Cristina depende cada vez más del impuesto inflacionario.

Los controles de precios no resultan una política antiinflacionaria sino un acontecimiento de distracción, y Cristina Fernández de Kirchner lo sabe.

Pero ella no puede bajar la inflación porque tiene un gasto público que sigue creciendo y no hay recursos impositivos genuinos para financiar esa dispendiosidad, y entonces la Administración K depende cada día más del impuesto inflacionario para cubrir sus erogaciones, explica la consultora Economía & Regiones. En 2013 el impuesto inflacionario se incrementaría 34% respecto al año anterior alcanzado los $ 100.000 millones; más de 3% del PBI y 14% de los ingresos netos de coparticipación.

La coordinación entre política fiscal, monetaria y cambiaria son los únicos instrumentos que pueden llevar a cabo un descenso genuino y sostenido de la inflación y una solución de los problemas estructurales que enfrenta el mercado cambiario argentino. 

En este sentido, resolver el problema inflacionario y cambiario exige aplicar un plan económico integral y consistente que debería sustentarse en una política fiscal más austera, un ritmo de emisión monetaria más prudente y luego en una suave liberalización del cepo cambiario. Nada de esto se ha hecho hasta ahora.

En la esfera fiscal no vemos que cambie la tendencia. El déficit primario aumentaría 400%, pasando de -$4.400 millones (2012) a -$22.200 millones (2013). En este sentido, anticipamos una aceleración del gasto público, que indica una intensificación de las erogaciones. Las mismas se expandirían a una tasa interanual del 34% (+5 pp vs 2012), lo que implica volcar $190.000 millones adicionales a la economía. 

A diferencia de 2013, se observaría una rebote en el crecimiento de las fuentes tributarias, pese a lo cual se experimentaría una suba del déficit primario, que superaría los $20.000 millones.

Al mismo tiempo y de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Central, la emisión del primer cuatrimestre alcanzó una expansión interanual del 37%, lo cual supera holgadamente el ritmo de expansión del PBI nominal y descarta la aplicación de una política anti inflacionaria.

Por el contrario, desde 2011, la dominancia fiscal hace que la política monetaria se encuentre cada vez más disociada de la economía real, provocando los desequilibrios anteriores.

Justamente uno de los factores que permite esta disociación entre la esfera real y la monetaria es la restricción a demandar dólares. En otras palabras, las restricciones a la compra de dólares sostienen -artificialmente- la demanda de pesos e incluso hace aumentar significativamente la demanda de depósitos a plazo. 

Paralelamente, la Carta Orgánica BCRA (vigente desde marzo de 2012) le da cada vez más grados de libertad al Tesoro para hacerse de los fondos del Central.

De modo que una inflación elevada pero constante, en torno al 24% anual, con una demanda de pesos robusta, termina siendo una fuente adicional de financiación para el Gobierno Nacional, a través del impuesto inflacionario. Todo confluye en que el Gobierno tenga incentivos a aumentar la emisión dado que el público seguirá demandando moneda local a pesar de la inflación.

En efecto, la emisión de dinero, o señoreaje, es una herramienta de política económica que tienen los gobiernos de países con moneda propia. La creación primaria de dinero responde tanto a un crecimiento real de la economía como a un aumento del nivel general de precios.

En otras palabras, la base monetaria se incrementa en respuesta a la evolución del producto bruto medido en términos nominales.

No obstante, mientras que el crecimiento (real) de la economía genera un aumento en la demanda de saldos monetarios reales (que implica una economía de mayor tamaño), la inflación induce un incremento en la demanda nominal, cuyo fin es compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda ante la aceleración de los precios.

Esta pérdida del valor real del dinero, por efecto de la inflación, se denomina “impuesto inflacionario”. Es decir, la inflación puede ser asimilada a un impuesto que se cobra sobre los tenedores de moneda. Y como el Gobierno (a través del Banco Central) es el único ente encargado de la emisión, es el que se apropia de la pérdida del valor del dinero.

Como todo impuesto, requiere de una alícuota, que en este caso es la tasa de inflación general de la economía (medida a través del índice de precios relevado por el Congreso) y de una base imponible, que aquí es la base monetaria. Así, (mediante el producto entre estas dos variables) es posible calcular el valor recaudado de este impuesto.

En 2013 el impuesto inflacionario se incrementaría 34% respecto al año anterior alcanzado los $ 100.000 millones; más de 3% del PBI y 14% de los ingresos netos de coparticipación.

Concretamente, el Tesoro se hace del impuesto inflacionario mediante los “adelantos transitorios” y/o “utilidades del BCRA”. Por último, como corolario de todo lo anterior, cabe remarcar que si bien la inflación es un problema para la economía argentina y sobre todo para los sectores más vulnerables, también es paradójicamente una solución (no sostenible en el tiempo) para subsanar la falta de ingresos públicos. 

Además, el impuesto inflacionario es un tributo que no se coparticipa por lo que su recaudación queda enteramente en manos del Gobierno Nacional.

01/06/2013| 12:51 

Ciudad de Buenos Aires (Economía & Regiones). 

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