“Desmoralizar al enemigo desde dentro por medio de la sorpresa, el terror, el sabotaje y el asesinato... Ésta es la guerra del futuro.”
Adolf Hitler
Por Matías E. Ruiz para el Informador Público.
Aeronaves “retocadas” para que se precipiten a tierra, artefactos explosivos conveniente y cuidadosamente instalados en automóviles para que estallen en el momento preciso, encumbrados ministros eliminados de un plumazo merced a misteriosos cocteles mezclados en un aparentemente inocente pocillo de café no son, necesariamente, parte del libreto de cualquier producción cinematográfica del extranjero. Según se afirma, episodios como los mencionados también nutren las facetas menos exploradas de la política en la República Argentina. Con todo, pueden contabilizarse diferencias respecto de la manera en que los distintos “equipos de trabajo” operan localmente, cuando se los compara con sus similares del exterior. Quien conoce el ambiente citará a la antigua KGB soviética, cuyo más refinado elemento y operarios -hoy ya en el FSB o Servicio de Seguridad Federal- fueron oportunamente reconocidos como “los mejores envenenadores del mundo”. Bien entrenados en el uso y aprovechamiento de una veintena de substancias indetectables luego de cualquier autopsia.
¿Cuánto vale una vida? No mucho, si se la escruta desde una óptica limitada exclusivamente a la existencia física de la persona. En rigor, el precio comienza a escalar una vez que se toma verdadero conocimiento de las dimensiones del secreto que se desea proteger.
Con toda probabilidad, apenas el Juez Federal Norberto Oyarbide cumpla son su objetivo personal de encarcelar a Sergio Schoklender, habrá puesto en marcha -consciente o inconscientemente- un mecanismo de relojería que perfectamente podría finalizar con la desaparición física del ex socio de Hebe María Pastor de Bonafini.
Sergio no tiene dudas respecto de lo que podría sucederle en el patio de cualquier penitenciaría del país. Es por eso que -veloz de reflejos- no perdió un segundo en apersonarse ante periodistas del Diario Clarín para obsequiar una muestra gratis de lo que podría representar el evento político más explosivo de la Argentina en sus últimos treinta años. El mensaje que Schoklender puso sobre la mesa era claro: “Quiero que sepan que yo sé”.
El ex socio de Hebe Pastor se encuentra en condiciones óptimas de referirse por incontables horas al funcionamiento de los subsidios otorgados desde el Gobierno Nacional a organizaciones sociales y de “derechos humanos” utilizados -por citar un caso- para montar jugosos negociados relacionados con la construcción. Podría mencionar con detalle la ingeniería de lavado de dinero necesaria para blanquear los centenares de millones de dólares ingresados. Si se lo propusiera, podría explayarse durante meses sobre el financiamiento recibido por Madres y similares de parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de -por qué no- Irán. Tras ese telón, incluso podrían reportarse datos invaluables respecto de la operatoria de personajes siniestros de la guerrilla colombiana de FARC y sus simpatizantes que participaron del secuestro y posterior homicidio de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo. Un tema llevaría a otros tantos, igualmente eternos y dolorosos. En tal sentido, una investigación seria podría terminar en las presiones políticas del kirchnerismo y la connivencia de la Corte Suprema de Justicia para obstaculizar la extradición del guerrillero de ETA Josu Lariz Iriondo y a su similar chileno Sergio Galvarino “Apablaza Guerra”, otrora valioso elemento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Instantánea en donde también cobrará protagonismo el magistrado Eugenio Zaffaroni, quien jamás ha disimulado su militancia política en favor de la ideología y los objetivos oficialistas. Finalmente, gran interés cosechará la firma por parte del “irresponsablemente” desaparecido Néstor Carlos Kirchner del Decreto Presidencial que prohibió la realización de tareas de inteligencia sobre “organizaciones sociales” y agrupaciones nucleadas en el derechohumanismo capitalista, muchas de las cuales terminaron dedicándose al tráfico de drogas peligrosas. En lo que constituiría una “orgía de pruebas”, el abogado también podría echar luz sobre el multimillonario sistema de subsidios e indemnizaciones otorgados a supuestas víctimas del “terrorismo de Estado”, desfalco monumental que supera los varios miles de millones de dólares y del que participan jueces y abogados que nunca han percibido menos del treinta por ciento por llevar a cabo la “gestión”. Sobra decir que todo lo antepuesto se circunscribe al montaje bien aceitado de una notable y tenebrosa asociación ilícita. Algo que en los Estados Unidos de América sería calificado, cuando menos, de gravísima conspiración.
La cita del gran país del norte tampoco es casual. Vale la pena recordar el informe oficial de la Comisión sobre Ataques Terroristas en Estados Unidos (The 9/11 Commission Report), en uno de cuyos pasajes se alertaba sobre la presencia de elementos de Al Qaeda conjuntados con el crimen organizado de diversas etnias que opera en el área de la denominada Triple Frontera, compartida por Brasil, Paraguay y la República Argentina. Aquella geografía no rebosa de inocencia -como algunos quieren hacer creer-, y tampoco es cierto que por allí pululan más espías que verdaderos terroristas. En cualquier caso, los mejores investigadores nada pueden hacer para dinamitar los sistemas cerrados de las colectividades árabes y orientales que allí se desempeñan. Y el dinero negro que financia atentados en todo el globo exhibe muy buena salud. El lector bien informado recordará la ocasión en que, apenas acontecidos los atentados contra el World Trade Center, el subsecretario neocon Douglas Feith propuso -en reunión secreta- posponer el ataque a Afganistán y reemplazarlo con bombardeos de precisión quirúrgica sobre la frontera compartida por argentinos, brasileños y paraguayos, con el fin de sorprender a Al Qaeda y cercenar su brazo financiero. Feith no era un demente: contaba con información compartimentada que lo llevó a proponer aquel escenario.
En virtud de los informes que citan que el propio Sergio Schoklender se trasladó personalmente a esa región en más de veinte oportunidades, el gobierno norteamericano podría fundamentar contundentemente la necesidad de solicitar su extradición. En Washington cohabita un sinnúmero de funcionarios y altos oficiales militares y de inteligencia que gustarían de echar mano de la información que el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo podría obsequiarles. En el proceso, podría garantizarse su seguridad, por ejemplo, como testigo protegido del gobierno federal bajo WITSEC. Precisamente, aquello que la Argentina no se encuentra en posición de ofrecer.
Sergio Schoklender no es un santo ni, mucho menos, un iluminado. Cuando mucho, es una suerte de Lee Harvey Oswald vernáculo. Pero sobran argumentos para defender la necesidad de resguardar su vida, aunque más no sea para retenerlo ad aeternum bajo la apropiada custodia, marcado como informante de primer nivel. En su mente -para muchos, retorcida- reside la llave para transformar a la Argentina en una nación previsible y confiable. Podría tomarse la debida nota del “DDHH Gate” para que semejante estafa no vuelva a repetirse en el futuro.
La presente podría representar una oportunidad dorada para los miembros de la oposición en el parlamento. Por cierto, no se trata de garantizarle al ex apoderado de Madres impunidad a cambio de información. Antes bien, la meta debería ser protegerlo, a criterio de que pueda compartir su profundo conocimiento con interlocutores idóneos, esto es, si acaso estos existen. Y si acaso estos comprenden la importancia de lo que tienen en sus manos.
(17/6/2011)
Matías E. Ruiz
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