Los extranjeros ahora podrán comprar otro 7 por ciento de tierras en el país.

09/06/2013 Es porque el 28 de febrero se terminó el inventario que exigía la ley de tierras. Equivale a la superficie de más de tres provincias.

El Gobierno terminó en febrero el inventario nacional de tierras rurales, una herramienta que exigía la misma norma para poder ser aplicada. 
Se trató de un censo cuyo resultado, ahora, permite saber cuánto suelo hay en poder de extranjeros y cuánto es lo que todavía puede ser vendido a inversores foráneos, con activos naturales incluidos, relata el diario Clarín este domingo.
La Argentina tiene una superficie de 270 millones de hectáreas. Según el relevamiento, el 8% ­21 millones aproximadamente­ se encuentra en manos de titulares de otras nacionalidades. Y un 7% restante ­20 millones o el equivalente a todo Paraguay o el Reino Unido­ ya puede ser vendido a inversores de todo el mundo porque la misma ley así lo permite, detalla el matutino.
La ley 26.737 llegó al Congreso por pedido mismo de Cristina Kirchner después de que, durante muchísimos años, diferentes organizaciones civiles exigieran al Estado una normativa que pusiera límites a las compras forasteras; y que permitiera discutir el uso de los suelos en el país, la concentración en pocas manos, la protección de los recursos naturales y la distribución y el acceso a la tierra para vivienda.
Pero la norma, finalmente, sólo se limitó a establecer límites, o pautas, para las compras foráneas, algo señalado como válido pero insuficiente por los críticos de la ley. El espíritu de la reglamentación quedó definido en su artículo 8, donde se establece que no podrá pertenecer a extranjeros más del 15% del territorio nacional. Es decir que frente a un 8% extranjerizado, lo que puede venderse ahora es casi la misma cantidad de tierras que hasta ahora se vendió.
"El 28 de febrero terminó el relevamiento de tierras rurales que habilita al Registro Nacional de Tierras Rurales (autoridad de aplicación de la ley) a evaluar los pedidos de emisión de `Certificados de Habilitación' para la adquisiciónde tierras rurales. Respecto de este punto, se nos informó que no se ha alcanzado el límite del 15% y que la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros ronda el 8%", dijo al matutino Pablo González del Solar, director en el área de Tax & Legal de PwC Argentina, asesor del inventario.
La información puede ser auspiciosa para un mercado de bienes raíces paralizado. Pero es también la contracara de los reclamos por la tierra encarnados en comunidades indígenas de todo el país. Desde hace tiempo, referentes de pueblos originarios exigen por un censo de territorios indígenas inconcluso. Peor aún: según un informe de la Auditoría General de la Nación, se habían gastado más de 24 millones de pesos en ese censo y que sólo se había hecho el 4%.
La ley de tierras limita las compras foráneas, pero no habla sobre comunidades ni protección de ríos, lagos, montañas. Su espíritu, por lo tanto, parece netamente inmobiliario. "Lo anticipamos en el Congreso: esta ley estaba lejos de cumplir lo que proclamaba y venía a legitimar la enorme extranjerización de los últimos años", explica al matutino el titular de la Asociación de Abogados Ambientales, Enrique Viale, y finaliza: "El lado más perverso de estas normas es que, una vez sancionada, el Gobierno Nacional clausura el debate, lo que evita llegar a una real solución de fondo".

iProfesional.com (ed. 10/6/13)