por Carlos Manuel Acuña.
En nuestro último análisis político hablamos de las primeras señales indicativas de la gestación de una retirada desordenada por parte del gobierno, con la salvedad de que ese proceso no es inmediato pese a las señales que muestran una situación difícil y peligrosa en todos los sentidos.
En ese trabajo no avanzamos sobre el notable proyecto de crear un sistema para la captación de dólares o simplemente de divisas, bajo la excusa de las grandes necesidades que se abren hacia el futuro inmediato y el agotamiento progresivo de las reservas del Banco Central. Ante la falta de liquidez, el gobierno propicia encontrar inversores que a cambio de un certificado puedan ingresar al país fondos virtualmente anónimos cualquiera sea su origen. El proyecto despertó una montaña de críticas por la posibilidad de que el narcotráfico aproveche para blanquear fondos mal habidos o que otros sectores del delito puedan hacer lo mismo. Más aún, surgieron dudas sobre si en realidad no se trata del montaje de una operación para lavar el dinero proveniente de la corrupción local, insistentemente denunciada durante las últimas semanas sin que se registren desmentidos oficiales. El tema también despertó inquietudes en otros países, especialmente aquellos que son paraísos fiscales o cuyos bancos aceptaron los depósitos que fueron denunciados como provenientes del poder kirchnerista. Dada la forma en que ha evolucionado este asunto y el nivel de las denuncias existentes, lo relacionamos con la llamada “democratización” de la justicia que en síntesis, significa otorgarle al Poder Ejecutivo una dosis de discrecionalidad absoluta y la correlativa destrucción de las libertades y derechos individuales.
Como no podía ser de otra manera, definimos este problema como parte de la descomposición política e institucional que se registra de manera progresiva y que contiene facetas tan escandalosas como que ha sido designado conjuez de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia el Dr. González Figueroa quien es abogado de uno de los principales cuestionados, Lázaro Báez, en tanto se amplían las denuncias contra el empresario Cristóbal López, del riñón del kirchnerismo. Este tema se ampliará durante los próximos días pese al intento oficialista de apartarlo del comentario público mediante el simple método de instalar un escándalo mayor o similar que distraiga a los argentinos.
Podríamos agregar más elementos de juicio en este sentido, pero por el momento diremos simplemente que están en riesgo las elecciones primarias, que podrá haber una lista única de candidatos opositores al Consejo de la Magistratura y que en Olivos y la Casa Rosada se estudian medidas complementarias a las que se han conocido hasta el momento. La más importante que se estudió con firmeza durante todo el día de anteayer y que llegó a desarrollarse en un borrador con diversas alternativas de implementación, es un estudio bastante avanzado sobre los resultados económicos que podrían obtenerse mediante la intervención oficial en las cajas de seguridad instaladas en bancos y cooperativas para uso de sus clientes. La finalidad es la de encontrar dólares -o cualquier otra moneda extranjera- cuyo origen y destino deberán ser explicados en todos los casos por los usuarios que, de no satisfacer correctamente las respuestas a un cuestionario especialmente confeccionado para empresas y particulares. Consecuentemente, ese documento que tendría el carácter de declaración jurada, sería diferenciado en sus alcances y contenido y se fijarían algunas excepciones para aquellos que tengan compromisos demostrables y absolutamente ineludibles. Las divisas serían incautadas y pagadas en su equivalente de moneda argentina pero de acuerdo con los valores determinados por el tipo de cambio oficial. Por cierto, quedaría prohibida la simple tenencia de billetes que no estén respaldados por la documentación que otorgaría el Banco Central.
Antes de decidirse por el proyecto, se acordó que esta medida requeriría de un mayor estudio por sus implicancias legales y la severa reacción política que afectaría sensiblemente al mundo de los negocios. En esto estuvieron de acuerdo la misma Cristina que presidía la reunión de la que participaron Mercedes Marcó del Pont -tal vez la más sólida en el enfoque del debate- Ricardo Echegaray, Axel Kicillof, Guillermo Moreno y otros colaboradores que de todos modos esperaron la propuesta de los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, partidarios de dos expropiaciones emblemáticas: Papel Prensa y parte del Grupo Clarín. Todos coincidían en que el escenario se les mostraba adverso por la confrontación política que se centralizaba en la disparidad de opiniones reflejadas por los medios y se asegura que no faltaron reflexiones acerca del proceso venezolano que, no obstante, muestra fisuras que afectan la estabilidad política del cuestionado Nicolás Maduro por encima del férreo control de la prensa que lograron los herederos del chavismo. Otra objeción se sustentaba en la posibilidad de que la Corte Suprema hiciera lugar a un pedido de amparo presentado por las empresas, circunstancia que está supeditada a las alternativas que surgirían de una acordada que declarara inconstitucional las normas convertidas en ley por el Congreso de la Nación.
También se resolvió llevar adelante una urgente evaluación jurídica acerca de las consecuencias de intervenir las cajas de seguridad, las resistencias que ofrecerían los bancos y los clientes afectados que se refugiarán en el derecho de propiedad establecido por la Constitución Nacional. El enfoque de aducir una situación de real emergencia no abriría el canal de legalidad necesario para la incautación, con el agregado de que ya se había corrido la voz en la plaza tal como lo evidencia la imposibilidad de obtener alguna caja en cualquier banco del Uruguay, destino preferido para el refugio de los capitales que se fugan de la Argentina.
Los conocedores de lo que ocurre sostienen que la urgencia del oficialismo para obtener liquidez que le permita llevar adelante “el modelo”, está determinada entre otros factores, por el hecho de que a esta altura de las circunstancias existe alrededor de un 30 por ciento de la población que vive de los subsidios y que, en consecuencia, el gobierno necesita cuanto antes hacerse de fondos para mantener el mismo esquema. El problema se agrava por la imposibilidad de aumentar los impuestos y gabelas que ya despiertan serias quejas y hasta quiebras y despidos, pero sobre todo por la proximidad de las elecciones que muestran la obvia necesidad de mantener fluida esta situación hasta que se produzcan. Lo que se ignora es que medidas adoptará el gobierno cuando esa liquidez se agote, proceso en ciernes que despierta profundas inquietudes pues, sin dudas, ahondará la inseguridad y afectará la paz social.
mayo 10, 2013
Informador Público.
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