su nuevo aliado Florencio Randazzo, que desplazó de su lado a Margarita Stolbizer. Lo cierto es que el emergente peronismo anti-k podría esconder algunas sorpresas. Pichetto no está anotado en la grilla de los presidenciables pero tendría intenciones de entrar en carrera. Apuntaría entonces a que los gobernadores cercanos a este proyecto convenzan a Massa de que debe ser candidato a gobernador de Buenos Aires porque sería el único en condiciones de competir con Vidal. El caso es que Massa estaría ya decidido a ir por la presidencia y le escapa a la confrontación con Vidal.
De alguna manera, también en el peronismo el “efecto Lula” se hace sentir. Se calcula que el año que viene Cristina irá a juicio oral en dos causas: la ruta del dinero K y el direccionamiento de la obra pública. Para contener con más firmeza esta persecución, ella está prácticamente obligada a ser candidata a presidente y resistirse a que le quiten los fueros de senadora con argumentos similares a los de Lula: o sea, victimizarse como blanco de una conspiración de intereses para impedirle el retorno al poder. Sin duda que los tiempos no dan para que la ex presidente tenga antes de las elecciones presidenciales una condena firme, que es lo que la “doctrina Pichetto” establece como condición para el desafuero. Pero sólo los juicios orales alcanzarían para que la sociedad se divida entre los que la apoyan y los que la repudian.
InformadorPúblico.com • 08/04/2018 •
No hay comentarios:
Publicar un comentario