Entre la negación y la contradicción, la actitud del Gobierno en el caso de los hermanos Noble Herrera plantea preguntas cruciales: ¿están esos jóvenes protegidos por el Estado de Derecho?
¿O, acaso, han perdido las garantías constitucionales en medio de la insensibilidad de los que mandan? Tienen 35 años, pero han pasado la mitad de sus vidas dando explicaciones que nadie les pediría en otras partes del mundo. Su madre lleva 15 años aclarando que sólo quiso adoptar dos bebes porque no tenía hijos biológicos, y que para lograr eso no tuvo complicidades con nadie.
En la tarde del viernes, el cotejo de los datos genéticos de los hermanos con los archivos del Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo . La prueba incluyó los años 1975 y 1976 completos. Ellos nacieron en 1976, según múltiples pruebas y testimonios que existen en la enorme causa que elaboró la Justicia. La conclusión es clara: no existe ninguna prueba en manos de la Justicia, ni de ninguna otra repartición del Estado, que los vincule a los hermanos Noble Herrera con los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Fin para una historia larga, cruel y facciosa.
¿Fin? Las cruzadas del kirchnerismo no conocen la palabra fin. Tras reponerse durante 48 horas del razonable shock recibido, el Gobierno habló a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo que la causa no se cerraría hasta que no se compruebe la verdadera identidad de los hermanos. Murió de repente, con esas pocas palabras, el principio de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Ese principio es una de las conquistas más importantes obtenidas en la historia de la humanidad. Aquí y ahora, es la madre de los hermanos Noble Herrera, Ernestina Herrera de Noble, la que debe demostrar su inocencia; mientras tanto, será culpable para el kirchnerismo.
También otro valor importante del derecho ha sido trastocado. Según las declaraciones de Fernández, son los hermanos Noble Herrera los que deben demostrar (no se sabe mediante qué recurso) que no son hijos de desaparecidos para que concluya la persecución. Es decir: como el Estado no pudo demostrar que son hijos de desaparecidos, ahora ellos deben probar que no lo son. ¿Qué es semejante silogismo si no la negación de una derrota política? Pero, ¿no es también esa confusión intelectual una conversión de los hermanos y de su madre en desterrados del Estado de Derecho?
A veces, a Aníbal Fernández hay que agradecerle su sinceridad. "La causa no se cierra", sentenció. El problema es que ni él ni el Gobierno tienen arte ni parte en la causa, supuestamente en manos exclusivas de la Justicia. Debe inferirse, por lo tanto, que la rotunda afirmación del ministro es una confesión sobre el control que el Poder Ejecutivo ejerce sobre los jueces. ¿Cómo explicar de otra manera que el jefe de Gabinete, la segunda autoridad de la administración nacional, haya anunciado que la causa seguirá abierta?
A su vez, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, denunció que hay quienes quieren terminar con las organizaciones de derechos humanos. "Ojalá sean hijos de desaparecidos", dijo también Carlotto, cuando ya había dicho, mucho antes y con una increíble carga de prejuicio y rencor, que "la prueba del delito la llevan en sus cuerpos" los hermanos Noble Herrera. Aún desde la legítima perspectiva de la búsqueda de la verdad histórica y de la reparación de lazos de sangre, una dirigente por los derechos humanos no debería desear que dos jóvenes arrastren semejantes historias en sus vidas. Carlotto es una convencida de las bondades del oficialismo (y ése es su derecho), pero resulta que el kirchnerismo no quiere la verdad; sólo quiere los hermanos Noble Herrera sean hijos de desaparecidos.
¿Quién se propone terminar entonces con las organizaciones de derechos humanos? Los dirigentes pueden tener militancia, pero las ONG de derechos humanos deben mantenerse alejadas de los partidos y, sobre todo, del poder. Su complicidad con el poder, sea por la causa que sea, las encierra necesariamente en el pasado y las aísla del presente. En el presente está el poder que gobierna, que es el que siempre está en mejores condiciones que nadie para violar o afectar los derechos humanos.
En silencio, la Justicia camina por la senda del Gobierno. Las únicas dos familias querellantes, que se habían presentado ante la Justicia hace diez años por haber encontrado coincidencias y parecidos, fueron las primeras en tener un resultado negativo en el cotejo con los hermanos Noble Herrera. Esas familias no tienen ninguna relación con los hijos de la directora de Clarín. Sin embargo, ni esas familias se apartaron de la causa ni la jueza las apartó. ¿En nombre de qué siguen siendo querellantes cuando ya todos los análisis de ADN les dió negativo?
La jueza Sandra Arroyo Salgado tampoco habilitó la feria para que se siguieran haciendo las pruebas con los datos de los restantes años de la dictadura. Aunque después de 1976 los jóvenes ya estaban a cargo de su madre adoptiva, los propios hermanos pidieron que sus datos fueran cotejados con todos los que existen en el Banco de Datos Genéticos. La Justicia fue rápida para el cotejo de los años que podían complicar a los hermanos y a su madre, pero se volvió lenta y remolona cuando las pruebas entraron en los años en los que el resultado es previsible. ¿Cómo podrían ser hijos de personas desaparecidas en 1977 o 1978, por ejemplo, si fueron adoptados en 1976?
Una cultura oficial indica que el adversario no sólo es un enemigo; también debe ser exhibido como cómplice de la dictadura. Es un intento de matar civilmente a los que no piensan como el kirchnerismo. Todo es así hasta que no surge una necesidad electoral. En Tucumán, el gobernador José Alperovich, un ultrakirchnerista, tiene como aliados o como funcionarios a dirigentes que estuvieron al lado del ex dictador provincial Antonio Domingo Bussi. El kirchnerismo nacional no se escandalizó. Ninguna organización de derechos humanos y ningún político opositor se indignó por esa colusión que denuncia la impureza del discurso oficial.
En Buenos Aires, organizaciones de derechos humanos afirmaron en su momento que los hermanos Noble Herrera habían pasado de ser víctimas a ser cómplices de la dictadura. Aún en el caso de que hubieran sido hijos de desaparecidos (lo que se descartó el viernes pasado), ¿de qué delitos podrían ser cómplices quienes hubieran sido, en tal caso, víctimas absolutas? Es inútil. Es una guerra política. No pueden ser inocentes. No hay inocentes.
LA NACION
Miércoles 20 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa
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