El fracaso de Alberto arrastraría a Cristina

por Carlos Tórtora

El 1 de marzo pasado empezó una recomposición del esquema de poder que va asentándose con el correr de los días. Cristina Kirchner dejó de ser un poder en las sombras, silenciosa y sólo con apariciones esporádicas, para pasar a ser la voz cantante del gobierno. Alberto Fernández, a su vez, dejó de ser un presidente moderado haciendo equilibrio entre el kirchnerismo y el electorado centrista, para pasar a ser el seguidor incondicional de las líneas que marca su vicepresidenta. Para el presidente, los efectos de este nuevo cuadro pueden ser demoledores. Un país esencialmente presidencialista como es la Argentina difícilmente digiera un presidente que sigue instrucciones de su vice. El deterioro de la figura presidencial puede dificultar la gobernabilidad, ya que los factores de poder están tomando debida cuenta de que deben negociar con ella más que negociar con los dos. No se tiene memoria en la historia nacional de un presidente subordinado a su vice. Sí hay algún ejemplo de un presidente subordinado a un jefe político, como fue el caso de Héctor Cámpora con Juan Domingo Perón en el 73. Pero el experimento fue tan desastroso que a los 60 días de asumir Cámpora tuvo que renunciar para que su vice, Vicente Solano Lima, llamara a elecciones para que finalmente asumiera la presidencia Perón, pasando a coincidir el poder real con el poder formal.

Si en algo coinciden Cámpora con Alberto es que ambos fueron nominados por sus jefes políticos y llegaron al gobierno sin poder propio. Alberto pareció seguir la lógica de la construcción de un poder propio cuando remarcó con insistencia que él escuchaba a Cristina pero tomaba las decisiones por sí solo. Ahora todo ha cambiado y sus ministros deben auscultar lo que piensa ella si quieren saber para qué lado va el gobierno. El presidente no es que coincida con su vicepresidenta en su pensamiento sobre la imposibilidad de pagar la deuda; él adhiere a lo dicho por ella quedando en un papel subordinado.

Con rumbo de colisión

Podría parecer que el nuevo cuadro del poder es óptimo para CFK, ya que la resistencia presidencial ha desaparecido. Sin embargo, la realidad es más compleja. Ella diseñó este esquema pensando en un Alberto fiel ejecutor de las políticas del kirchnerismo. Pero éste se luce por su ineficiencia y su gestión se caracteriza por su falta de resultados de corto plazo y de metas claras de mediano plazo. La rendición del presidente a los dictados de su vice no corrigen en modo alguno la ineficiencia de aquél. En este punto, el kirchnerismo se encuentra entrampado, porque debe cargar con el lastre de un gobierno que funciona a medias. Ahora, con el presidente proclamando a los cuatro vientos que sigue los mandatos de su vice, ésta pasaría a ser la real responsable de lo que pasa en el gobierno. La dirigencia peronista, sin liderazgo propio alguno, le demandará a Cristina que encauce la situación ante la evidencia de encuestas que muestran a un gobierno en baja, mal comienzo para un año electoral. Si la política no tolera el vacío de poder, el peronismo mucho menos aún. Proyectando como están las cosas hoy, la fragilidad del gobierno la obligará a ella, único vestigio de autoridad, a aparecer cada vez más seguido para que haya una voz de mando. Cabe preguntarse entonces si el desgaste de su figura no empezará a sentirse cada vez más fuerte. Después de todo, si el fracaso de AF es estrepitoso, la mayor responsabilidad recaerá en su gran electora, la que lo ungió presidenciable. Aunque haga todo lo posible por despegarse, el fracaso de AF arrastraría a Cristina y el equilibrio actual del poder puede ser insostenible de acá al 2023. Cada vez que él aparece subordinado a ella y su poder disminuye, el gobierno se debilita. Y ella, como gran electora, es la responsable final.

InformadorPúblico.com  • 29/03/2021 •

El Estado: un dios de muertos

Congreso de los Diputados.

La aprobación de la eutanasia por el Congreso de los Diputados es solo un paso en el proceso de sustitución de la Iglesia por el Estado como dictaminador de la conciencia.

por Eduardo Gómez
Un Estado en estado de revolución permanente es algo más que una institución no representativa ni confiable, es un dios de muertos. Incapaz de custodiar el bien común, solo puede timarlo, y confitarlo de antropología barata. Demópatas de los medios convencionales decían estos días que la Ley de Eutanasia era algo así como el triunfo libídine de la libertad absoluta del hombre. Lo recitaban como si hubiera una aureola de soberanía en la libertad. Como si de una conquista sin precedentes se tratara. En efecto, lo era: el hombre que se conquista a sí mismo y cree derrotar su condición natural se destruye.

La nefasta filosofía hegeliana ya enseñaba los caminos quiméricos de la voluntad libre que el Estado se encargaría de facilitar para así hacer realidad los sueños y pesadillas provenientes del querer. De este modo Hegel se cargaba la noción de ley humana positiva como la ley natural aplicada al acto social, dando paso a los convencionalismos y patrañas jurídicas destinadas a forzar la naturaleza del hombre. Así floreció una filosofía negadora del sentido cristiano de la vida, pisoteado en la edad contemporánea por el sentido democrático a cargo de los barateros y mercachifles de parlamento.

Salía Reig Pla al paso de la Ley de Eutanasia con una carta pastoral donde anunciaba que vivimos actualmente en un orden que auspicia “el debilitamiento moral de nuestro pueblo”.

Al tratarse de un orden anticristiano ex profeso, no solo se busca la destrucción de la fe católica, se atenta contra todo elemento de orden tradicional y atingente al ser humano. El Estado actual es el ariete de ese proyecto, sellado en un contrato constitutivo del que Reig Pla  denuncia su ambigüedad (refiriéndose a la Constitución). No es para menos, porque el contrato constitutivo ha transicionado al pueblo español hacia el derrumbe moral, la nadería espiritual y la esclavitud política. En el centro del desastre (para no variar), el anzuelo político ha sido una noción animalizante de libertad, entendida como conciencia de necesidad, sin reparar en las necesidades de la recta conciencia.

Una libertad sana, participada del bien común, es el derecho a cumplir con el deber de alcanzar el fin último del hombre, y nunca el fin que habilita al individuo a crear sus propios derechos deshojando las margaritas que le ofrece el Estado (como la libertad eutanásica). Esa fantasmagoría emancipadora ha dado al traste con la noción clásica de bien común, a la postre la única posible. Acorde al sentido cristiano de la vida, el  político tradicionalista Víctor Pradera entendía el bien común como “el hecho de la conspiración espiritual, en que las voluntades se traducen dentro del orden vital”, en el cual la ley humana positiva “en cuanto contiene dictados de la ley natural, es una ordenación de la razón a un fin". Fin que ha sido triturado por el parlamentarismo, calificado por Pradera de "bodrio revolucionario”, que urde efugios como “la muerte digna” para dar salida a las leyes eutanásicas. Total, todo puede pasar cuando la altísima tarea del bien común (el bien temporal mas importante) es confiada por una multitud facciosa a los legisladores y ejecutores del antiEvangelio, es decir, la mentira transmitida como verdad, por el burdo hecho de haber sido deliberada y votada en el bodrio revolucionario que ponía de resalto Víctor Pradera.

El Estado actual,  con la aprobación de la ley de eutanasia, continúa con la vieja aspiración de reemplazar a la Iglesia, tras años de repliegue del clero. Solo así se explica cómo entre el cura y el sicario, el enfermo eutanasiado sea capaz de quedarse con el harakiri nihilista bendecido en la sede del bodrio parlamentario.

Pero hay hombres que, por el simple hecho de ser siervos de Dios, jamás desfallecen. Reig Pla, en su carta pastoral, impele a la Iglesia española a tomar partido a sabiendas de que no hay copia que resista al original, y que el Estado hoy no es mas que un plagiador, sin más haber que las concesiones volitivas que Hegel le atribuía. Vistas las carencias del Estado, sin virtudes teologales ni catecismo que enseñar, el bodrio parlamentario promulga una sarta de derechos antropológicos (como la muerte digna) para que las almas en pena, en medio de la agonía, puedan deshojar margaritas y aferrarse al dios de muertos. Semejante estafa tocará a su fin el día que la Iglesia escuche a monseñor Reig Pla, se calce por los pies el magisterio y anuncie al Dios de vivos.

ReL    27 marzo 2021

España, el estado que rompió con la ley natural

“Sin convicciones morales  comunes las instituciones no pueden durar ni surtir efecto”

por Josep Miró i Ardèvol

Los gobiernos y los estados a los que representan pueden apartarse, en mayor o menor medida, de lo que conocemos como estado de derecho, de los Pactos de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos,  pero hay países que, cumpliendo formalmente con todo ello, o al menos con una interpretación de todo ello, rompen con la ley natural, con el orden natural de las cosas.

Uno de estos estados es España, y con la aprobación de una de las peores versiones de un tipo de ley ya de por si mala, la que legaliza la eutanasia, se convierte en uno de los mas destacados porque despliega un sistema total de ruptura con ella.

    Este estado aplica la muerte del ser humano como solución.

Lo hace con el aborto, que, de mal menor, ha pasado a convertirse en derecho de la mujer y a negar toda existencia al ser humano engendrado, lo cual es una brutalidad de dimensión histórica y una irracionalidad extrema. Lo hace con la eutanasia asumiendo el poder de determinar que ciudadanos pueden someterse al homicidio a petición, y determinando que hay vidas que son tan indignas de ser vividas que debe acabarse con ellas, ignorando, que no es la vida lo indigno, sino el sufrimiento que la aqueja, y es a este al que hay que someter.

En pleno siglo XXI, cuando el transhumanismo promete maravillas, la única solución que da este estado es matar, la misma que se le da desde hace siglos a un perro o a un caballo. ¿Y a eso le llaman progreso? El estado te da a elegir entre morir sufriendo, porque se niega a una ley integral de cuidados paliativos, o que un médico te mata. ¿Puedes elegir entre morir o sufrir? ¿Qué cruel cinismo presenta tal barrabasada como un derecho, una libertad, de elegir?
 

Pero antes ya han derruido con sus leyes, el matrimonio, una institución de derecho natural, han extendido su destrucción con las leyes de la perspectiva de género y las identidades LGBTI+, la liquidación progresiva de la patria potestad y el derecho a la educación de nuestros hijos. Han convertido a los embriones humanos en material de laboratorio y han aceptado los vientres de alquiler.

Esta destrucción sistemática de la ley natural significa la destrucción de la naturaleza del ser mismo, por algo es una ley inscrita en el corazón del hombre (Rom. 4, 14-15) y como estableció Benedicto XVI en el Congreso sobre la ley moral natural  (12 febrero 2007) “De ella brotan los demás principios más particulares, que regulan el juicio ético sobre los derechos y los deberes de cada uno(…) La ley natural es, en definitiva, el único baluarte válido contra la arbitrariedad del poder o los engaños de la manipulación ideológica” Y esa es la amenaza, porque de la misma manera que el aborto ha pasado de mal menor a derecho, y el divorcio de ser un daño necesario para salvar el matrimonio a menospreciar el vínculo matrimonial, el poder librado a la suerte de un puñado de votos además puede consagrar todas las barbaridades que el entorno europeo asuma.

Ratzinger afirmó en 1992 en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París, “sin convicciones morales  comunes las instituciones no pueden durar ni surtir efecto”. Y eso es lo que ya estamos viendo, la crisis de todas las instituciones del Estado. Es la anomia que viene.

Si la ley natural existe, y es así por la obvia razón de que sin ella no existirá un orden humano, tanta ruptura tendrá un grave coste para España y para quienes viven en ella, hasta que no consigamos enmendar tanto mal y tanto daño.

 ForumLibertas.com  19.3.21

La pesca ilegal en el Atlántico Sur de los recursos migratorios argentinos

      por César Augusto Lerena

Según lo publicado por Clarín (Natasha Niebieskikwiat, 8/3/2021) la organización ambientalista Greenpeace cuenta que «el Atlántico Sur es una zona sitiada y sometida por estas horas a la depredación de los recursos por parte de cientos de barcos extranjeros, la mayoría chinos, pero también coreanos y españoles que, según un monitoreo efectuado en 2019 ya mostraba signos de agotamiento por la sobreexplotación de los recursos (…) El descontrol pesquero es tal, que a la fecha del monitoreo (…) Greenpeace contabilizó al menos 470 buques extranjeros sobre todo en la zona conocida como Agujero Azul, frente a las costas patagónicas a la altura de Chubut y Santa Cruz (…) mientras que en la Zona Económica Exclusiva Argentina se concentran unos 270 barcos (NdA: suponemos nacionales). Los buques que están el Agujero Azul están extrayendo calamar y otras especies en apenas 5.000 kilómetros cuadrados (…) están acompañados por cuatro buques petroleros -como gigantescas estaciones de servicios- y por ocho buques frigoríficos que reciben las capturas directamente de los pesqueros para transportarlas al país de destino final, sin pasar por ningún control (…) El Gobierno (…) reforzó las multas para la pesca ilegal (…) El Ministerio de Seguridad y el de Defensa anunciaron mayores controles y en el caso del segundo se acaba de crear un Comando Marítimo para combatir los ilícitos. Pero estos, que ya presentan dificultades por la falta de instrumentos marítimos y aéreos para perseguir infractores, sólo pueden actuar en aguas nacionales (…) Greenpeace busca movilizar a la comunidad internacional para que desde las Naciones Unidas se implemente un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales. El "Agujero Azul" es parte de esta red. Complementario con este tratado, el cual Argentina ha estado impulsando y liderando en este sentido a los países de la región, existe un proyecto de ley para la Creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul, la cual sería una primera medida para asegurar la protección del Mar Argentino, su rica biodiversidad y sus ecosistemas. La sanción de esta ley está pura y exclusivamente en manos de nuestros legisladores” afirmó Vueso de Greenpeace».

Bueno, empecemos por decir que Greenpeace, logra visibilizar algunas de las cuestiones, como la pesca ilegal, que alguno de nosotros viene denunciando desde hace décadas, en buena hora, pero para entender esto en toda su dimensión, deberíamos separar la paja del trigo, no importa tanto donde se produce la pesca ilegal como decir claramente algo que Greenpeace no denuncia: que esos recursos que se pescan mayoritariamente en forma ilegal tanto en el área de Malvinas como en el llamado Agujero Azul y, en general en alta mar más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina son recursos migratorios argentinos que migran en su ciclo biológico desde la ZEE hacia alta mar y desde ésta regresan a la ZEE Argentina sino son capturados antes en su trayecto por estos buques que pescan en forma ilegal depredando el ecosistema. La comunidad internacional como la Argentina no terminan de tipificar claramente el dominio de estas especies y se limitan a decir que la pesca en alta mar es libre, cuestión, que como me he referido en reiteradas oportunidades es falso, porque la libertad que refiere la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no es una libertad absoluta y sin límites y, mucho menos puede ser depredatoria porque iría precisamente con el objeto principal de la CONVEMAR, que es preservar los recursos pesqueros a perpetuidad.

La Argentina al ratificar la CONVEMAR por Ley 24.543 observó y dejó claro en el art. 2º inc. c): «…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin». Nada que ningún funcionario argentino responsable (los Secretarios de Pesca y de Malvinas, entre otros) se halla ocupado de dar cumplimiento, beneficiando no solo a los buques extranjeros depredadores sino muy especialmente a los que pescan en Malvinas y consolidan al gobierno británico en las Islas. Hoy el secretario de Malvinas Daniel Filmus y el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman han sido incapaces de iniciar acuerdos consensuados con los sectores empresarios y trabajadores para llevar los instrumentos necesarios para terminar con la pesca ilegal que nos aleja de la recuperación de Malvinas, daña el ecosistema pesquero, la economía y el desarrollo poblacional, industrial y laboral del litoral marítimo y muy especialmente el patagónico.

Estamos absolutamente a favor de dar sostenibilidad a la explotación pesquera y a cuidar el ambiente, pero absolutamente en contra de multilateralizar el área. La Administración de los recursos en el Atlántico Sudoccidental deben estar en manos de la Argentina (y Uruguay en su zona) y en sus respectivos espacios marítimos de todos los Estados ribereños en cuyas ZEE se originen los recursos. Cuando Greenpeace «busca movilizar a la comunidad internacional para que desde las Naciones Unidas se implemente un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales (y, amplia) el "Agujero Azul" es parte de esta red. Complementario con este tratado, el cual Argentina ha estado impulsando y liderando en este sentido a los países de la región, existe un proyecto de ley para la Creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul» está promoviendo asegurar un área de protección de recursos que serán explotados por los buques extranjeros licenciados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) en Malvinas, como ocurre con el Área Marina Protegida de un millón de km2 alrededor de las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur o el Área Marina Namuncurá, donde las especies migran hacia el área de Malvinas y son explotadas. O ¿Alguien tiene duda de las razones de la presencia de la patrulla americana y el submarino atómico de Estados Unidos en el Atlántico Sur en estos últimos tiempos? Ocupar un espacio marítimo estratégico y presionar sobre los buques chinos que le dificultan el otorgamiento de licencias británicas (ilegales) pesqueras a los buques españoles, coreanos y taiwaneses en el área de Malvinas.

Que nos quede claro: la cuestión central es la titularidad de los recursos migratorios originados en la ZEE. La Argentina tiene suficiente capacidad técnica para administrar los rendimientos máximos sostenibles, la instauración de limitaciones y vedas, etc. no necesita de ningún santuario.

Accesoriamente, pese a lo indicado en Clarín por Natasha Niebieskikwiat, el control en la ZEE es insuficiente y el aumento de multas inocuo, de hecho, desde que el Congreso sancionó el aumento de las multas por la Ley 27.564 el 16/9/2020 no se aplicó una sola multa a buques extranjeros.

La pesca ilegal ocurre desde hace más de 50 años por parte de buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, japoneses, rusos, polacos, portugueses, etc. en el Atlántico Sur. A su vez, desde 1982 en Malvinas y, con permisos ilegales británicos, pescan, especialmente británicos, españoles y asociados entre ellos, buques que capturan unas 250 mil toneladas anuales, lo que equivale, a un valor del orden de los mil millones de dólares anuales. A su vez, en alta mar, buques extranjeros capturan unas 750 mil toneladas de recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de dominio del Estado Argentino, lo que, junto a las capturas en Malvinas significan una extracción anual del millón de toneladas de un valor estimado en los cuatro mil millones dólares; es decir, el doble de las exportaciones pesqueras argentinas y, desde 1982, cuando se internacionalizó el Atlántico Sudoccidental, se extrajeron productos pesqueros por un valor de 152 mil millones de dólares.

La FAO (2016, p. 5/6) estima que al menos el 30% de las capturas en el mundo son ilegales, generando unos 36 mil millones de dólares anuales, lo que lleva a clasificar la pesca ilegal como un problema de seguridad y, si bien, tradicionalmente, la seguridad sólo incluía a los gobiernos contra los ataques extranjeros (Figueiredo, 2010, p. 273), en la actualidad «nuevos enfoques proponen la idea de la seguridad humana” y alcanzan a la supervivencia y el bienestar de las personas. El Informe de la ONU (1994) sobre Desarrollo Humano examina las amenazas a la seguridad de carácter económico, ambiental y social y en el documento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima (2005) se asocia la explotación indebida de los recursos marinos con daños al medio ambiente y a la seguridad económica y, afirma, que la competencia por las poblaciones pesqueras puede dar lugar a conflictos violentos e inestabilidad regional, lo que requiere medidas más agresivas» (L. Vaz Ferreira). Ante la presencia china, los intereses británicos y, la parálisis argentina, no debería asombrarnos la presencia de una patrulla y un submarino nuclear de Estados Unidos en el Atlántico Sudoccidental, en consonancia con el reciente (febrero/21) anuncio del nuevo presidente Joe Biden de una Task Force contra China.

Nada más evidente que la Pesca ilegal que realiza en el área de Malvinas, donde el gobierno ilegal otorga licencias a entre 100 y 200 buques extranjeros, infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales y, la propia indicación de no innovar de la Resolución de las Naciones Unidas 31/49. Por fuera de esta área y más de allá de las 200 millas marinas casi 500 buques pescan igualmente en forma ilegal.

Se entiende como Pesca ilegal, y con el tecnicismo de INDNR (ilegal, no declarada, no registrada) a aquella pesca que se realiza infringiendo las leyes nacionales, regionales y/o internacionales; donde no se declaran o se declaran en forma inexacta las operaciones; las que no se ajustan a las reglamentaciones de los Estados o, no pueden controlarse las capturas y/o desembarcos porque los transbordos se efectúan en alta mar; las que reciben subvenciones de los Estados facilitando este tipo de pesca; las que sobreexplotan los stocks disponibles de peces, o no hay forma de determinarlo y otras irregularidades afines.

Pescar en forma ilegal; depredar los recursos pesqueros y desequilibrar el ecosistema del mar argentino no es solo una cuestión de violación de la soberanía; ni solo un tema económico. Tampoco solo una cuestión social si no, que es atentar contra los derechos humanos de tercera generación: derechos al desarrollo sostenido y a la protección natural del ambiente y de los recursos de las próximas generaciones y, por lo tanto, debe ser tratado y penado como tal. Un grave atentado al ecosistema y a la humanidad, donde la Convención del Mar (CONVEMAR), no podría limitar los derechos de los Estados ribereños -los titulares del dominio de las especies migratorias de la ZEE- ya que sería contrario a su espíritu de asegurar la sostenibilidad de las especies y, donde países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, México, Perú, la Unión Europea, Venezuela, etc. habiéndola aprobado o no, consideran a la pesca ilegal un delito penal o sugieren su aplicación para combatirla, ya que han entendido, que no alcanza con la acción civil para desalentar la pesca ilegal.

La CONVEMAR, en su Preámbulo manifiesta que, los Estados Parte están «…conscientes que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto» y deben tener en cuenta «…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo…» y, en este sentido, la pesca ilegal impide el desarrollo económico, laboral y social de la Argentina y, muy especialmente del litoral patagónico y de Tierra del Fuego, un área estratégica frente a la ocupación británica del área meridional del Atlántico Sudoccidental y los archipiélagos australes.

La pesca ilegal no se trata de un hecho aislado, sino de una operación inconsulta y masiva de Estados de Bandera provistos de miles de grandes buques factorías subsidiados que depredan el mar sin control alguno o, en el caso de las licencias ilegales británicas en Malvinas explotan y comercializan productos con base de proteína que se les quita a la Argentina donde la pobreza alcanza al 44%, contrariando por tal razón uno de los objetos centrales de la CONVEMAR y la FAO.

La CONVEMAR, establece una serie de obligaciones a los Estados Ribereños y a los de Bandera que capturan en la ZEE y, ello es absolutamente razonable, porque el ecosistema es único e indivisible y, por lo tanto la sobrepesca en la ZEE afecta los recursos que migran a alta mar, tanto, como la sobrepesca en alta mar afecta los recursos en la ZEE, razón por la cual, los Estados de Bandera en alta mar están obligados a acordar la captura con los Estados ribereños, ya que resulta un absurdo que especies migratorias como el calamar, la merluza y otras especies, que son de dominio de Argentina, por el solo hecho de transponer la línea imaginaria de las 200 millas, transmute, cambie de titularidad y, sea apropiado libremente, por cualquier embarcación extranjera, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema argentino.

Por su parte, la libertad de pesca en la Alta Mar a que refiere la CONVEMAR (art. 87º inc. e y el 116º), como he dicho, no es una libertad absoluta, y está acotada a los textos ya citados del Preámbulo de la CONVEMAR y, «ejercida por todos los Estados, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los otros Estados en su ejercicio de la libertad…» y que, entre los deberes del Estado de Bandera (art. 94º) se encuentran «el control de la contaminación marina; el combate a la piratería; la adopción de medidas de cooperación y administración de los recursos vivos (Art. 117/118º); la determinación de las capturas permisibles y la conservación, teniendo en cuenta la interdependencia o asociaciones de las especies y el esfuerzo de pesca (Art. 119º).

La ZEE y la alta mar deben tratarse como un todo y, no es posible, que las producciones pesqueras puedan ser sostenidas sin la resiliencia ecológica e integridad del ecosistema. La propia directora de Recursos Naturales de los británicos en Malvinas Andrea Clausen (MercoPress, 7/5/2020), dijo: «generalmente hay unos 400 buques chinos operando en el Atlántico sur (…) todas estas capturas ilegales son muy al norte de la ZEE de Falklands, si bien la captura del calamar Illex pertenece a la misma biomasa…». En palabras británicas una confesión, que ratifica que los recursos de Malvinas migran desde el continente argentino.

La creciente demanda de productos pesqueros incrementó la pesca a distancia en todo el mundo, al aumentar las capturas para satisfacer la demanda (Pauly; Zeller, 2016), pudiendo, esta expansión provocar enfrentamientos por los recursos en un ámbito tan amplio, donde la soberanía de los Estados ribereños está debilitada. La Argentina es el caso, con la presencia británica, china, española, coreana, etc. El Reino Unido en su Documento de Estrategia de Seguridad Marítima (2014) «expone la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal y, pone a ésta al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad». Ese mismo año, la Unión Europea, incluye a la pesca ilegal, como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros y en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU), y lo definió como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica que beneficia al crimen organizado transnacional.

En este escenario resulta central, que la Argentina promueva la declaración de dominio de los Estados ribereños de los recursos migratorios que se originan en sus ZEE; declare estas la pesca ilegal un delito penal y la incorpore al artículo 186º del Código Penal e inicie las acciones para tipificar de contrabando las exportaciones de productos desde Malvinas. Son hechos gravísimos sobre los que la Argentina debería actuar en forma urgente.

Dr. César Augusto Lerena*

*Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 25 libros (entre ellos “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera”, 2019).

César Augusto Lerena | 16/03/2021 InformadorPúblico.com

Caiga su sangre sobre nuestras cabezas

Francisco, en Mosul (Irak).
Francisco, ante las ruinas de una iglesia en Mosul destruida por Estado Islámico, durante su reciente viaje a Irak. Foto: Vatican News.

por Juan Manuel de Prada

El viaje apostólico del Papa Francisco a Irak ha brindado un precioso bálsamo a sus comunidades cristianas, diezmadas por la furia vesánica de Daesh. Como corresponde al ministerio que encarna, Francisco se está limitando a dar a Dios lo que es de Dios; pero la prensa occidental, que no reconoce a Dios, aprovecha la circunstancia para esconder la responsabilidad del César en toda aquella barbarie.

Los orígenes del llamado Daesh se remontan a los años ochenta, durante la presidencia de Ronald Reagan, que logró la autorización del Congreso estadounidense (entonces de mayoría demócrata), para reclutar en Arabia Saudí y otros países suníes un ejército de muyahidines que expulsaran a los rusos de Afganistán. Entre tal ejército de chacales figuraba un jovencito llamado Bin Laden, que algunos años más tarde alcanzaría universal fama derribando las Torres Gemelas. Fue entonces cuando los Estados Unidos y sus aliados (que conocían perfectamente la procedencia de Bin Laden, pues lo habían criado a sus pechos) decidieron lanzar una operación que distrajese a las masas cretinizadas. Y se pusieron a combatir el ‘terrorismo islámico’ mediante el misterioso procedimiento de derrocar a los dictadores de Oriente Próximo que más eficazmente lo mantenían a raya.

Por supuesto, aquellos dictadores -tan benéficos para las comunidades cristianas- nada tenían que ver con Bin Laden (de hecho, eran sus más enconados enemigos), pero osaban hacer cosas mucho más ofensivas: dificultaban el expansionismo de Israel, mantenían relaciones muy reñidas con Arabia Saudí y demás potencias suníes de la zona y, ‘last but not least’, se oponían a que el dólar monopolizase las transacciones del petróleo producido en sus respectivos territorios. Estos dictadores que protegían a los cristianos fueron derrocados con subterfugios diversos, a veces promoviendo ‘primaveras árabes’, a veces lanzando ataques militares dementes, como se hizo en Irak. Y en Irak, tras deponer a Sadam Husein, los ‘liberadores’ vaciaron las cárceles de criminales suníes, en una operación similar a la que se había llevado a cabo en los años ochenta en Afganistán. Sólo que esta vez, además, se dotó a estos chacales de instrumentos más sofisticados para favorecer su expansión: se les proporcionaron armas y munición, se les dio instrucción militar y apoyo logístico, se les abasteció económicamente para que pudieran captar mercenarios de todo el mundo. El objetivo final -compartido por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí- era derrocar el régimen iraní; y para lograr ese objetivo final se permitió que, por el camino, Daesh exterminase o condenase al éxodo a las comunidades cristianas de Irak y Siria.

Y, entretanto, las masas occidentales cretinizadas y apóstatas cerraron los ojos ante el genocidio de los cristianos en Oriente Próximo, excitadas por la posibilidad de que la democracia llevase su evangelio negro hasta los confines del orbe. Caiga su sangre sobre nuestras cabezas.

Publicado en ABC.

ReL  12 marzo 2021

El Parlamento Europeo dicta directrices para imponer la neolengua de la Unidad de Igualdad, Inclusión y Diversidad

 

por  Jorge Soley

El Parlamento Europeo ha publicado un glosario de términos pretende ayudar a su personal a comunicarse adecuadamente en los ámbitos de la discapacidad, las cuestiones LGBTI+, la etnia y la religión.

El documento explica que «La regla de oro que aconsejamos a todos los miembros del personal es preguntar al interesado con qué términos prefiere que se dirijan a él. Cuando esto no sea posible, les invitamos a consultar este glosario de lenguaje sensible, cuidadosamente compilado por la Unidad de Igualdad, Inclusión y Diversidad de la DG PERS (Dirección general de personal) en estrecha colaboración con la DG TRAD (Dirección general de traducción)».

En el capítulo LGBTI+, por ejemplo, se pide evitar hablar de «sexo biológico», que deberá ser sustituido por «sexo asignado en el nacimiento». También se anima a emplear todo el catálogo de fobias: Homofobia, Gayfobia, Lesbofobia, Bifobia, Transfobia e Interfobia, aunque la lista está abierta a nuevas sugerencias. Se admiten Bisexual, Pansexual y Omnisexual… pero hay que ir con cuidado porque «Los términos «pansexual» y «omnisexual» utilizados como sustantivos pueden ser considerados ofensivos por algunos hablantes, que consideran que el uso de estas denominaciones reduce a la persona en cuestión únicamente a esa característica». Realmente, esto del lenguaje sensible e inclusivo se parece cada vez más a un deporte de riesgo.

Gracias a este útil glosario nos enteramos de que existe una cosa que se llama Morinombre o, en inglés, Deadname, que «generalmente designa el nombre de pila asignado al nacer a una persona transgénero que ya no utiliza». Y todos sus derivados, como «morinombrar», que se supone que es declarar que aquel nombre ya no va a ser utilizado y, de paso, avisar de que si alguien lo emplea, podrá ser denunciado, condenado en público y, por ahora, se le cancelará en redes sociales, a la espera de medidas más drásticas.

Hay que evitar a toda costa hablar de Derechos LGBTI, Derechos de los homosexuales o Derechos de los transexuales: ahora hay que hablar de «Trato equitativo o justo», que se supone engloba todo lo anterior, sin lo cual parece que no puede haber justicia.

La cirugía de cambio o reasignación de sexo se ha convertido en una palabra demasiado descriptiva y se propone cambiarla por «cirugía de afirmación de sexo», mucho más positiva y acorde con los manuales de autoayuda. Y por supuesto hay que desterrar todo vestigio de heteronormatividad, definida como «Presunción de que la heterosexualidad es la norma, y que las relaciones heterosexuales son el punto de referencia para determinar lo que es normal y lo que no». Presunción falsa, claro está, que solo algunos tontorrones y recalcitrantes, que obviamente no tienen lugar en el Parlamento Europeo, se empeñan en sostener.

Lo que sí supone un gran avance es el signo + añadido a las siglas LGBTI. Si ya tenemos dificultades para recordar todas las letras y, además, en su debido orden, ir añadiendo más y más letras estaba condenado al fracaso. El signo + es un cajón de sastre donde cabe todo lo imaginable e incluso aquello que ahora nos parece inimaginable. Por el momento, nos advierte el Parlamento Europeo que incluye a «las personas queers, biespirituales, así como sus aliados», un anuncio que habrá que investigar (por ejemplo, ¿seré yo un aliado de alguien biespiritual sin haberme dado cuenta?).

Quienes «no quieren acabar con la discriminación de las personas LGBTI+» (en realidad quienes consideran que convertir una institución como el matrimonio, basada en la complementariedad y la capacidad de procreación que se deriva de ésta, en una unión entre personas del mismo sexo es destruir esa institución) ya tenemos un nombre al que debemos responder: Opositores. Y recuerde, si le ponen la etiqueta de «opositor», su vida y su futuro van a ser bastante chungos. No dirá que no le avisaron.

Pero si lo del + es un indiscutible avance, el glosario también nos trae malas noticias: se recomienda usar la palabra SOGIESC, «Acrónimo de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales». Para los alumnos torpes como el que escribe estas líneas es toda una jugarreta.

Obviamente se recomienda evitar palabras tan soeces y malsonantes como «madre» o «padre», sustituidas por la entrañable «progenitor». Y hay que referirse a los vientres de alquiler como «maternidad de sustitución» (hasta que alguien se queje del uso de la palabra maternidad, ¿desde cuándo los padres no podemos gestar hijos?).

No me negarán que estas directrices no son una mina de ideas para los escritores distópicos que quieran seguir la estela de Orwell o Huxley. Es lo que tiene el compromiso radical con la promoción de la cultura del que hace gala el Parlamento Europeo.

Archipiélago Ortodoxia  4.3.21  InfoCatólica.

Manifestaciones y procesiones

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, es el rostro científico de la lucha contra la pandemia en España. El 31 de enero de 2020 aseguró que «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Dijo que no habría «transmisión local» y que, de haberla, «sería muy limitada y muy controlada».

por Juan Manuel de Prada 

El buenazo de Fernando Simón ha echado un capote a las manifestaciones feministas, alegando que es mucho más peligroso estar «debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos, transportado por muchas personas, que estar en una manifestación de 500 personas donde se puede esparcir la gente».

No nos regodearemos hoy en la utilización ambigua del verbo 'esparcir', que podría explicarse como un curioso y revelador lapsus. Nos detendremos, en cambio, en la extrañeza del símil empleado por el buenazo de Simón, que compara dos cosas de naturaleza distinta. Y que, además, lo hace sabiendo que tampoco este año van a celebrarse las procesiones de Semana Santa, a diferencia de las manifestaciones feministas. El buenazo de Simón debería haber comparado un par de actividades con objetivos concurrentes y permitidas ambas por la patulea gobernante a la que sirve. Podría haber dicho, por ejemplo, que es mucho más peligroso tener encuentros sexuales con desconocidos a través de Tinder que participar en una manifestación feminista.

Pero el buenazo de Simón prefirió meter en el guiso las procesiones de Semana Santa. Y no lo hizo por querer ofender a nadie. Por el contrario, el buenazo de Simón, al comparar las manifestaciones feministas con las procesiones de Semana Santa estaba reconociendo a ambas celebraciones un carácter religioso. Una religiosidad decrépita, claudicante, moribunda (así la perciben, al menos, el buenazo de Simón y la patulea a la que sirve), en el caso de las procesiones de Semana Santa; una religiosidad pujante, ascendente, vigorosa, en el caso de las manifestaciones feministas. Pues, en efecto, las manifestaciones feministas forman parte principalísima en la proclamación de aquella «religión erótica» al servicio del capitalismo señalada por Chesterton, que «a la vez que exalta la lujuria, prohíbe la fertilidad». Una religión que necesita mujeres empoderadas que antepongan su triunfo laboral a la maternidad, que vean en el varón un criminal en potencia y en la institución familiar un odioso instrumento 'heteropatriarcal'.

En El manantial y la ciénaga, Chesterton nos enseña que capitalismo y antinatalismo están íntimamente ligados. El capitalismo necesita destruir la familia y evitar la procreación; pues, cuando falta una prole, falta también la razón primordial para luchar por sueldos más dignos (a la vez que crece el vacío que empuja a consumir bulímicamente). Y, en la consolidación del modo de vida que interesa al capitalismo (mujeres y hombres solipsistas, guerra de sexos, familias hechas añicos), el movimiento feminista desempeña un papel fundamental. Por supuesto, se trata de un modo de vida que, a la larga, provoca graves disfunciones sociales; pero, hasta que tales disfunciones acaben provocando la ruina de los pueblos, el capitalismo puede ir parcheando la situación con Tinder y con los succionadores de clítoris. Y prohibiendo las procesiones, no sea que a algún exaltado le dé por creerse la historia que cuentan sus pasos.

Publicado en ABC.

ReL    01 marzo 2021