Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar, nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo, gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky, dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
P. Javier Olivera Ravasi, SE
PD: dejamos aquí abajo, sin las notas al pie y con subrayados propios, el capítulo 1 como muestra.
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Capítulo 1 / La convergencia de las dos partes
(Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, El pacto, Buenos Aires 2020, pp. 8-14).
En 2002, el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se postulaban como los dos candidatos del Justicialismo para enfrentar en las elecciones presidenciales al también
justicialista expresidente Carlos Menem. Ambos pujaban para lograr el decisivo apoyo del Presidente interino, Eduardo Duhalde, titular del Consejo del Partido Justicialista de la poderosa provincia de Buenos Aires, y principal opositor de Menem.
Mandatario de una provincia de solo 196.000 habitantes, Kirchner era un candidato desconocido a nivel nacional. Sus antecedentes lo ubicaban como un pragmático carente de ideología que llevaba adelante una administración sin mayores sobresaltos, amparada por las regalías petroleras. La oposición local, sin embargo, denunciaba una fuerte corrupción en el manejo de la obra pública y una gestión con características hegemónicas y despóticas, reveladas en la ampliación de los miembros de la Corte provincial para el nombramiento de candidatos propios, así como en el desplazamiento del Procurador General de la provincia, el Dr. Eduardo Sosa, en 1995, mediante una ley auspiciada por la cónyuge del gobernador, Cristina Fernández, y por Carlos Zannini como diputados provinciales. Kirchner fue finalmente uno de los tres candidatos de origen peronista y el segundo más votado en la primera vuelta de la elección presidencial de abril de 2003. La renuncia de Menem a disputar el ballotage con él lo dejó en condiciones de asumir la primera magistratura, pese a haber obtenido solo el 22,25% de los votos. De allí su necesidad de lanzarse a la búsqueda de alianzas y apoyos que le permitieran construir una plataforma propia de poder.
Kirchner estaba convencido que la renuncia de Menem al ballotage constituía en sí misma un “golpe” para debilitar su gobierno, que lo forzaría nuevamente a buscar el apoyo de Eduardo Duhalde, al que veía como el gran contendiente en la lucha de poder.
Es en este punto donde aparece en escena Horacio Verbitsky. Miembro confeso de la organización guerrillera Montoneros, acusado de colaborador de los militares y protegido entonces por la Fuerza Aérea Argentina se había incorporado en 1998 al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos de las víctimas de los enfrentamientos armados de los años ’70 y, en poco más de un año, había pasado a presidirlo.
El CELS había sido fundado por Emilio Mignone, Augusto Conte Mac Donnell y otros familiares de muertos o desaparecidos en los ’70. Franklin Allen Tex Harris, un funcionario consular que se desempeñaba en la embajada de EEUU en Buenos Aires, fue quien presentó al grupo de Mignone al abogado estadounidense Leonard Meeker, presidente de la ONG norteamericana Center for Legal and Social Studies. Meeker no solo realizó las primeras gestiones que permitieron el financiamiento de la nueva entidad, sino que la autorizó a utilizar el mismo nombre de su organización en el país del norte.
La gestión de Verbitsky consolidó el apoyo de la Fundación Ford, clave para su sostenimiento, al que comenzaron a aportar también diversas organizaciones internacionales inglesas, holandesas y norteamericanas. Entre sus principales donantes se encuentra la Unión Europea; la Fundación Oak, una ONG con sedes en Londres, Ginebra y Carolina del Norte; la Open Society Foundations, de George Soros; el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura; la Tinker Foundation de Nueva York, y el Foreign Office. El CELS forma parte además de Amnistía Internacional, con sede en Londres, y de Human Right Watch, con sede en Nueva York.
Según balances de la organización, en solo tres años, Verbitsky llevó su presupuesto a la suma de 519.000 dólares. Luego del pacto -y siempre de acuerdo con sus balances-,ese presupuesto crecería exponencialmente: llegaría en 2012 a 1.946.984 dólares , y en 2014 a 2,6 millones de dólares, habiendo acumulado desde el CELS un poder jamás soñado por sus fundadores.
Verbitsky dominaba también la redacción de Página 12, el diario que había investigado y denunciado los escándalos de corrupción gubernamentales de diferentes gobiernos desde su fundación. Desde sus columnas en este diario, Verbitsky había criticado duramente y acusado a Néstor Kirchner.
El primer contacto
“¿Cómo no voy a querer dialogar con el presidente?”, respondió Verbitsky al recibir la llamada de Artemio López, dueño de la consultora Equis, quien le hacía saber la intención de Néstor Kirchner de comunicarse con él. El presidente electo le contó a Verbitsky que estaba armando su gabinete, le dijo que seguía con mucho interés el trabajo del CELS y le pidió su parecer sobre la designación del titular del Ejército. Kirchner seguiría su consejo y comenzaría una relación fluida y constante con el organismo. Verbitsky y el CELS participaron en reuniones con el nuevo mandatario, junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y otras organizaciones. Le pidieron bloquear un proyecto de ley antiterrorista, no reprimir la protesta social y, “lo más importante: solicitaron al presidente que enviase al Congreso un proyecto de ley para declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Estuvieron hablando horas, con Néstor Kirchner en la punta de la mesa, haciendo desfilar a ministros y secretarios según se sucedían los petitorios para que ejecutasen los pasos necesarios…”.
La respuesta de Kirchner marcaría el objetivo del pacto: “…Todo lo que ustedes piden hay que hacerlo. Pero si no empezamos con la Justicia, nada de lo demás sale”.
Así, el presidente se comprometió a trabajar por la reapertura de los juicios – solo a los militares- por los hechos ocurridos en los ’70. Y le concedió a Verbitsky, el CELS y las organizaciones que lo secundaban, el diseño y manejo de una política de derechos humanos que significaría, en pocos años, un profundo cambio cultural y que transformaría tanto la política de seguridad y de defensa, como la gestión del servicio de Justicia de la Argentina. A cambio, el CELS y las organizaciones bajo su influencia le darían todo su apoyo, y Página 12, de enérgico investigador y denunciante de la corrupción de los gobiernos, pasaría a ser un obediente órgano de prensa oficial y vocero anticipatorio de las iniciativas gubernamentales.
Hasta la concreción de este pacto no se conocía que, en su trayectoria política, Néstor y Cristina Kirchner se hubieran ocupado alguna vez de los hechos ocurridos en los años ’70 o realizado homenajes o brindado apoyo a organizaciones de DDHH. El tema nunca había sido de su interés ni tenido para ellos prioridad alguna. Pero el trato que celebraron con Verbitsky les permitiría contar con un apoyo decisivo para lograr una plataforma propia de poder y alcanzar un objetivo común para ambas partes: la colonización y el sometimiento de la Justicia.
El exjuez Eugenio Zaffaroni, además de defender al desplazado Procurador Sosa, había criticado en nota publicada en Página 12 la nueva reforma de la Constitución de Santa Cruz impulsada por el entonces gobernador, comparándola con lo que había hecho Hitler para terminar con la República de Weimar.
Con la celebración del pacto, Horacio Verbitsky, en una larga columna publicada el domingo 18 de mayo de 2003, pasó a apoyar decididamente, junto al resto de la redacción, al flamante presidente.
Además, el CELS pasaría progresivamente a ser el órgano asesor principal en materia derechos humanos no solo del Poder Ejecutivo, sino también de la Legislatura, así como de varios de los poderes republicanos provinciales, y del Consejo de la Magistratura. Su voto de censura bastaría para aplazar un nombramiento oficial, frustrar el resultado de concursos de cargos (incluidos los de funcionarios privados en empresas del Estado), o impedir o producir los ascensos en las tres FFAA y la Policía Federal, a cuyos archivos de inteligencia pasados y actuales tuvo acceso irrestricto a través de una legión de activistas, tal como se mostrará más adelante.
Los siguientes pasos serían para modificar la conformación del Consejo de la Magistratura, desplazar a los jueces de la Casación Penal Federal y copar el Ministerio Público mediante la inserción de sus miembros y los de la flamante agrupación política Justicia Legítima en la Procuración General de la Nación.
La reapertura de los juicios a los militares
La reapertura de los juicios, y solo a los militares, como se pretendía, presentaba escollos insalvables: habían prescripto los delitos cometidos por todos los protagonistas -militares y guerrilleros- en los ’70, y las cámaras federales y la Corte Suprema habían convalidado, a través de 17 fallos, la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, consideradas de amnistía, cuyos derechos habían sido adquiridos por los beneficiarios aun cuando estas normas se hubiesen derogado. Lo mismo ocurría con los indultos dictados por el Ejecutivo a las jerarquías militares y de las organizaciones guerrilleras.
Así, era necesario que la Corte Suprema cambiara los criterios que había sostenido hasta ese momento.
Verbitsky contó con la activa colaboración de Carolina Varsky y Víctor Abramovich, dos jóvenes abogados que se habían incorporado al CELS en 1997 y logrado una promoción para especializarse en derechos humanos en los EEUU. Varsky trabajó con el exjuez Baltasar Garzón en lo que significó uno de los primeros actos de gobierno de Kirchner: la anulación del decreto que prohibía las extradiciones por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, no creía que pudieran “cambiar la Corte Suprema”, el gran objetivo del pacto. Simultáneamente, una comisión integrada por Verbitsky, Abramovich y otro miembro de la junta directiva del CELS, Eduardo Basualdo, se reunieron con Néstor y Cristina Kirchner y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, durante casi tres horas, para programar los siguientes pasos.
“En un país serio, las leyes no se anulan”: lección para disidentes
Consultado acerca de la política oficial sobre las tarifas de servicios y las leyes de pacificación, Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, dijo: “En un país serio, las leyes no se anulan”. Antiguo secretario de Turismo y Deportes del gobierno de Menem, Scioli había acordado con Kirchner el manejo de esta dependencia manteniendo el personal que lo había acompañado en su anterior gestión. Pero la frase hizo que cayera inmediatamente en desgracia, lo que incluyó el despido de toda la conducción de esa dependencia del Estado. El expresidente Alfonsín, viendo la embestida sobre dichas leyes, las defendería -vanamente- no solo ante sus correligionarios, sino también en sede judicial.
Pocos días después de la frase de Scioli, el 21 de agosto de 2003, mediante Ley 25779, el Congreso aprobaba el proyecto de ley de anulación de las leyes de Obediencia Debida (23492) y Punto Final (23521).
La ley fue una muestra de prepotencia política y raquitismo jurídico. Sus dos artículos dicen:
Artículo 1: Decláranse insanablemente nulas las leyes 23492 y 23521.
Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Los diputados del Justicialismo y de los partidos de centroizquierda e izquierda se pronunciaron a favor de la ley que disponía la anulación. En tanto, el radicalismo, antiguo impulsor de la Obediencia Debida y el Punto Final, decidió abstenerse.
El 14 de julio de 2008, en pleno enfrentamiento con el campo, Verbitsky, en una columna en Página 12, dio cuenta de una reunión del expresidente Néstor Kirchner con unos 300 intelectuales de Carta Abierta, en la sede de la ex–ESMA, en la que el mandatario compartió el estrado con Alberto Fernández, Horacio González (director de la Biblioteca Nacional) y Ricardo Forster. En dicha “asamblea horizontal”, Kirchner dijo: “La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron los momentos decisivos durante mi gobierno, y siento que este desafío por las retenciones lo será del de Cristina”.
agosto 15, 2020 Que No Te La Cuenten
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