Así lo aseguró el diputado provincial del bloque Somos Vida, quien adelantó que evalúan acudir a la Justicia para frenar su aplicación.
Sólo horas después de que el Gobierno de Santa Fe adhiriera por decreto al protocolo de interrupción legal del embarazo, un grupo de legisladores provinciales advirtió que intentarán frenar su aplicación al afirmar que “es salvaje y sanguinario”. Y adelantaron que evalúan recurrir a acciones legales para evitar su implementación.
“Lamentamos que un gobierno que se dice peronista como el de Omar Perotti se anime a hacer algo que el socialismo no hizo en 12 años de gestión. Nadie se animó a tanto. Vamos a presentar un pedido de repudio de la Cámara para rechazar el protocolo”, indicó en diálogo con CLG el diputado Nicolás Mayoraz, integrante del bloque Somos Vida y Familia.
La nueva medida permite el aborto a los 13 años, incluso sin el consentimiento de los padres, introduce nuevos medicamentos para el aborto, como la mifepriston, al tiempo que no tiene en cuenta la objeción de conciencia. “Avasallan el derecho a la vida. Y ese derecho no se puede reglamentar a través de la resolución de un Ministerio, no tiene potestad un ministro de hacerlo”, enfatizó el legislador.
La mifrepistona fue incluida en el protocolo y está prohibida su venta en Argentina
Y continuó: “Mucho menos la reglamentación interpretativa en la cual se pasa por encima también el derecho de los médicos y las instituciones a ser objetores de conciencia. Fomenta la persecución laboral. Además se vulnera el derecho de los padres en relación a la responsabilidad parental, porque ya no tienen que ser consultados por su hija a partir de los 13 años”.
“La provincia está adhiriendo a un protocolo que es los más salvaje y sanguinario que se puede haber escrito, un protocolo que no se atrevió ni el Congreso Nacional en 2018, lo quiso hacer Rubinstein y ahora Ginés González García. Los de ayer y los de hoy son dos caras de la misma moneda, donde está presente la cultura de la muerte”, agregó Mayoraz.
El abogado resaltó además que analizan acudir a la Justicia para ponerle un freno al protocolo de aborto no punible. “Evaluamos acciones judiciales, con las particularidades que tiene acceder a posturas imparciales en un espacio que también esta empapado en el debate”.
Como alternativa para evitar esta práctica, Mayoraz pidió “políticas que incluyan la perspectiva de familia”. Y concluyó: “Hace falta la presencia del Estado donde hoy no está con educación y trabajo”.
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